Miércoles 3 de junio de 2009
Falta de claridad en conceptos y compensaciones además podrían profundizar el conflicto mapuche.
alma canales silva
La aplicación del Código de Conducta Responsable no sólo podría alejar la inversión de la región. También podría utilizarse para profundizar el conflicto mapuche. Esa es la visión que Mirtha Casas (quien ha asesorado a Mideplan y a organizaciones internacionales sobre temas indígenas) tiene sobre el documento que elabora el gobierno a raíz del Convenio 169 de la OIT que entrará en vigencia en septiembre de 2009.
Según Casas, esto pasa primero por la manipulación que pueda hacerse del tema, tanto desde el punto de vista ideológico como del emocional. Y segundo, por el descontento que provoca en otros sectores vulnerables de la población. "Cuando se generan normas que hacen diferentes a algunos grupos no es positivo. Lo que hay que hacer es perfeccionar algunas leyes", recomienda.
El documento regulará los proyectos que se realicen cerca de territorio indígena (ya sean forestales, agrícolas, turísticos, acuicolas, etc.) y una vez en vigencia podría implicar que las empresas tengan que compartir utilidades con las comunidades, compensarlos por los inconvenientes que les cause el proyecto o contratar y capacitar a un determinado número de indígenas.
En el país, de acuerdo a la encuesta Casen 2009, hay más de un millón de personas que pertenecen a alguna etnia. De ellas, el 87% son mapuche y un alto porcentaje de ellos se concentra en La Araucanía. De ahí la preocupación por este tema.
Por ello, recomienda analizar una serie de aspectos de este código ahora que aún está en calidad de borrador.