Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Carta Abierta

Su Excelencia Sra. Mary Robinson
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina de la Comisionada para los Derechos Humanos
8-14 Avenue de la Paix
Ginebra 10 CH 1211
Suiza

Asunto: Petición para una intervención urgente contra el arresto y encarcelamiento de defensores de los derechos de los indígenas mapuche en Chile

Excelencia:

En este día de los Derechos Humanos nosotros, las organizaciones y personas abajo firmantes, nos dirigimos a usted para pedir su intervención urgente contra el injusto arresto y encarcelamiento de los dirigentes de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, Sr. Aucán Huilcamán, Sr. Manuel Santander, Sra. Margot Collipán, Sr. Adán Ayenao, Sr. Adrián Ayenao y Sr. Sergio Marillán por parte de la Fiscalía Militar de Temuco, Chile. Le rogamos también su intervención para evitar el arresto de un séptimo miembro de la organización Sr. José Naín Pérez. El juicio de civiles por tribunales militares en Chile fue declarado como una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 30 de marzo de 1999.

El Sr. Aucán Huilcamán es un conocido dirigente de América del Sur y es uno de los nominados, a propuesta de varias organizaciones indígenas de América del Sur, como candidato para ser miembro del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas. Ha estado activamente involucrado en los procesos de Naciones Unidas para fijar estándares sobre los derechos de los pueblos indígenas, y asiste regularmente a la Comisión de Derechos Humanos y a sus Grupos de Trabajo, como el Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo ad hoc sobre el Foro Permanente para Asuntos Indígenas, la Subcomisión de Derechos Humanos y su Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y otros organismos de Naciones Unidas que tratan asuntos de los pueblos indígenas.

La orden para el encarcelamiento de estos dirigentes indígenas fue dictada por un Fiscal Militar el 29 de noviembre de 2001, acusándolos de asalto a policías en obra.

El 20 de julio de 2001, la policía entró en la oficina del Consejo de Todas las Tierras en Temuco por orden de los fiscales del Ministerio Público Alberto Chiffelle y Francisco Rojas. La policía afirmó que la acción era para confiscar soporte computacional debido a una carta enviada a la Intendente regional. En el proceso, la policía agredió al personal presente en la oficina, destruyó archivos y confiscó los equipos de computadoras y archivos de la organización. Debido al desproporcionado uso de la fuerza por parte de la policía y a su ataque a las mujeres presentes, los miembros de la organización que allí estaban protestaron contra ese comportamiento, lo que tuvo como resultado un enfrentamiento entre el personal de la organización y las fuerzas de la policía.

En vez de devolver la propiedad confiscada, el 29 de noviembre, el Fiscal Militar de Temuco presentó cargos contra los dirigentes mapuches que estaban en la oficina por presuntos ataques y heridas a las fuerzas de la policía y ordeno su detención y encarcelamiento. Hasta ahora, se les ha negado la libertad bajo fianza alegando que son un peligro para la sociedad.

El trabajo del Consejo de Todas las Tierras por los derechos políticos, territoriales, culturales y sociales del pueblo mapuche en Chile y sus esfuerzos por establecer un proceso constructivo de diálogo con el gobierno chileno para resolver los graves problemas a los que se enfrentan las comunidades mapuche, son bien conocidos (puede ver información complementaria sobre la situación del pueblo mapuche en el resumen adjunto). En todas las declaraciones que el Sr. Huilcaman y otros miembros de la organización han presentado como portavoces del Consejo de Todas las Tierras en los foros internacionales, ellos han declarado de forma continuada la necesidad de un diálogo entre los pueblos indígenas y los gobiernos nacionales para resolver los problemas de los pueblos indígenas.

Excelencia, es una grave preocupación que sean tribunales militares creados por la dictadura de Pinochet los que todavía se encargan de juzgar los casos que afectan a las comunidades mapuche. Esta es una clara violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que declara:

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial...

Chile ha ratificado el PIDCP. Después de examinar el Cuarto Informe Periódico de Chile de 24 de marzo de 1999, la Comisión de Derechos Humanos en sus Conclusiones de 30 de marzo de 1999 (CCPR/C/79/Add.104) declaró:

9. La amplia jurisdicción de los tribunales militares para entender en todas las causas relacionadas con juicios a personal militar y su poder para concluir casos que comenzaron en cortes civiles, contribuyen a la impunidad de que ese personal disfruta frente al castigo por violaciones graves de los derechos humanos. Aún más, la continuada jurisdicción de los tribunales militares chilenos para juzgar a civiles no cumple con el artículo 14 del Pacto.
Por tanto

La Comisión recomienda que la ley se reforme para restringir la jurisdicción de los tribunales militares para juzgar únicamente personal militar acusado por ofensas de naturaleza exclusivamente militar.

Por tanto, el arresto y posterior encarcelamiento de los señores Aucán Huilcamán, Manuel Santander, Margot Collipal, Adán Ayenao, Adrián Ayenao y Sergio Marillán por la Fiscalía Militar de Temuco constituye un grave incumplimiento de las Conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos y de las obligaciones de Chile hacia el PIDCP.

Por lo tanto, nosotros le pedimos a Su Excelencia que intervenga de inmediato ante el gobierno chileno para que:

1.    Libere de inmediato a los dirigentes mapuches encarcelados del Consejo de Todas las Tierras, señores Aucán Huilcamán, Manuel Santander, Margot Collipal, Adán Ayenao, Adrián Ayenao y Sergio Marillán y suspenda sus cargos en tribunales militares de acuerdo con las Conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos y las obligaciones de Chile hacia el PIDCP.

2.    Solicite al Fiscal del Ministerio Público la devolución de las propiedades confiscadas

3.    De garantías a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de que el gobierno chileno respetara sus obligaciones internacionales y de que no se repetirán tales violaciones de los derechos humanos.


Si necesita mayor información o clarificación, no dude en hacérnoslo saber.

Respetuosamente

1.    Jens Dahl, Director, International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
2.    Suhas Chakma, Coordinador, Asian Indigenous and Tribal Peoples Network, Nueva Delhi.
3.    Patricia Borraz, Coordinadora, Almáciga, España.
4.    Paul Oldham, Forest Peoples Program, Reino Unido
5.    Parshu Ram Tamang, Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales.

cc.

Sr Bertie Ramcharan
Asistente Alto Comisionado

Sr Rodolfo Stavenhagen
Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas

Sr. Julian Burger
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Sra. Hian Jilani
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Sar. Martine Anstett
Oficial de Derechos Humanos

Sr Andrew Goledzinowski
Ayudante Especial de la Alta Comisionada

Sra Steffanie Grant
Jefe del Departamento de Investigación y Derecho al desarrollo

Sra. Elisavet Stamatopoulou
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nueva York