La "neutralidad" del gobierno
en el proyecto Central Ralco
La ruptura de las relaciones oficiales entre los representantes de las etnias originarias del país y el gobierno no es más que la consecuencia lógica de una constante despreocupación de la política en vigor hacia los descendientes de los primeros habitantes del territorio. El diálogo abierto esta semana en Los Angeles no pasa de ser una muestra de retórica, puesto que todo el proceso en torno a la proyectada central Ralco ha estado marcada por la intervención política del Ejecutivo.
Sergio Alvaro Maureira Gabriel Berríos Pino Fotos: Guillermo Salgado
Es difícil a estas alturas creer que, como dijo el Presidente Frei la semana pasada, el gobierno tiene una actitud neutral en el desarrollo del proyecto para la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco. Sus acciones dentro del proceso señalan lo contrario.
Quizás las últimas palabras de una autoridad a favor de la iniciativa de Endesa las dijo el intendente de la Región del Biobío, Martín Zilic. En medio de la ocupación del camino hacia el Alto Biobío, la amenaza por parte de la Conadi de hacer una presentación judicial para detener las obras que estaba ejecutando Endesa en la zona y el descabezamiento de ese organismo con la renuncia de su director nacional y dos consejeros del gobierno, Zilic declaró el 7 de agosto pasado:
"Aquí, en esta región, estamos del lado de los pehuenches, pero eso no significa que tenga que aceptar que por siete pehuenches que dicen que no, tengamos que parar una obra como Ralco".
Días antes, afirmó ante las cámaras de la televisión local que el gobierno no podía ser neutral en el asunto, sino que salvaguardar el desarrollo eléctrico del país.
Hoy, el discurso gubernamental es otro. Esto se explica porque fueron ellos quienes vieron en la mesa de diálogo iniciada esta semana en Los Angeles la oportunidad de hacer ver que las más altas autoridades están preocupados por el futuro de la cultura pehuenche. En lo que parece ser el primer trabajo del nuevo equipo comunicacional de la administración Frei, el propio ministro de Planificación, Germán Quintana afirmó: "Si hay familias que no están de acuerdo a permutar a ningún precio, ellas no pueden ser obligadas a hacerlo".
Pero estas palabras han sido dichas ahora, cuando la tensión con la etnia mapuche-pehuenche está en su punto más alto, con la relación entre el gobierno y los consejeros indígenas de la Conadi cortada.
Incluso el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Javier Prado, está convencido de que "si se hubieran dado pasos más estudiados, creo que no habría sucedido lo que hemos visto".
Como se esperaba, la reunión del miércoles en Los Angeles pareciera ser un diálogo de sordos. Ello porque el gobierno, a sabiendas de la firme postura de los ocho propietarios pehuenches de no querer dejar a toda costa sus terrenos, montó durante toda la jornada una especie de "parlamento" en el que todos los involucrados se dieron por "informados" de cada una de las posturas.
Ese día la reunión más larga y esperada era en la que participaban los pehuenches opositores al proyecto hidroeléctrico. Como la novia del matrimonio, las ancianas y voceros del conflicto llegaron dos horas tarde a la cita, pues la noche anterior había nevado en el Alto Biobío y una de las camionetas estatales que los fueron a buscar había quedado en pana.
Dentro de la Gobernación Provincial, los indígenas ocuparon gran parte de las tres horas que duró la sesión en tener que explicar a las autoridades parte importante de su cultura: sus tierras les fueron entregadas por la divinidad como préstamo, ellos deben velar por su protección y por tanto no pueden, en ningún caso, tasarlas en dinero o cambiarlas por otras tierras.
Días antes, en el sector en que se están realizando los trabajos iniciales de la Central Ralco, un pehuenche reflexionó acerca de el asunto de las permutas: "¿Hay tierras donde nosotros pudiéramos reinstalamos, que ofrecieran condiciones semejantes a aquellas que conocemos y tenemos actualmente? Si ellas existieran, ¿no creen ustedes que, viviendo en estos lugares desde hace siglos, haría ya mucho tiempo que nosotros las habríamos descubierto?".
