Ante Justicia:
Trillium Cuestionó Garantía Ambiental
En recurso presentado contra Conama, forestal estima inconstitucional exigir
sustentabilidad a proyecto que ya fue aprobado por Ley de Medio Ambiente.
PUNTA ARENAS (Rolando Martínez).- Ante la Corte de Apelaciones
de Santiago, Forestal Trillium presentó un recurso de protección
contra la Comisión Nacional de Medio Ambiente en protesta por la
exigencia de definir una garantía ambiental que asegure la sustentabilidad
del recurso lenga, que la empresa propone explotar en 103 mil de las 272
mil hectáreas que posee en Tierra del Fuego.
La garantía está incluida en el centenar de condicionantes
impuestas por la Conama y ratificada por el Consejo de Ministros de ese
organismo tras aprobar la viabilidad ambiental del proyecto Río
Cóndor, que contempla una inversión global de US$ 200 millones.
El abogado Pedro Aylwin Chiorrini, asesor jurídico de Trillium,
informó que el escrito lo presentaron en las últimas horas
del viernes ante la Corte de Apelaciones de Santiago y ahora se espera
la acogida para el inicio de la tramitación del recurso.
En éste se fundamenta que es inconstitucional la exigencia de
la garantía ambiental. No hay precedentes y no está dentro
de las facultades de la Conama el establecer dicha medida, se indica.
El jurista puntualizó que los motivos de recurrir a la justicia
son netamente constitucionales y legales. Consideran que se atenta contra
el principio de igualdad ante la ley y contra las posibilidades de desarrollar
cualquier actividad económica.
Piensan que el Estado no puede por sí solo imponer una condición
si ésta no está reglamentada legalmente. Y en el caso de
la garantía ambiental no fue establecida en la ley Base de Medio
Ambiente ni en la ley Forestal.
Aylwin aseveró que si los propios servicios públicos han
aprobado el proyecto y lo han calificado tras la evaluación de impacto
ambiental, ya de por sí se está garantizando el desarrollo
de la mencionada explotación forestal.
Hasta antes que se presentara el recurso de protección, la empresa
Trillium debía definir cómo se constituirá la citada
garantía ambiental, cuya definición tiene un costo adicional
que ya había sido advertido por los inversionistas. Ello porque
no existen precedentes de que a otros empresarios del sector se les haya
exigido esta garantía.
Pedro Aylwin fue enfático en reiterar que en el plano constitucional
existe absoluta claridad: no hay facultades en la administración
para imponer esta garantía financiera. Luego recordó que
se calificó el proyecto Río Cóndor tras cumplir con
toda la norma legal y luego se le impone esta garantía.
Se agrega que hasta ahora no hay antecedentes cómo una compañía
de seguros va a contratar cualquier tipo de garantía que no esté
definida en el tiempo y en el espacio. Esta es una materia que debe ser
estudiada para la mejor implementación.
Trillium manifestó que el propio estudio de impacto ambiental
avala la sustentabilidad del proyecto.
La garantía formal se aplicará en dos situaciones: por
abandono o cierre prematuro del proyecto, cualquiera sea su causa, y por
insuficiencia en la regeneración que asegure la mantención
de la masa boscosa por cualquier motivo.
La resolución del Consejo de Ministros ratificó la aprobación
al proyecto dada a fines de enero pasado por la Comisión Regional
de Medio Ambiente. Esta es la segunda aprobación ambiental, considerando
que en 1996 la empresa sometió voluntariamente su proyecto a la
evaluación.
GREENPEACE
El vocero de Greenpeace en Chile, Horacio Brum, señaló
desconocer aspectos relativos al recurso interpuesto por Trillium, pero
anunció que la organización que representa y que ha sido
opositora al proyecto está reuniendo los antecedentes para presentar
un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Mediante la acción legal pedirán la nulidad de la aprobación
ambiental porque la consideran ilegal y por las diversas carencias que
ha tenido el proceso de evaluación del proyecto.
Reconoció que la situación legal en esta oportunidad puede
ser más complicada, porque todo se ha desarrollado dentro del marco
legal vigente, pero insistió que acudir a la justicia es un recurso
que se debe utilizar.
En tanto, el director regional de la Conama en Magallanes, Sergio Nitrigual,
se abstuvo de emitir comentarios sobre el tema porque no ha sido informado
oficialmente de la presentación del recurso.
Hay que consignar que hace algunos días la Corte Suprema dejó
pendiente el fallo sobre el recurso de protección interpuesto por
los diputados de la bancada verde, encabezados por Guido Girardi, quienes
pedían la nulidad del proyecto.
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