Patricia Junge *

Revista El Canelo, edición 79

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¿Se parecen en algo la Conquista Española, la republicana Guerra de la Araucanía y su consecuente política de reducciones, y la proyectada relocalización de las familias Pehuenches en el Alto Bío Bío, tras el empeño de ENDESA por construir la central hidroeléctrica Ralco? ¿Existen o no constantes valóricas en todos esos momentos de la Historia Nacional? Este artículo busca responder afirmativamente a esas interrogantes, sosteniendo la hipótesis de que en la historia de Chile se ha ido configurando una forma de ver y de relacionarse con el pueblo mapuche marcada por los valores de una modernidad desarrollista. Y así ha sido porque ha primado como constante en la actitud de los gestores del Estado moderno un afán homogenizador que se basa en la «invisibilidad» de ese «otro» mapuche, que debe ser incluido y adaptado a la modernización. No olvidemos que históricamente el «encontronazo» intercultural entre mapuches y huincas se inicia en los albores de la modernidad -con el surgimiento de la moderna racionalidad del Estado imperial, español y absoluto- y se mantiene hasta hoy sujeta a la racionalidad de expansión económica del aún más moderno Estado chileno. Los que han criticado esa forma de actuar han hablado de etnocidio cultural, mientras quienes la defienden se resguardan en la defensa del bien común y en el derecho al progreso y crecimiento del país. Y eso ha sido así pese a que, es cierto, hubo una política de Parlamentos durante la Colonia y una Ley Indígena creada recién en 1993, en el primer gobierno de la concertación democrática, ambos distintos intentos por reconocer que dentro de la unidad territorial y administrativa llamada Chile existe una sociedad humana legítimamente diversa. Pero hoy, todo eso, una vez más, amenaza con hacerse trizas.

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Hace 500 años, en los albores de la modernidad, llegaron por estos parajes un grupo de «embajadores» del más bollante Imperio de esos tiempos; quienes, impulsados por el interés de aumentar el poder y las arcas de su Estado-Imperio a través de la explotación del rico nuevo mundo, lo declararon territorio de la corona española y a sus habitantes súbditos de su rey.La lógica moderna de estos hombres occidentales les indicaba que su deber y derecho como representantes del rey era ocupar y explotar todo el territorio que estaba al servicio de la corona española, así como sacar a los «salvajes» de la barbarie profana en que vivían, evangelizándolos y organizándolos como mano de obra útil al bien común del Estado-Imperio español. Si existe un consenso entre los antropólogos es que la racionalidad occidental moderna ha sido etnocéntrica, es decir ha considerado su cultura como la única gestora del progreso y la que ha alcanzado un sitial valórico más alto en la evolución humana.En el sur de Chile la ocupación se transformó en guerra, porque los súbditos mapuches se resistieron a formar parte del imperio español, se negaron a entregar tierras y cambiar sus costumbres en favor de los valores unificadores del rey y la Iglesia Católica. Entonces se hizo la guerra para lograr la paz a través de la subordinación de los indígenas y todo sacrificio fue justificado en aras de una unificación homogénea.El pueblo mapuche, por su parte, fue inscribiendo en su memoria histórica, esa que constituye uno de los pilares fundamentales de su identidad, la conciencia de una Deuda de parte de los huincas que habían llegado desde quién sabe dónde a imponer violentamente sus intereses, ocupar sus tierras y decirles qué tenían que hacer y pensar para «estar bien», según un código valórico importado desde otra cultura.Así pasaron dos siglos. La guerra se fue haciendo poco provechosa, con pocas victorias y de corta duración. Y muy costosa, ya que la inversión de la corona y de los encomenderos de la zona central se veía escasamente recompensada con un dominio inestable de las tierras araucanas.Por lo mismo, había que buscar otras estrategias. Hacia finales del siglo XVII se instauró la política de los Parlamentos. Con ella los españoles reconocieron la existencia de un pueblo y un territorio mapuche, distinto de la colonia española, con el cual comenzaron a tener relaciones fronterizas políticas y comerciales, interrumpidas esporádicamente por algunas batallas. Según algunos historiadores la guerra se mantuvo igual, según otros, éste fue un tiempo pacífico de intercambio y cooperación. Para no pocos cronistas los Parlamentos eran festines en que los españoles obtenían los acuerdos de su conveniencia mientras llenaban a los lonkos mapuches (líderes) de comida, alcohol y baratijas. Ocurrieron cambios al interior de la sociedad mapuche en función de los intereses comerciales y las relaciones