El ex ministro de Planificación, Roberto Pizarro, quien este año debió asumir su renuncia por no concordar con la línea del gobierno en el área social, afirmó a EL SUR que tal mesa de diálogo "es retórica. No puede suceder que un día antes de que se tome la decisión sobre si se acogen o rechazan las permutas de tierra, se expulse al director de la Conadi, que ha estado al tanto de todas y cada una de las aristas del tema".
En la maratónica reunión nada se dijo del fondo del asunto: Endesa estima que no necesita de la decisión de Conadi para iniciar las obras de la Central Ralco y hace ya tres meses que el contrato con Besalco S.A. está en ejecución. Estas obras tampoco pueden ser consideradas como preliminares o temporales, puesto que tanto el camino de acceso abierto exactamente donde está proyectado el muro de la presa como el puente sobre el Biobío que llevará hasta el lugar en que se perforará el túnel de desvío de las aguas son parte integral del proyecto.
Ignacio Swett, gerente general de Endesa, confirmó indirectamente
esta realidad. Ante una pregunta periodística sobre qué porcentaje
de avance tenía el proyecto actualmente, estimó que "las
obras preliminares y los caminos de acceso corresponden al 5%" de todas
las obras para instalar Ralco.
Una década de apoyo
La actitud del Estado y sus autoridades durante los últimos diez años ha sido primordialmente favorecer la construcción de los proyectos de Endesa en el Alto Biobío.
En las postrimerías del régimen militar ya existían antecedentes de presiones hacia las familias pehuenches por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en el sentido de convencerlas para que inscribieran sus tierras como propiedad individual y no como unidades comunitarias.
En el marco de la campaña presidencial de Patricio Aylwin, en 1989 el ex Presidente firmó en representación de la Concertación el denominado Acuerdo de Nueva Imperial. Este contemplaba el inicio de la construcción de una nueva relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios de este territorio.
Su consecuencia más importante fue la discusión en el Congreso de la Ley Indígena, que es la primera en otorgar un cierto grado de reconocimiento a las etnias chilenas. Si bien en el debate la derecha política desechó el término "pueblos indígenas", quedando sólo como "indígenas", la unanimidad con que fue aprobada el 27 de septiembre de 1993 significó un paso importante en la relación entre el Estado chileno y los descendientes de los primeros habitantes de este territorio.
Dentro del cuerpo legal se contempló, entro otras cosas, el establecimiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la posibilidad de declarar legalmente ciertos territorios como "áreas de desarrollo" a favor de las comunidades. Esta última posibilidad fue estudiada por el gobierno para favorecer a los pehuenches del Alto Biobío, específicamente cuando el entonces Presidente Aylwin visitara la zona a fines de ese año. El decreto en cuestión estaba listo para la firma. Sin embargo, poco antes de comenzar la ceremonia, se descubrió que el ministro a cargo había ‘olvidado’ el documento en la capital, según relata Cristián Opaso en una investigación publicada en 1995 por el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera.
En septiembre de 1996, el Presidente Frei aprieta el botón de encendido de la Central Pangue, la primera de un total de seis que tiene proyectado construir Endesa para aprovechar las aguas del Biobío. La ceremonia estuvo marcada por la protesta de un grupo de pehuenches opositores al proyecto, mientras sus hermanos disfrutaban del almuerzo de honor por la inauguración de la hidroeléctrica.
En la ocasión, Frei dejó marcado el camino de la no-neutralidad del gobierno en éste y los futuros proyectos eléctricos nacionales: "No vamos a detener el desarrollo eléctrico", dijo.
¿Alguien podía esperar que con tal postura el gobierno iba a dejar sin apoyo a la central Ralco?
