Crisis eléctrica
El jaguar a tientas

Dicen que se sabía que la sequía sería dura. Ya en invierno las autoridades intervinieron las aguas del Maule para evitar que en esa fecha más crítica se desatara la crisis eléctrica. Sin embargo, las serias deficiencias que quedan en evidencia en el sistema eléctrico chileno privatizado a fines de los 80- hablan de un verdadero cruce de responsabilidades unas directas (las de las generadoras por no entregar información a tiempo para intervenir cauces de ríos o comprar energía) y otras indirectas (el gobierno por no haber enviado con anterioridad un marco regulatorio serio). Y como siempre, un sólo damnificado: todos los chilenos.
 

Miguel Almendro

Puede ser incluso anecdótico, pero las dos centrales termoeléctricas que desde un comienzo han sido sindicadas como los ejes de la actual crisis eléctrica, la de San Isidro (de Endesa) y Nehuenco (de Colbún) son casi vecinas en la campestre localidad de Quillota, en la Quinta Región. No las separa más de un kilómetro de un camino de tierra, donde en las pequeñas parcelas sus habitantes no tienen ni la menor idea de la importancia de estas molestas moles de fierro y concreto.

Y es curioso pensar que en algo menos de dos kilómetros cuadrados haya quedado la suerte de millones de chilenos que desde el pasado día 11 han visto cómo cada jornada, por más de dos horas, no cuentan con los servicios básicos relacionados con el suministro eléctrico. Un verdadero apagón, al que nos habíamos dejado de acostumbrar.

Y es que la crisis se precipitó ese día por una falla de San Isidro, que dejó al llamado Sistema Interconectado Central (SIC) con un déficit severo.

Sin embargo, esto no habría sido suficiente para que todo el sistema capotara, ya que es muy común que centrales como la de San Isidro, Ventanas I o Ventanas II, o alguna de las megahidroeléctricas, salgan del sistema por reparaciones o porque simplemente se le presentan fallas. Pero si Nuehuenco (central de ciclo combinado, con una potencia de 370 MW) hubiera entrado a funcionar en mayo pasado, como estaba previsto inicialmente, la crisis hubiese podido evitarse.

Pero hay un antecedente insalvable a la hora de analizar esta verdadera caza de brujas sobre qué falló o quién no entró a operar en el tiempo que tenía previsto: el clima. Y es que la sequía actual es lejos una de las más severas del siglo, y según el gerente general de Endesa, Jaime Bauza, frente a ello no hay previsión que valga.

Es lógico pensar que si no hay lluvias, no habrá suficiente agua para impulsar las turbinas de las principales fuentes de energía eléctrica del país: las centrales hidroeléctricas.

Así, María Isabel González, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), aclara que desde junio (cuando se tenían las previsiones climáticas para el resto de 1998) se comenzó a mirar con ansias las plantas térmicas que según los registros del CNE debían entrar en funcionamiento este año: las vecinas Nehuenco y San Isidro.

Y desde esa fecha que ella venía preocupada por su pronta puesta en marcha. Se recuerda que en julio la secretaria ejecutiva del CNE mostró su preocupación porque Nehuenco debió entra en operaciones en mayo, y que recién para julio estaba entregando esporádicas cargas. Luego, haciendo casi de vocera del preocupante estado de situación, informó que Nehuenco había dejado de operar por fallas, colocando en serio riesgo la estabilidad del sistema en pleno invierno.

Intervención de aguas

Ya desde esa fecha, los operadores del Centro de Despacho Económico de Carga (que reúne a las generadores y son el centro neurálgico del sistema) venían teniendo serios dolores de cabeza, especialmente en las horas "peacks", cuando todas las lucecitas de los tableros se iban a rojo. Pero hasta el 11 de noviembre habían logrado sortear la situación acudiendo a pequeñas bajas de potencia, y otras triquiñuelas, que sencillamente ese día no fueron suficientes.

La verdad es que no es que no se haya hecho nada desde julio hasta esta fecha. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas en agosto último autorizó el uso de cerca de 150 millones de metros cúbicos de agua de la laguna del Maule para las centrales Pehuenche, Curillinque, Cipreses e Isla. De esta forma se adicionaron 750 MW al sistema central, lo que permitió tener un colchón de luz de unos dos o tres meses a la espera de la entrada en operaciones de San Isidro y Nehuenco.

Sin embargo, San Isidro, algunos días después de la medida gubernamental, entró en operaciones en forma anticipada; mientras Nehuenco intentó hacerlo nuevamente el 28 de agosto, pero no resultó. Para esa fecha varias comunas de Santiago quedaron sin luz ya que el centro de carga no previó esta situación y simplemente la luz no llegó a las distribuidoras.

Recién para esa fecha puede hablarse de que la crisis era inminente, ya que las apuestas eran muy arriesgadas y prácticamente a diario se estaba caminando al límite de una cuerda cada vez más floja y delgada.

Una nueva esperanza se abrió a fines de octubre, cuando Nehuenco volvió a intentar funcionar, pero volvió a fallar. Allí, reconocen en el gobierno, se selló la proyección de lo que vendría. Se sabía que si las generadoras no eran audaces y previsoras en la compra de energía a algunas empresas autogeneradoras, o sencillamente declarándose en escasez y pidiendo la intervención de cuencas, que sólo puede hacer el gobierno, la situación sería crítica en cuestión de horas.

Y aquí el punto de inflexión central de esta historia. Fueron dos semanas o tres las que tuvieron tanto las generadoras como el gobierno para evitar la actual crisis, pero nadie hizo nada. ¿Por qué?

