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(Intervención del Consejo Indio de Sudamérica)
Consejo de Derechos
Humanos |
Gracias Sr. Presidente.
El pasado 8 de mayo el Gobierno Chileno presento su informe durante la 5° sesión
del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. No
obstante la visión optimista sobre la situación de los derechos
humanos en el país, la violación de los derechos humanos de
los pueblos indígenas, en particular del pueblo Mapuche no ha sufrido
cambio alguno. En efecto, el Gobierno Chileno sigue ignorando las numerosas
preguntas e inquietudes expresadas, antes y durante la presentación
del Informe por una treintena de países y que tiene relación
con la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales
así como de los derechos civiles y políticos del pueblo Mapuche.
El incumplimiento de Chile con sus obligaciones internacionales relacionadas
con el respeto y promoción de los derechos humanos, se ve una vez
mas patentizado por la acción indiscriminada de los servicios de
inteligencia que operan en el territorio ancestral del pueblo Mapuche.
Los familiares del dirigente y ex preso político Héctor Lleitul
de la comunidad Juana Millahuanque, denunciaron en mayo de este año,
haber encontrado tres micrófonos de alta tecnología incrustada
disimuladamente en libros escolares de los niños de dicha familia.
La familia denuncio que dichas actividades de espionaje se lleva a cabo,
presumiblemente durante los múltiples allanamientos que sufre su
vivienda. Asimismo, el 16 de mayo pasado los presos políticos Mapuche
Waikilaf Cadin y Andrés Coña, relegados en la cárcel
de Valdivia denunciaron haber encontrado similar dispositivo en la celda,
caso que hoy se encuentra en investigación.
Consideramos que con estas acciones las autoridades chilenas violan flagrantemente
los Derechos del Niño al utilizar escolares mapuches como vehículos
para la obtención de información y vigilancia. A esto
se suma los interrogatorios de niños mapuches que la policía
hace en escuelas rurales, situadas en áreas de conflicto; hechos
ya denunciados en esta asamblea y que forma parte de la embestida de persecución
política en contra de los dirigentes del pueblo Mapuche.
El gobierno democrático también reprime aquellos que informan
y/o documentan la violación de los derechos humanos del pueblo Mapuche
e incluye visitantes a las comunidades reprimidas, como es el caso de la
comunidad Temucuicui. Algunos amigos de los mapuches son constantemente intimidados
y hasta expulsado del país como ocurriera con los documentalistas
italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, mientras otros como el periodista
chileno Marcelo Garay fue detenido y su equipo fotográfico substraído,
por el solo hecho de estar documentando la situación Mapuche en la
región de la Araucania. Por su parte la cineasta Elena Varela fue
detenida y sus materiales incautados con fines de ‘inteligencia’,
violando la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de
la fuente de información. La documentalista desarrollaba una película
sobre la usurpación de las tierras mapuche, la industria forestal,
la criminalización de la causa indígena, la represión,
la acción de los grupos económicos y el impacto en las comunidades
afectadas.
La represión no cesa aunque los imputados cumplen con los reglamentos
delineados por las autoridades judiciales. En la noche del 7 de junio
pasado, los policías que resguardan al latifundista Rene Urban, interrumpieron
violentamente en la habitación de Jorge y Juan Huenchullan, quienes
cumplen medidas cautelares y reclusión nocturna en la ciudad de Ercilla
y sin ninguna explicación fueron violentamente golpeados y torturados,
les insultaron con términos racistas y los amenazaron de muerte, además
le incautaron su teléfono celular y otras pertenencias menores, creemos
que esta acción denota un perfil de servidumbre de la policía
con los empresarios de la región, abuso de poder y de amedrentamiento
contra aquellos dirigentes que reclaman el respeto de los derechos territoriales.
Por último, junto con condenar la masacre que se llevó a cabo
en contra de nuestros hermanos indígenas de la región
de Bagua, en la Amazonía; exhortamos al Gobierno Peruano y a las comunidades
indígenas pertinentes, así como a los organismos competente
de derechos humanos de la ONU tomar las medidas necesarias con miras de buscar
una solución pacifica y justicieramente al conflicto en desarrollo.
Hacemos un llamado a las autoridades peruanas acceder a las justas demandas
de las comunidades indígenas que exigen la derogación de los
once decretos legislativos que amenazan los derechos de los pueblos indígenas.
Consideramos totalmente desproporcionada la acción de la policía
contra la población civil que, según fuentes indígenas
de la región, habrían resultado unos 100 muertos, entre ellos
ancianos, mujeres y niños, además de una gran cantidad de heridos.
Pedimos esclarecimientos de los hechos y justicia a los familiares de los
indígenas vilmente masacrados.
Andrea Marifil Calfunao
Comité Mapuche de Derechos Humanos
Unión Europea