Se inician las destituciones
Dado que el reglamento necesario para la puesta en práctica de la Ley de Medio Ambiente aún descansaba en el cajón del entonces secretario General de Gobierno, Genaro Arriagada, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) exige que Endesa someta a voluntad su proyecto Central Ralco al proceso de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el que es entregado por la compañía eléctrica en marzo de 1996.
Con una inversión estimada de 473,6 millones de dólares para la central y 12,3 millones de dólares para las obras de conexión al Sistema Interconectado Central del país, Ralco generaría un promedio anual de 3.380 MegaWatts. La presa de 155 metros de alto y una longitud en su parte alta de 370 metros ha sido diseñada para construirse en el lugar denominado Angostura Ralco; formaría un embalse de 3.467 hectáreas de superficie máxima, que cubriría un territorio ocupado por 91 familias mapuche-pehuenche de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, así como a pequeños agricultores de Contraco y Guayalí Fiscal, y asentamientos humanos de los fundos Villucura, Lolco y Los Guindos.
En el caso de los pehuenches afectados directamente con el posible embalse, Endesa ofreció permutar sus tierras por otras a su elección en los fundos El Barco (a cerca de 1.000 metros sobre el nivel del mar), El Huachi y Santa Laura (a 85 kilómetros de su lugar de origen), además de una casa de madera de pino y asistencia técnica.
La revisión de Conama calificó de "insuficiente" el primer estudio, sobre todo en lo que respecta al plan de relocalización de las familias que verían inundadas sus tierras. Pero, según un informe interno de Conama dado a conocer hace un año por EL SUR, el comité revisor del EIA para el proyecto Ralco recomendó su rechazo, a la vez que estima inconveniente solicitar aclaraciones (‘addendum’). A pesar que al pie del documento aparece el nombre de la Directora Vivian Blanlot, ésta nunca llegó a firmarlo y, en vez de mantener la negativa al EIA de Ralco, un nuevo informe de Conama solicita las revisiones necesarias a Endesa.
El geógrafo de la Universidad de Chile Raúl Molina, que participó en la evaluación de este primer estudio, sostiene que toda la evaluación de ese proyecto ha estado marcada por presiones gubernamentales. Asegura, además, que la Conama "iba a rechazar el estudio de impacto ambiental de Ralco, porque tenía en sus manos la negativa de 22 organismos públicos y de expertos en el tema. Pero hubo presiones desde el interior del Gobierno y por eso pidió el ‘addendum’".
El 7 de febrero de 1997 Endesa entregó un segundo informe o "addendum", que debería responder a los vacíos detectados por la Conama, el que fue reestudiado por las mismas instancias que el primero rechazado.
Uno de los escollos más difíciles era, sin dudas, la decisión de la Conadi respecto del plan de relocalización, pues lo ofrecido no había variado mucho entre la primera y segunda entrega. Como se esperaba, el consejo de dicha instancia rechazó internamente tal plan por considerarlo ilegal, decisión encabezada por el entonces director de Conadi, Mauricio Huenchulaf.
No pasó mucho tiempo para que el gobierno decidiera remover a Huenchulaf. El 25 de abril de 1997 se le pidió la renuncia, según se explicó en ese momento, por existir supuestas irregularidades administrativas durante su mandato, las que hasta ahora no tienen una sanción por parte de Contraloría.
En ese instante, Huenchulaf hizo ver que "las autoridades de gobierno amenazan con romper el precario puente de diálogo construido en la transición democrática y provocar una intensa radicalización de nuestro pueblos, que comienzan a mirar el futuro sin esperanzas de cambios mayores en su desmedrada posición", resaltando que con esta postura se estaba violando el Acuerdo de Nueva Imperial.
Bastó este cambio para que el estudio de Impacto Ambiental de la Central Ralco saliera por un tubo. Se nombró como nuevo director de Conadi a Domingo Namuncura, hombre cercano a Ricardo Lagos, quien en el informe enviado el 27 de mayo a Conama respecto del plan de relocalización presentado por Endesa afirmó que "las propuestas son substantivamente insuficientes".
