1. El Grupo Banco Mundial está compuesto por cuatro instituciones casi autónomas, que sin embargo tienen en común un Presidente y la sede. El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD) y la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) conforman el Banco Mundial mismo, juntos con la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), que legal, financiera y operativamente está separada del Banco Mundial, forman el Grupo Banco Mundial. Las dos primeras realizan préstamos directamente a los gobiernos nacionales. Las dos últimas realizan préstamos al sector privado, con la IFC realizando préstamos directos a las corporaciones privadas, en cambio el MIGA se encarga de las garantías de los préstamos.2. En Septiembre de 1992, antes de la presentación al Directorio de la IFC, la Agencia de Planificación del gobierno chileno MIDEPLAN, documentó y previno que el aumento del valor de la tierra y la consiguiente especulación de ésta, crearían un problema en Los Avellanos. El informe técnico anticipaba que los desarrollos privados se planificarían en la ribera norte de la represa Pangue, lo que elevaría el valor de la tierra, que es reclamada tanto por los pehuenche como por un especulador de tierras de la localidad. Los pehuenche han ocupado estas tierras desde antes de que hayan registros en la región, pero en 1940 perdieron una batalla legal para que e les dieran los títulos de propiedad. El especulador no trató de desalojarlos hasta que la costa del lago artificial se hizo potencialmente valiosa para desarrollar parcelas de recreación. Como resultado del proyecto Pangue, estas propiedades ahora tienen un valor considerable. Según Downing, el especulador ya ha vendido la mayoría de los lotes de la ribera norte a particulares de Santiago y de otras partes de Chile, tiene en venta las parcelas ocupadas por los pehuenche, y ha amenazado a más de 12 familias con desalojarlos por la fuerza. También interpuso una orden de restricción en contra del respetado líder y portavoz de los pehuenche, Antolín Curriao, lo que le está impidiendo defender a su clan (Downing 1996:70).
3. La Fundación Pehuén no ha dado asistencia jurídica a los pehuenche. Según Downing, si lo hiciera, tendría un conflicto de intereses, ya que tres de los siete miembros del Directorio son empleados de la compañía. Un cuarto, el Presidente del Directorio, es también el Presidente de Pangue S. A., y socio de una empresa que tiene contrato con ENDESA para preparar el plan de reasentamiento de Ralco. La asistencia jurídica por parte de CONADI (Comisión encargada de implementar la Ley chilena de los Derechos Indígenas) también es problemática. CONADI no cuenta con la capacidad institucional de defender los intereses de las comunidades pehuenche. Tienen un sólo abogado, que no tiene un equipo de trabajo y que recibe un bono de bencina de sólo 150 dólares para todo el año fiscal; su oficina regional está a 300 km del territorio pehuenche. Los pehuenche no tienen fondos para viajar donde el abogado. CONADI ha sido ineficaz para resolver incluso pequeños conflictos de tierras y ya está abrumada con las negociaciones con ENDESA sobre el tema de intercambio de tierras en Ralco-Lepoy, que sólo es una parte del total del problemático programa de reasentamientos. Quienes abogan tanto nacional como internacionalmente por los derechos de los indígenas y por el medioambiente, no han entregado asistencia legal a los pehuenche (Downing 1996:65).
4. Programa de Investigación sobre la Energía de la Universidad de Chile, el Instituto Internacional de Conservación de la Energía (Oficina para América Latina, Santiago) y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) de los Estados Unidos, publicado el 9 de Mayo, 1996.
5. Legislaciones relevantes y políticas de protección de los derechos incluye las políticas sobre Pueblos Indígenas y Reasentamientos Involuntarios del Banco Mundial, la constitución chilena, la Ley chilena sobre los Derechos de los Indígenas de 1993, CONADI (la Comisión encargada de implementar la Ley chilena de Pueblos Indígenas) y los instrumentos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, firmados por Chile (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Alianza Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración del Derecho al Desarrollo, Declaración sobre los Derechos de las Personas que pertenecen a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, La Declaración de viena y el Programa de Acción adoptado en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos). Los Instrumentos de Derechos Humanos de Naciones Unidas están publicados en "Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos 1945-1995, Serie Libro Azul de Naciones Unidas, Volumen VII, Departamento de Informaciones Públicas, Naciones Unidas, Nueva York.
6. Los registros etnográficos describen a los pehuenche como un grupo disperso cuya estructura política es descentralizada. La controversia por a construcción de represas está desempeñando un rol importante en generar cohesión y estructura tribal. El uso del término "tribu" que hace el Comité refleja el lenguaje utilizado por Downing. Los pehuenche utilizan los términos "comunidad" y "familia". La etnografía chilena, en el caso de los pehuenche habla de "grupos", clanes y linajes.