Según el gobierno porque éste no tiene facultades para intervenir o regular las decisiones que las generadoras toman. No se las podía obligar a comprar energía o a declararse en escasez, aunque privadamente -dicen en el CNE- se les pidió que lo hicieran. De allí que desde un comienzo, para el gobierno, las responsabilidades están muy claras.

Según las generadoras, porque la sequía es mayor de lo esperado y porque se creyó posible apostar al frágil equilibrio del sistema. Total, ya se habían pasado crisis peores y se había salido bien.

En ese contexto, el miércoles de la semana antepasada una falla de la central San Isidro, a la suma de que Ventanas II se encontraba en mantención y por tanto fuera del sistema, provocó cortes no esperados en Santiago y regiones, y llevó a las autoridades a tomar la medida con la que nadie comulgaba hasta ahora: el racionamiento, a la espera de que los niveles de energía se estabilizaran. En realidad a la espera de que Ventanas II volviera al sistema y Nuehuenco definitivamente comenzara a operar.

Sector polémico

Pero los problemas no terminarían allí. La situación que se desencadenó el día 11 dio pábulo al gobierno, para que en voz de un belicoso ministro (s) de Economía, Oscar Landerretche, para irse en picada contra uno de los sectores empresariales más polémicos de los últimos tiempos en Chile, el eléctrico, que a fines de los 80, en las postrimerías del gobierno militar, fueron privatizadas en procesos hasta hoy muy cuestionados, especialmente por el precio que se pagó. Se calcula que el Estado perdió más de 700 millones de dólares en estas transacciones que implicaron estratosféricas ganancias para los principales operadores de estas privatizaciones, los que extrañamente eran los mismos que las habían administrado en el gobierno castrense.

Mientras la luz no se apagaba en Chile, todavía se sentían los ecos bochornosos de la llamada "Operación del Siglo" que revistió a la venta del principal consorcio eléctrico nacional, Enersis, a Endesa España. Un grupo de ejecutivos, encabezados por José Yuraszeck, conocido como el "zar de la electricidad", vendió su paquete accionario, que correspondía al 0,8% del total en más de 300 veces el valor que el pagaron a los socios comunes y corrientes.

Ya para ese entonces la fragilidad y escasa regulación del sistema quedaba en evidencia.

Quizás por eso la fuerza de Landerretche a la hora de acusar a las generadoras y especialmente a Endesa Chile, ya que Colbún es mitad estatal, de "negar información por intereses económicos"; quizás por eso la fuerza empleada por la autoridad para obligar a las generadoras a sentarse a la mesa de negociaciones para que reconocieran sus responsabilidades, se comprometieran a pagar indemnizaciones y aseguraran una futura mejor coordinación entre ellas para salvar una situación que podría extenderse gravemente para la economía nacional.

Y el principal incentivo para las generadoras fue un ultimátum que ha dado persistentemente el gobierno en orden a presentar un requerimiento por Ley de Seguridad Interior del Estado, que es hoy la única alternativa legal por la que el gobierno puede regular el funcionamiento de las eléctricas.

En un primer momento éstas generadoras, que por años mantienen un historial de desencuentros y culpas mutuas, trataron de endosarle al otro la responsabilidad, especialmente entre Colbún y Endesa, además de señalar que incluso el gobierno estaba en conocimiento que la sequía se venía más severa de lo esperado.

En medio de ésta verdadera guerra desatada entre las generadoras y el gobierno, y las primeras entre ellas, recién el martes se llegó a un principio de acuerdo entre las partes para resolver las divergencias, principalmente en lo que se refiere a las costos de las fallas del sistema.

Ruegos a San Isidro

Un punto importante de los acuerdos fue la necesaria reducción que debían hacerle a los usuarios libres del sistema, es decir aquellas empresas que contratan directamente la distribución a la generadora, y que hasta ahora no se habían visto afectadas por el racionamiento.

De esta reunión también se logró una mejor información a los usuarios sobre los horarios y tiempos de los cortes de luz, información que en un principio era negada por la "complejidad del sistema".

Así también se comprometieron a una mejor coordinación, creando una comité asesor que verifique que el Comité de Despacho Económico de Carga cumpla correctamente la alimentación del sistema.

El del martes pareció ser el final de la guerra, sin embargo, hasta la fecha algunos puntos no han sido cumplidos por las generadoras; por ejemplo, en que no han optado por comprar luz a las autogeneradoras, prefiriendo seguir con los cortes de luz; y tampoco se habían puesto de acuerdo, las generadoras, hasta el cierre de esta nota, en el costo de falla, es decir, cuánto pagará cada una en caso de indemnizaciones a terceros.

Punto aparte merecen la serie de declaraciones y contradeclaraciones, querellas y demandas civiles, que de verdad no llegan a rasguñar el centro del problema que enfrenta el país.

Lo que sí lo haría es un sistema regulatorio, como el que tienen las empresas sanitarias, que ya fue anunciado -con un tremendo retraso- por Landerrectche el jueves en una sesión especial de la Cámara de Diputados, la que de paso anunció la creación de una comisión especial para investigar las causa de la crisis. Aunque nadie, ni el gobierno ni en las empresas generadoras, esperan mucho de esta comisión parlamentaria, como tampoco lo han hecho con las otras que funcionan en la sede del Legislativo. Sólo habrá que quedarse con una frase de María Isabel González: la luz volverá "siempre y cuando no ocurra nada extraordinario", así como que ni el gobierno puede predecir que pasará a mediados de 1999, cuando las reservas de agua se hayan agotado definitivamente y empecemos a pasear casi a diario a San Isidro (el patrono) para que llueva.