Al cambiar la negativa de la Conadi y catalogar el plan de "insuficiente", Namuncura despejó el camino para que la Conama aprobara "con condiciones" el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco el 6 de junio de 1997.
Tomada tal determinación, la entonces directora de Conama, Vivian Blanlot, esperó cuarenta días y se retiró del cargo el 16 de julio de ese año. Era imposible que alguien no creyera en una decisión política por sobre una técnica en este caso, pues de otra manera no se entendía la aprobación si en los órganos técnicos estatales había una manifiesta oposición a dar el visto bueno. La presión por cambiar ese no en un sí "con condiciones" fue demasiado para Blanlot.
Ahora, las permutas
Se suponía que aprobado el EIA de Ralco, era necesario que Endesa presentara las permutas de tierras ofrecidas a los distintos propietarios pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, y sólo si éstas eran aprobadas se iniciaría la ejecución del proyecto. El director nacional del organismo indígena, Domingo Namuncura, a pesar de toda la presión por parte de varias organizaciones mapuches para que se alejara del cargo, tomó muy en serio el asunto, asegurando incluso que la Conadi se tomaría todo el tiempo que fuera necesario para decidir acerca de la relocalización de las familias afectadas por el proyectado embalse.
Fue así como constituyó una comisión conformada por abogados, traductores del mapudungun y ejecutivos de la Conadi, a fin de verificar caso a caso el modo en que fueron firmadas las permutas y el grado de entendimiento del contrato por parte de los pehuenches. Los encuentros fueron grabados en video.
La comisión detectó, entre otros, problemas en el grado de convicción de los solicitantes y diferencias entre lo que los indígenas firmaron y lo que creían haber firmado. Fuentes internas de Conadi aseguraron a EL SUR que, por ejemplo, un pehuenche dijo que Endesa había ofrecido, además del terreno y la casa, una yunta de bueyes, un caballo ensillado "y, quizás, una camioneta", bienes que en ningún caso formaban parte integral del contrato.
Paralelo a este proceso, Endesa inició las solicitudes sectoriales para las servidumbres eléctricas necesarias para instalar el tendido de interconexión con el sistema, así como los permisos sectoriales para abrir caminos y construir puentes.
Para poder abrir el farellón que necesita para bajar hasta el lecho del río Biobío en el punto donde se levantaría la presa, logró firmar un contrato de arriendo por cinco años con los hermanos Quipaiñán Piñaileo, quienes cobraron 53 millones de pesos.
Conocida esta situación por parte de Conadi, ésta solicitó a René Abeliuk Manacevic un estudio jurídico frente a eventuales ilícitos cometidos en este contrato entre Endesa y un pehuenche. El abogado Prsd fue ministro vicepresidente de Corfo en la administración de Patricio Aylwin.
Sus conclusiones fueron recibidas por Germán Quintana, a la sazón ministro de Planificación, y Domingo Namuncura. Ellas dicen que si bien las partes establecen que el contrato es un arriendo, considera que tal acto "es realmente una servidumbre... y, por ende, habría requerido todas las autorizaciones correspondientes, entre ellas la de Conadi", cosa que no sucedió.
Tanto los pehuenches como los ecologistas del Grupo de Acción por el Biobío y del Instituto de Ecología Política ya habían ejercido acciones de fuerza para evitar la continuación de las obras que ejecutaba Besalco a nombre de Endesa en el Alto Biobío: mantuvieron cortado el camino hacia las faenas durante los primeros tres días de julio, enfrentando, incluso, a fuerzas especiales de Carabineros enviadas por las autoridades a la zona.
Al conocer el informe, el consejo de la Conadi observó que existía la posibilidad de querellarse en contra de Endesa por el asunto del arriendo, pero decidieron exigir a la compañía que detuviera sus trabajos antes del 29 de julio, cosa que sucedió sólo el día 4 de este mes, cuando las protestas en Ralco habían subido de tono y se había creado una crisis en la Conadi por la petición de renuncia por parte del Ejecutivo a dos consejeros gubernamentales y al director nacional.
