En el período de construcción de la central Pangue (la primera de la serie planeada en el río Biobío) surgieron importantes dudas hasta hoy nunca aclaradas y que se vinculan principalmente a los aspectos ambientales y sociales que terminaron por hacer desistir al IFC-Banco Mundial el día 11 de marzo de este año, de continuar con el préstamo acordado en US$ 55 millones y otro sindicado con Bancos Europeos en US$ 115 millones. Un mes mas tarde las Agencias de Cooperación de Suecia y Noruega, también financistas de la central, siguieron el ejemplo suspendiendo los desembolsos pactados en US$80 millones. IFC aún es dueña del 2,5% de Pangue pese las denuncias y movilizaciones que han hecho los propios afectados, acusaciones que han explotado con el informe del Prof. Theodore Downing " A Particapatory Interin Evaluation of the Pehuen Fundación" hasta hoy "vetado al público" por que según amenazas de ENDESA al Banco Mundial, éste "contiene información económica confidencial que comprometen el interés de la empresa". El reporte en lo medular, acusa al IFC de las responsabilidades que tienen con PANGUE la que está envuelta en una "inaceptable práctica de discriminación racial" en contra del pueblo Pehuenche, en cuanto a que el "experimento" Fundación Pehuén no permite la participación efectiva de los Indígenas Pehuenche en la organización llegando a ocultar información a los propios afectados en complicidad con el IFC. Como no fue posible "aceptar" lo que este informe señalaba, el presidente del Banco Mundial James Wolfesohn, solicitó otro reporte al Dr. Jay Hair cual preparó el "An Independent Review of the International Finance Corporation´s Compliance with Applicable Wolrd Bank Group Enviromental and Social Requirements" "redactado íntegramente" por el Banco con el mismo argumento que el anterior sobre el "interés del cliente". Paradojalmente, ambos expertos han señalado públicamente que allí no hay nada que comprometa a ENDESA y que los estudios deben publicarse en Inglés y Español. A pesar de esa censura, Hair realiza una acuciosa evaluación tan devastadora como el "Downing report" terminando por subirle el perfil al conflicto incluso hasta el interior del IFC.
El problema Biobío toma un rumbo definitivo "aparente" al decidir PANGUE S.A. el mismo 11 de marzo de 1997 prepagar la totalidad de los créditos, directos y sindicados por US$ 150 millones. El refinanciamiento se materializó con recursos del Dresdner Bank de Alemania, el mayor accionista del Banco Mundial. Sin embargo, el asunto de la devolución de los créditos por parte de ENDESA con dineros de la Dresdner no es tal y como la empresa eléctrica lo señaló "pomposamente" en su declaración de prensa. En una reunión con los ejecutivos de la Dresdner el día 23 de Octubre de 1997, trascendió que el banco "sólo participó con US$10 millones" en un crédito "organizado" por el IFC quien no lo destinó precisamente a un proyecto en particular, sino que constituyó un aliciente "íntegramente dirigido a ENDESA" que no alcanza el monto de los US$ 150 millones que publicita el Banco Mundial y la eléctrica, sino que es un préstamo de US$ 380 millones para que sea destinado "a gozo" de la compañía, como por ejemplo, refinanciar la central Pangue en el Alto Biobío". Dresdner Bank desconoce el destino definitivo de sus aportes y pese a lo ocurrido en aquella reunión, continúa reconociendo el liderazgo del IFC.
Ralco es la segunda hidroeléctrica planeada en el territorio Pehuenche del Alto Biobío y es la pieza clave de la serie hidráulica. Aprobada en su "sección ambiental" el 06 de Junio de 1997, el proceso que le antecedió demostró la forma en que el Estado (como lo señalado más arriba) puede intervenir a "su antojo" las departiciones ministeriales. En efecto y mientras transcurría la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) "fuera de la Ley Constitucional y de Medio Ambiente", el Director de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Mauricio Huenchulaf, tenaz opositor al proyecto RALCO, fue destituido por presentar sendos informes (conforme a lo dispuesto por la Ley Indígena respecto de la permuta del terreno a "no-indígenas") en que trataba de etnocida el proyecto Ralco y denunciaba las oscuras maniobras de presión que ENDESA aplica en las comunidades Pehuenche para lograr el apoyo de la población a la central y la posición inconstructiva que el gobierno había adoptado en el tema. Tiempo después, se concretó el despido de la Directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Vivian Blandot por exigirle a ENDESA al momento de calificar ambientalmente el proyecto Ralco, una serie de mitigaciones que a juicio de los evaluadores era "lo mínimo" que se podía exigir. Entre estas exigencias se encontraba la creación de una reserva de 3.800 ha, un plan de mitigaciones que llegue a los 12 años y no 4 como era la propuesta de ENDESA y una caudal mínimo de 32 m2/seg en contraposición a los 12 m2/seg que había designado la empresa. Naturalmente y al momento de asumir el nuevo director, las reglas cambiaron en favor de ENDESA como era el pleno deseo del Legislativo.
Aún no cambia la situación. Hoy se sigue discutiendo la aprobación de la Central Ralco lo que recae en definitiva sobre las manos de CONADI y su nuevo ejecutivo. Según la ley, corresponde a este organismo pronuciarse si autoriza o no la permuta de los actuales terrenos por los que ENDESA esta ofreciendo y que a juicio de expertos independientes y de los "propios Pehuenche afectados", no compensan en lo más mínimo los predios inundados. Pese a ello, la compañía continúa su presión apocalíptica en el Alto Biobío engañando e intimidando a la población, ofreciendo regalos y dinero por aceptar las condiciones de traslado... y el Estado aún continua de brazos cruzados esperando que se lleve adelante el llamado "desarrollo" en una zona y para un país, según ellos, que lo necesita urgentemente.
Noviembre de 1997