de poder, surgió la acumulación y con ella las envidias internas; en resumen, cambió la forma de vida. Sin embargo, el pueblo mapuche tiene recuerdos no tan malos de este período, en que los españoles por lo menos los reconocieron como nación y respetaron sus territorios.Con la independencia y la organización del moderno Estado de Chile, resurgieron una serie de valores desarrollistas que buscaban optimizar los recursos nacionales en función del crecimiento de la república.El Estado se declaró dueño del territorio nacional y defensor del bien común de toda la nación. Era necesario maximizar la producción agrícola para la exportación a los mercados del norte, actividad que constituía el motor principal del crecimiento del país, de manera que el Estado empezó a promover la expansión y la ocupación de las tierras al sur del Bío Bío. Hubo fuertes rebeliones y levantamientos indígenas frente a la usurpación de su territorio, pero las leyes y el ejército chileno defendieron férreamente los intereses del progreso nacional.«Hordas salvajes al interior del territorio nacional, hacen peligrar el futuro del país», decían los titulares de El Mercurio de la época (comentario aparte es reconocer la coherente continuidad editorial del matutino). Porque los valores de la unidad nacional, la propiedad privada y el desarrollo para el bien común, junto con la superioridad de la cultura republicana y de la raza blanca chilena llevaban a justificar la necesidad de apaciguar, a través de los medios que fuera necesario, a estos indios salvajes y rebeldes que frenaban el crecimiento económico del país.Para terminar con esta insubordinación, el Estado chileno decidió poner orden: y así planificó estratégicamente las reducciones. A través de los Títulos de Merced entregados entre 1866 y 1929, se dió derechos a algunos linajes sobre un total de 510.000 hectáreas de terrenos al sur del Bío Bío, quedando las otras 9.500.000 hectáreas restantes de ex-territirio mapuche a disposición de los colonos chilenos y extranjeros.No todas las familias de las comunidades mapuches, huilliches, pehuenches y lafquenches -entre otras- lograron recibir tierras. Además, al ir creciendo la población indígena reduccional y no poder expandirse más allá del par de hectáreas asignadas por familia, se inició un ciclo de sobreexplotación de la tierra, menor rendimiento y empobrecimiento de las comunidades.Además de provocar fenómenos como la inmigración forzada de parte de la población indígena a las ciudades y todos los «males» asociados a la pobreza, la política reduccionista de principios de siglo profundizó aún más la conciencia de la Deuda sentida por las comunidades mapuches. Deuda por la usurpación de territorio y por las condiciones de vida a las que fueron forzados; esta vez los responsables no eran los españoles de casco y caballo, sino que el Estado chileno que se tomó el derecho de decidir cuál era la manera correcta de administrar a la población indígena del sur de Chile en favor del crecimiento y desarrollo de la joven república.Hacia fines del siglo XX el presidente Patricio Aylwin, en representación del gobierno chileno, firmó el acuerdo de Nueva Imperial. En él, como parte de la reconstrucción de la democracia en Chile, se valoraba la diversidad cultural y se reconocía una deuda histórica de la sociedad y del Estado chilenos para con los pueblos indígenas. La suscripción de este acuerdo suponía el inicio de una política indígena, de reconocimiento y respeto de las diferencias culturales al interior del país.Se creó la Ley Nº 19.253, la Ley Indígena que sentaría las bases para legalizar las buenas intenciones del acuerdo de Nueva Imperial.La ley indígena: un nuevo obstáculoHoy día la modernización y crecimiento económico del país necesitan de megaproyectos de desarrollo que requieren hacer uso de tierras que son propiedad de comunidades indígenas, pero existe esta joven ley que se ha tornado en un nuevo obstáculo para el desarrollo.La Ley Indígena declara que los territorios pertenecientes a comunidades indígenas son inenajenables y que sólo se pueden vender entre indígenas, pero los propulsores de los megaproyectos necesitan justamente de esos territorios para poder hacer crecer al país; entonces hay que revisar la ley, porque «toda ley es perfectible», como dijera el recién impuesto por el gobierno como nuevo director de la CONADI, Domingo Namuncura. Y la historia comienza otra vez.Los actuales conflictosAl reconocer distintos testimonios públicos de los últimos días, que aluden a los recientes conflictos entre el desarrollo económico que algunos quieren para Chile y la autopercepción mapuche sobre la Deuda histórica hacia con ellos, demuestran la fatal e irremediable continuidad de las lógicas desatadas en este largo encontronazo intercultural.