El actual escenario de movilizaciones era esperado por los opositores a la Central Ralco para fines de año, pero la precipitación del gobierno adelantó los hechos.
Con los antecedentes aportados por la comisión que revisó las permutas y el estudio de Abeliuk, finalmente los ocho consejeros indígenas estuvieron de acuerdo con el director Namuncura que las 83 permutas, fijada para el día 6 de agosto, debía rechazarse en bloque, dado el evidente vicio de Endesa para conseguirlas. A ellos se sumaron los votos de los consejeros que en Conadi representaban al gobierno: Milene Valenzuela (abogada del Ministerio de Justicia) y Cristián Vives (sociólogo del Fosis y estudiante de doctorado en la Universidad de La Sorbone).
El 27 de julio, ambos son citados a La Moneda por Sergio Galilea, subsecretario General de la Presidencia, quien les indica que "el Presidente Frei quiere que las permutas se acepten y se le dé carta blanca a Endesa", según confidenció a EL SUR una fuente confiable. En la cita también estaba presente Domingo Namuncura. Como ambos se opusieron a tal determinación, al día siguiente el ministro de Planificación, Germán Quintana, les pide personalmente que presenten su renuncia, cosa que Valenzuela y Vives hacen el día 29.
Continuando con esta presión, los asesores cercanos a Frei intentan que Namuncura cambie su decisión de rechazar las permutas de tierras pehuenches. Al no lograrlo, el Presidente decide también pedirle la renuncia el pasado 5 de agosto, la que se hace efectiva horas antes de la reunión del consejo de Conadi que debía dirimir el asunto.
Con todo, ahora el gobierno se encuentra en un atolladero que asegura superará con las reuniones de diálogo que se iniciaron en Los Angeles. No está claro cuándo se reanudarán, pero el error político tiene ahora no sólo a los pehuenches del Alto Biobío movilizados, sino también a los mapuches de Santiago, Temuco y Arauco en vigilancia permanente de los pasos que se darán en el marco de la ejecución de la Central Ralco.
El pehuenche Gallina
Lo conoció todo el país cuando mapuches de Santiago lo empujaron, escupieron y golpearon por estar a favor del traslado de sus hermanos pehuenches en las condiciones ofrecidas por Endesa. Quizás lo que más le dolió fue que una mujer le dijera "yanacona", recordando a los indígenas que, sumisos, lucharon al lado de los españoles durante la conquista de América.
Ricardo Gallina es, sin duda, el vocero que necesitaba Endesa para demostrar que sus compensaciones son las correctas. Maneja excelente la lengua castellana, aunque nunca se le ha escuchado hablar en mapudungún, y ha dicho convencido que la construcción de la Central Ralco "es un buen negocio" para los pehuenches.
Pero Gallina hace un año no pensaba lo mismo. En un reportaje publicado por EL SUR el 20 de julio de 1997, aseguró que "muchos han sido presionados por Endesa. Pero quien quiere, se deja presionar. Quien no se deja presionar, se defiende. Nosotros no nos vamos a dejar presionar por nadie".
¿Qué hizo cambiar de parecer a Gallina, aquel líder que acogía en sus terrenos a los ecologistas, que aseguró nunca dejar sus tierras?
Ricardo Gallina se mantuvo en una postura contraria a Ralco hasta diciembre del año pasado, cuando, según un familiar suyo, Endesa le ofreció 60 millones de pesos para que aceptara la permuta de sus tierras. Hace tres meses que trabaja para Endesa, pero no se le ha visto en las obras que hasta principios de mes ejecutaba Besalco en el Alto Biobío.
