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ARAUCANÍA / 11 Concurso para adquisición de tierras para indígenas 2008:
Domingo 31 de agosto de 2008
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Casi
2 mil 400 millones de pesos para comprar predios se adjudicaron en la IX Región
a "casos especiales". Hay favorecidos vinculados a los mismos consejeros indígenas
de Conadi que tomaron la resolución, que es contraria a lo que establece
la ley indígena, que el subsidio se resuelve por "puntaje". Después
de múltiples denuncias y detectar anomalías con este fondo, la
Contraloría iniciará una investigación especial esta semana.
PILAR MOLINA A.
El viernes 18 de julio el consejo nacional de la Conadi resolvía sobre
el subsidio del fondo de tierra en Santiago y en Temuco, mapuches se tomaban
sus dependencias, exigiendo que se respetara el acuerdo entre el anterior director
del organismo, Wilson Reyes, y el consejo nacional de incrementar el fondo de
este subsidio y solucionar los casos especiales.
La Ley Indígena señala que el fondo de tierras provee subsidios
para la compra de predios por parte de personas o comunidades que postulan con
un puntaje que está dado por ahorro previo, situación socioeconómica
y grupo familiar. Y en el caso de las postulaciones de comunidades, se agrega
la antigüedad y el número de asociados.
En esa reunión del consejo nacional, sin embargo, se les asignó el
subsidio a 74 "casos especiales", publicó el "Diario Austral", al margen
del proceso de subsidio. El número de beneficiados excepcionales ascendió a
115 en el listado oficial con los resultados del "11° Concurso Subsidio Adquisición
de Tierras para Indígenas Año 2008".
Es decir, casi la mitad del fondo de tierras en la Araucanía (2 mil 370
millones de 5 mil 280 millones de pesos) se asignó fuera de concurso.
El mismo procedimiento, pero por montos menores, benefició a indígenas
en Biobío, Región de los Ríos y de Los Lagos.
Vínculos con beneficiados
Esta situación irregular trascendió por un funcionario de Conadi,
que se negó a firmar la adjudicación, considerándola irregular.
La denuncia fue ratificada ante el Ministerio Público por la Asociación
Nacional de Funcionarios de Conadi, pero el concurso se adjudicó igual.
"El Mercurio" intentó sin resultado conseguir la versión del
director de Conadi, Álvaro Marifil, y la ministra Paula Quintana, de Mideplan,
organismo a cargo de fiscalizar a la Conadi.
Entre los que se tomaron la Conadi había letreros de varias organizaciones
indígenas, sobre todo del AD Mapu, de la cual es dirigente uno de los
consejeros nacionales, José Santos Millao. Los manifestantes apelaban
a promesas hechas por algunos de los consejeros para ser electos.
Más de 60 de los subsidios sin puntaje benefician a indígenas de
algunas de las comunas del distrito 51, donde Hilario Huirilef sería candidato
a diputado. Huirilef es conocido en la IX Región como secretario del diputado
PPD Eugenio Tuma y es uno de los 4 mapuches del Consejo Nacional (el quinto es
un mapuche urbano de Santiago) que designa el Presidente a propuesta de las comunidades
o asociaciones indígenas. Su hermano Luis Huirilef es, a su vez, el alcalde
PPD de Cholchol, comuna que también pertenece al distrito 51, por donde
piensa competir el actual consejero nacional.
El otro consejero que estuvo en el comité de preselección del subsidio
que sesionó a puertas cerradas fue José Santos Millao, concejal
por Purén. A esa comuna pertenecen 20 de los mapuches seleccionados fuera
de concurso, a los cuales se les asignaron $20 millones per cápita por
un total de 400 millones de pesos.
Hay otros 11 beneficiados fuera de concurso de Cañete (con 12 millones
cada uno), comuna a la cual pertenece otro de los consejeros nacionales en representación
de los mapuches, Miguel Liguempi.
Contraloría tomará cartas
El organismo fiscalizador detectó irregularidades con el subsidio del
año pasado, y deberá aclarar si en éste los consejeros
nacionales (indígenas y funcionarios públicos) actuaron al margen
de la ley.
Según pudo recabar "El Mercurio", la Contraloría nivel central
iniciará esta semana en Temuco una investigación a fondo de qué está ocurriendo
con el fondo de tierras, luego de las denuncias de la Asociación de Funcionarios
de Conadi, que dos semanas atrás pidió a Ramiro Mendoza una auditoría
integral y aclarar las responsabilidades del consejo nacional, que constituye
la dirección superior del organismo.
Algunos creen que los consejeros indígenas no tendrían responsabilidad
administrativa por no tratarse de funcionarios públicos, sino que reciben
dieta por sesión asistida (3 UTM), más pasajes y viático.
Pero hay dictámenes del máximo organismo fiscalizador, a propósito
de los concejales municipales, en el sentido de que los integrantes de los organismos
colegiados se rigen por las mismas normas de probidad que los funcionarios públicos,
porque aunque no lo sean, desempeñan una función pública.
La auditoría tendrá que despejar si los consejeros tienen atribuciones
para asignar un porcentaje del subsidio de tierras a lo que ellos denominan "casos
especiales". En el reglamento del concurso que se adjudicó este año
(artículo 7) se le confiere este poder al "comité de revisión
y preselección", indicando como ejemplo de casos especiales a indígenas
con orden de desalojo o a las machis.
El consejo nacional está integrado por 8 representantes indígenas;
5 de ellos son mapuches, más 5 subsecretarios (Secretaría General
de Gobierno, de Mideplan, Agricultura, Educación y Bienes Nacionales)
y el director nacional, Álvaro Marifil.
El fiscal regional de la Araucanía, a cargo de fiscalizar a Conadi, Hernán
Hernández, señala que el año pasado hicieron una auditoría
a los estados financieros del organismo, en la cual se detectaron problemas en
el fondo de tierra, relacionados con puntajes asignados a ciertas personas, algunas
relacionadas a los consejeros nacionales, quienes tenían puntaje inferior
a los que no ganaron el subsidio.
"La Contraloría regional le hizo la observación a Conadi en el
informe N° 21 de 2008; el organismo nos acaba de responder y le estamos reiterando
nuestras observaciones", señala.
El ente fiscalizador de Temuco también está revisando acusaciones
de funcionarios de la Conadi, en el sentido de que hay consejeros nacionales
que se toman atribuciones de las cuales carecen para asignar los subsidios fuera
de concurso y favorecer a personas bajo su alero.