- «Nos dirigimos a Uds. para plantear nuestras inquietudes como pueblo afectado por los Megaproyectos que vuestro gobierno está impulsando y que están siendo emplazados en forma unilateral en nuestro territorio ancestral» (23.01.1997, carta pública del comité de defensa de comunidades mapuches afectadas por la carretera By Pass en Temuco al señor Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ministros de Estado y autoridades).- «Lo que está sucediendo en estos momentos en las comunidades mapuches es un lento proceso de cambio que ellos tendrán que asimilar» (04.02.1997, Yasmin Balboa, Seremi MOP IX Región).- «Las chauchas se van entre los dedos, la tierra es la únicariqueza eterna» (nota de Juan Andrés Guzmán en Internet).- «Insistiremos en nuestra postura, porque la tierra no sólo tiene un valor económico, sino social y cultural» (03.01.1997, José Quidel- Comité de Defensa de Comunidades Mapuches afectadas por el By pass).- «Chile nunca va a poder renunciar, por razones estratégicas, a desarrollar la única riqueza energética que tenemos, como lo son los recursos hidroeléctricos» (Marzo 1997, presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la inauguración de la central hidroeléctrica Pangue).- «Bajo ningún punto de vista permitiremos que una vez más el gobierno aplaste nuestros derechos como pueblo...Ralco es tierra mapuche» (18.03.1997, carta de la Coordinadora de Pueblos Mapuches a Consejeros Indígenas Conadi).- «Por qué no se nos escucha, acaso no tenemos los derechos como otros chilenos? (24.01.1997, carta de las comunidades pehuenches al Presidente de la República).- «En el mundo hay dos tipos de personas: algunas que tienen una profunda convicción, con las cuales se puede conversar. Pero otras, que son absolutamente irracionales, que creen que el desarrollo del país debe detenerse» (Marzo 1997, José Yuraszeck, Gerente General de Endesa).- «Hacemos un llamado a cumplir con el mandato de la Ley 19.253, que señala expresamente que es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, proteger las comunidades y tierras indígenas» (Marzo 1997, declaración pública, coordinadora de instituciones mapuches).- Mientras el gerente general de Endesa José Yuraszeck acompaña al presidente en su gira por Estados Unidos y declara a La Tercera que se siente parte de una especie de «Selección Nacional» o ejecutivo de «Chile Sociedad Anónima».Así, una vez más, el Estado chileno y sus aliados del desarrollo económico, se ven confrontados con uno de los sectores de la sociedad civil históricamente más «rebeldes» del país: el pueblo mapuche.Y esta vez son varios los casos que tiene en mente la dirigencia mapuche cuando apela a derechos tradicionales y también a los derechos resguardados por la Ley Indígena.El caso Ralco, en el Alto Bío Bío, donde Endesa S.A. ha gastado millones de pesos en un plan de relocalización y una campaña publicitaria para contrarrestar la inundación de 9 predios comunitarios, 17 cementerios, decenas de sitios arqueológicos y lugares sagrados de las comunidades pehuenches. Esto afectará directamente a 76 familias pehuenches.Las comunidades de Truf Truf y Coyawe, a las afueras de Temuco, rechazan la construcción del by pass que pasará por 28 comunidades y 59 sitios sagrados y cementerios, y que en algunos casos dividirá propiedades indígenas en dos, afectando a un total de 600 familias.Aquí se alega que, existiendo alternativas de trazado que no pasarían por tierras mapuches, el gobierno regional ha decidido emplazar esta carretera de alta velocidad enajenando territorios mapuches. De hecho el mismo Comité de Defensa, compuesto por dirigentes de las comunidades, elaboró con la asesoría de un equipo de la escuela de arquitectura de la Universidad de Temuco una propuesta de trazado que permite la construcción de la carretera sin agredir comunidades mapuches. Sin embargo, ésta no fue la alternativa seleccionada.En el sector de Isla Huapi la construcción de la carretera de la costa entre la Octava y Décima Regiones, cruza 10 comunidades indígenas lafquenches, además de pasar sobre dos nguillatúes, lugares ceremoniales donde se realizan los nguillatunes.En estas zona los mapuches no sólo están defendiendo sus derechos de propiedad sobre las tierras, sino que también aluden al deterioro ambiental y a la degradación de la biodiversidad que producirá la construcción de la carretera.En Malleco hay comunidades que se enfrentan a la agresión ambiental de empresas mineras que contaminan los ríos.En Quellón, San Juan de la Costa, Huatripulli y Arauco, otras comunidades se levantan a defender sus tierras comunitarias ante las empresas forestales.Asimismo, comunidades huilliches se sienten amenazadas por la instalación de una planta de celulosa en San José de la Mariquina.Si le preguntamos a los mapuches de Chile y a sus representantes, el Estado chileno está actuando de manera