Ahora, afirma que él y su familia se van a trasladar al fundo El Huachi y que los pehuenches necesitan trabajo y una buena tierra para vivir, aunque esté lejos, lejos del Biobío, río que para su cultura es sagrado. De seguro cuando negociaba con Endesa su permuta ni se le pasó por la cabeza pedir tierras en el fundo El Barco, que permanece nevado nueve meses al año. El sabe que no es lugar para vivir:
"La gente de escasos recursos, como lo son los pehuenches que viven en Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, no tienen los recursos suficientes para irse a vivir a ese lugar. Si se llegaran a ir a El Barco, estas comunidades yo creo que necesitarían apoyo para toda su vida", afirmó hace un año.
Roberto Pizarro, ex ministro de
Mideplan
"El gobierno apuesta a
la construcción de Ralco"
Paralelo al proceso en favor de la aprobación del estudio de impacto ambiental de Ralco, el entonces ministro de Planificación, Roberto Pizarro, envió una carta al Presidente Frei el 3 de febrero de 1997. En ella criticó la insuficiente aplicación de la Ley Indígena y la falta de recursos para la ejecución de sus proyectos; además, resaltó la necesidad de que el gobierno efectuara, al menos, "medidas simbólicas de su voluntad política de sostener el desarrollo de los pueblos indígenas, política iniciada a raíz del acuerdo de Nueva Imperial firmado en 1979".
Esta postura del ex secretario de Estado también le valió su salida del gobierno el 5 de marzo de este año. Y frente a la difícil coyuntura que se vive actualmente, con los consejeros indígenas de Conadi sin confianza en el Ejecutivo, asegura a EL SUR que "el gobierno está privilegiando los equilibrios macroeconómicos, en vez de una concepción que compatibilice el crecimiento con el desarrollo social del país, los equilibrios medioambientales y, en este caso particular, lo que es la protección de las culturas originarias de Chile".
El ex secretario de Estado reflexiona que en Chile "ha habido una política sistemática para reducir la inflación y se han alcanzado objetivos importantes, pero sin embargo no se fijan de la misma manera objetivos en lo que se refiere al desarrollo social. Así se margina a un contingente importante de chilenos y se generan inmensas inestabilidades desde el punto social y político".
Crítica injustificada
-¿Sería justo, entonces, acusar a Namuncura por la actual tensión en torno a Conadi, la construcción de Ralco y, en definitiva, la situación que se vive en el país, tal como lo hizo el ministro Germán Quintana?
-No se justifica esa crítica. La verdad de las cosas es que Namuncura hizo un profundo esfuerzo por incorporar al mundo a los indígenas, en especial a los pehuenches del Alto Biobío a sus propios problemas. Namuncura hizo un decidido esfuerzo de participación de la gente en este caso, de los indígenas en los asuntos que les competen y eso me consta. Hizo un trabajo claro y transparente. Creo que la percepción que tiene Germán Quintana de su labor es equivocada y es esa misma percepción equivocada la que está generando un vacío, una separación profunda entre el gobierno y el mundo indígena. Esta decisión que adoptó La Moneda, de destituir a Namuncura y solicitarle la renuncia a los consejeros Milene Valenzuela y Cristián Vives, ha sido un error político.
-¿Cuál es la apuesta que hace el gobierno para con el tema de la construcción de Ralco?
-El gobierno ha demostrado claramente, y de mucha mayor manera durante este último tiempo, que ha apostado a la construcción de la represa. Yo tenía la percepción de que, efectivamente, en círculos de La Moneda, existía la decidida voluntad de que se construyera la represa. Entonces, mi esfuerzo y el de Namuncura era hacer valer, dentro de todo lo posible, los derechos, la visión, los puntos de vistas de los sectores indígenas.
Yo creo que el punto central aquí es que se cometió el error originario de discutir solamente con los dirigentes de estas 98 familias, cuando se debió hacerlo con los dirigentes de las siete comunidades del Alto Biobío porque aquí está en juego en verdad una cultura, que es la cultura Pehuenche.