7. Estas estimaciones están basadas en el valor de la madera talada en tierras pehuenche y vendidas en conexión con la construcción de la represa Pangue. La deforestación en la región de la represa Pangue (y por lo tanto, beneficios para Pangue S. A. y ENDESA) y la deforestación de una zona más amplia, ocurrió por la construcción de caminos que hizo Pangue S. A., que atrajo a madereros independientes. Estos operadores, por lo general les entregaron a los propietarios pehuenche pequeñas cantidades de dinero, talaron sus árboles y se fueron, dejando a los propietarios pehuenche dueños de la tierra, sin darse cuenta, como responsables de violación a la leyes forestales chilenas que requieren de un permiso --plan de manejo-- para hacer cortes y exigen reforestar lo talado (Downing 1996:67).
8. Las fuentes para los hechos informados en esta época incluyen el informe Downing de 1996; cartas y documentos publicados en las páginas web de la Fundación Mapuche. La página web del Consejo Inter-regional Mapuche es http://www.bounce.to/cim; Crawford 1997; y artículos y documentos de apoyo publicados en la página web de la Red Internacional de Ríos (http://www.irn.org), incluyendo: "World Rivers Review" Agosto 1997; declaración de prensa del IRN del 30 de Julio, 1997; carta de James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, a Andrea Durbin, de Amigos de la Tierra, del 2 de Junio, 1997; "World Rivers Review" Junio 1997; "World Rivers Review" Abril 1997; IRN/CIEL declaración de prensa de 26 de Febrero 1997; "World Rivers Review" Junio 1996; "World Rivers Review" Enero 1996; "World Rivers Review" Cuarto Trimestre 1994. También "Bíobío Updates" #1 - #7. Grupo de Acción por el Bíobío de Chile --GABB-- traducido por la Red Internacional de Ríos y publicado en la página web del IRN. Noticias sobre los planes de construcción de Ralco vienen de traducciones de informes de prensa de El Mercurio y de El Diario, entregados por la Red Internacional de Ríos, 22 de Enero, 1998. La Fundación Rehue, de Holanda, (tiene una página web en inglés/español/holandés, que cubre temas mapuche y pehuenche del Alto Bío Bío) es http://www.xs4all.nl/~rehue.
9. Privatización en este contexto (como transferencia del control y de operaciones productivas de una fuente financiera y administrativa original a un operador independiente) puede ser entendida como un aspecto más general de la globalización ya que afecta las políticas hacia el sector privado. Uno de los procesos más prominentes incluidos en la globalización es "outsourcing" (fuente externa) o la subcontratación por corporaciones privadas a otras industrias privadas en regiones con menores costos de mano de obra o de materiales, o con estándares medioambientales más débiles para la producción de componentes, o de productos completos, que ellos luego incorporan en sus propios procesos de fabricación o líneas de producción. Cuando los sindicatos o las organizaciones de derechos humanos del país de origen de esta "fuente externa" de la corporación, denuncian las condiciones de explotación de las fábricas u otros abusos laborales o ambientales cometidos por sus subcontratistas, el primero puede alegar que no tiene responsabilidad escudándose en que no tiene control administrativo sobre sus subcontratistas (Barnet y Cavanagh 1994;325-329). El acuerdo de Nike con otras corporaciones del calzado de vigilar a los contratistas extranjeros para asegurarse que no se utilice trabajo infantil, es excepcional. Hasta ahora, las formas de ejercer presión sobre las corporaciones y las fuentes privadas de financiamiento involucradas en el desarrollo del Tercer Mundo son evasivas. Sin embargo, extender los estándares de derechos humanos al sector privado es la nueva frontera principal para quienes están comprometidos en trabajo relacionado con derechos humanos, requiriéndose un nuevo conjunto de métodos.
10. Las corporaciones del sector privado involucradas en trabajo de desarrollo, por lo general alegan que temas tales como los efectos sociales, los impactos ambientales y los derechos humanos son asuntos de políticas públicas o temas de gobernabilidad y no son de su responsabilidad. Para una discusión convincente sobre la necesidad que las corporaciones privadas asuman sus responsabilidades en estas áreas, ver Control Risk Group, 1997.
11. Ver por ejemplo, las secciones 8.01 a la 8.10 de Revisión de las Políticas de la IFC sobre Acceso a la Información (Borrador, 11/17/97), Borrador de las Políticas Ambientales, Sociales y de Acceso a la Información y Revisión de los procedimientos, en la página web de la IFC, en Marzo 20, 1990.