ilegal al apoyar estos proyectos. Si le preguntamos al gobierno, los indígenas del sur están frenando el desarrollo del país. Unos hablan de etnocidio desarrollista, otros de una negación del progreso.Para los impulsores del progreso material nacional se trata de un problema menor que se soluciona con planes de relocalización y compensaciones económicas para los indígenas. El alegato y la oposición no son más que parte de intereses políticos de fundamentalistas ecológicos que buscan relevancia hablando a nombre de los indígenas. Dentro de esta perspectiva sería desquiciado suponer que se deba detener el crecimiento de todo un país por evitar el impacto sobre 550 personas del Alto Bío Bío, o por unas docenas de campesinos a las afueras de Temuco u otras diez comunidades en Isla Huapi; resultaría antidemocrático suspender las posibilidades de bienestar para todo el país por satisfacer los intereses particulares de pequeños grupos aislados de personas que exijen derechos especiales, distintos al resto de la ciudadanía.Pero, según los detractores de este progreso, el punto es otro. No se trata de una centena de personas defendiendo egoístamente su metro cuadrado, sino que el tema se ha transformado en un problema indígena, del pueblo mapuche como grupo cultural completo. Para ellos la deuda histórica se está acrecentando con la actitud prepotente y etnocida del Estado que los niega y no los respeta, por la agresividad con que se imponen proyectos que, de acuerdo con la ley indígena, son ilegales, por la negativa de los grupos de poder a escuchar sus razones, por la manipulación frente a la opinión pública. Para ellos la democracia se entiende como respeto de la diversidad y equilibrio entre las distintas partes que tienen algo que decir sobre determinados aspectos del desarrollo nacional, y el Estado está siendo totalitario al negarse a escucharlos y pretender la «clonificación» de intereses entre los miembros de la sociedad civil.Una nueva mirada interculturalAfortunadamente, la forma histórica de solucionar este tipo de conflictos no da para más. Hay nuevas energías y sensibilidades culturales que son comunes a una emergente crítica a los valores absolutistas de la modernidad occidental.La comunidad mapuche y sus representantes se encuentran organizados y dispuestos a desarrollar todos los recursos necesarios para defender su postura; además cuentan con el apoyo de una reciente ley chilena y de una parte cada vez menos despreciable de la sociedad huinca (ecologistas y ambientalistas, nuevos movimientos sociales y culturales, políticos no tradicionales y no pocos cientistas sociales), desde la que se han levantado fuertes cuestionamientos a la política de «desarrollo a toda costa».Ya no son sólo «esas hordas de salvajes insubordinados» que quieren retener parte del territorio nacional subexplotado y en función de derechos anacrónicos e intereses irracionales; sino que se trata de una sensibilidad cada vez más creciente que apela al reconocimiento de derechos tradicionales y de la legitimidad del pueblo mapuche como interlocutor en la toma de decisiones respecto de territorios que tienen para ellos un valor cultural distinto que aquel presupuestado por quienes impulsan la modernización del país.¿Cómo distinguir y reconocer legítimamente esa diferencia, pero a la vez integrarla dentro de un futuro que sea bueno para «todos los chilenos»? Porque no es que la intervención cultural sea necesariamente mala, ni que las comunidades indígenas no la quieran; tampoco se trata de luchar por la mantención de «zoológicos» étnicos emburbujados en condiciones de vida de hace 500 años, mal que mal algo bueno se puede sacar del contacto intercultural y no en vano el mundo del mañana, si quiere ser un mundo vivible, viene por el lado de la diversidad y la fusión. Se trata más bien de un valor muy arraigado en la tradición mapuche: la reciprocidad para entablar un diálogo respetuoso entre representantes de formas distintas de ver las cosas.Esta resistencia de la sociedad civil, que ya se perfila como una postura política, compromete al pueblo mapuche a vencer sus divisiones internas y transformarse en un interlocutor válido y consistente en la toma de decisiones.Es un desafío cultural de primer orden el avanzar con estas sensibilidades. Las distintas comunidades pehuenches, huilliches, mapuches y lafquenches se encuentran aglutinadas en organizaciones representativas que levantan a partir de las distintas experiencias locales un discurso reivindicativo de los derechos del pueblo mapuche en general. Porque de nada sirve que muchos hablen en nombre de los mapuches si no sacan la voz ellos mismos; de nada sirve cobrarle la deuda al Estado y la sociedad chilenos si no se tienen propuestas que apunten a saldarla.

* La autora es Licenciada en Antropología de la Universidad de Chile.