Radicalismo Etnico y Desarrollo
El proyecto Ralco es centro de un conflicto no generado por la empresa, sino por actores interesados en detenerlo u obstaculizarlo y globalmente empeñados en objetar el sistema económico de libre mercado. Por sobre su magnitud, visibilidad e implicaciones, es un conflicto artificial que responde a intereses políticos y que es expresado a través de cuestionamientos étnicos y ecológicos. Al proyecto Ralco se le acusa de no respetar la identidad cultural y el perfil del pueblo pehuenche y de alterar gravemente el equilibrio ambiental del Biobío. A partir de estas dos vertientes de conflicto, ligadas entre sí al momento de expresarse, se van agregando conflictos derivados.No estamos en presencia de un fenómeno transitorio y singular, sino ante la expresión de una vasta red que critica el libre mercado, rechaza el crecimiento y el progreso y que está dispuesta a boicotear los proyectos de inversión, pues en ellos ve mecanismos de una transformación social que no desea, en aras de una ideología igualitaria que requiere de la pobreza y de la marginalidad para conservar vigencia.
Los pehuenches del Alto Biobío son objeto de una clara manipulación tanto por entidades que dicen representar los intereses indígenas como por otras que dicen defender los intereses ambientales, al punto de que su voluntad ha sido prácticamente intervenida, entrabando todo proceso negociador. Los radicalismos étnicos y ecológicos no parecen promover el desarrollo de los pueblos originarios, sino que prefieren sumirlos en una marginalidad permanente con el fin de instrumentalizarlos, cuando así lo requieren, como agentes de conflicto. No aceptan las premisas, suficientemente demostradas, de que la incorporación de las minorías indígenas a los mecanismos del progreso no atenta contra su perfil cultural. Los actores causales del conflicto Ralco son grupos externos a los pechuenches que, en diversos grados e intensidades, manipulan los intereses de aquéllos para cerrar las opciones de diálogo y abrir climas polarizados.
Este conflicto ha puesto de relieve, además, una seria incongruencia legal. No es posible que Conadi, organismo público con atribuciones resolutivas en varios aspectos, sea juez y parte a la vez, en que los mismos consejeros que presionan y amenazan con acciones rupturistas a una empresa que postula un proyecto de inversión, sean quienes se pronuncien sobre su viabilidad. El sistema de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a otras instituciones del Estado no fue considerado en este caso por el legislador, con serio detrimento para el sector empresarial.
Tras los argumentos de rechazo al proyecto hay una concepción ideológica que sostiene que el desarrollo empresarial es malo, pues predomina el afán de lucro, cuestión que es presentada como una perversión y absurdamente contrapuesta con el bien común. Por tanto, el crecimiento generado sobre la base del esfuerzo y la riqueza privados es objetado, mostrando a cambio la añoranza estatista, que no sólo no genera crecimiento efectivo, sino que ha probado su ineficiencia para superar la pobreza.
Desde hace varios años se ha dado en Chile una sostenida campaña en pos de preservar el medio ambiente sano y de valorar todo lo que contribuye a lograrlo. Problemas como la contaminación, la depredación de suelos, el uso racional de recursos no renovables, el reciclaje de materiales tienen hoy gran significación para la población. Igualmente se valora el hecho de que el país tenga una institucionalidad ambiental. Existe una extendida conciencia ciudadana acerca de la necesidad de elaborar y aplicar políticas tendentes a ayudar a los pueblos originarios, entre ellos los pehuenches, para superar su estado de pobreza. En suma, en el país existe fácil comprensión por los derechos de los sectores sociales más débiles, aun cuando ello derive más en respuestas asistenciales que en políticas de superación de la marginalidad.
Sin embargo, el planteamiento crítico al proyecto Ralco busca desarrollar una estrategia comunicacional de manipulación del tema ambiental y de la valoración de las raíces étnicas. En efecto, se apodera de una lógica ambientalista, oponiéndose a la ejecución del proyecto en cuanto atenta contra el equilibrio ambiental, lo cual fue desmentido en los hechos con la autorización de la Conama. En el tema étnico, el discurso crítico, aunque esgrime la defensa de los indígenas marginales y desprotegidos, parece indicar que es preferible el aislamiento cultural y socioeconómico de los pehuenches que su integración social y económica. Es decir, en su radicalidad e intransigencia hace una apología de la pobreza de los pehuenches, de forma que pareciera que lo único que interesa es preservar la identidad de ese pueblo originario, mantenerlo aislado en sus tradiciones y costumbres, negándole todo acceso a la modernidad y a una mejor calidad de vida.
El discurso radicalizado y manipulador implica un freno al desarrollo y a la superación de la pobreza. Tales planteamientos se oponen al crecimiento económico logrado a través del libre mercado que tiene como centro al individuo y al ejercicio de su libertad. Con nostalgia añoran un idílico e irreal tiempo comunitario, cuya expresión más concreta eran los sistemas de planificación estatal, con énfasis en lo colectivo. Pasan por alto que el desarrollo de Ralco implicaría una sustantiva elevación de la calidad de vida de los pehuenches, mostrándose como un vehículo eficiente para combatir el rasgo central que hasta ahora los azota: la pobreza. Ellos viven en precarias condiciones, aislados geográficamente, con viviendas de una sola pieza en la mayoría de los casos, con un nivel educacional bajísimo y con un alto índice de analfabetismo. Con la construcción de la central hidroeléctrica se les abren posibilidades de viviendas dignas, de tener acceso a fuentes de trabajo, de mejorar sus ingresos y de contar con redes viales que los comuniquen con los centros urbanos.
Todo ello se pretende negar a los pehuenches en aras de declamaciones retrógradas, contrarias al desarrollo y prolongadoras de los esquemas de miseria. Al fin y al cabo es aquí y no en escenarios de crecimiento y efectiva integración donde los pehuenches pueden seguir siendo esclavos electorales.
Jorge Jaraquemada Roblero
Abogado
Andrés Benavente Urbina
Cientista Político