2)A pocos años del siglo 21 asistimos a tiempos históricos en que la globalización del planeta coincide con la emergencia de una conciencia universal que valora y promueve la diversidad cultural y étnica del mundo.
En Chile la construcción de una sociedad democrática y sostenible en lo ambiental, en lo social , en lo cultural y en beneficio real de la sociedad civil, no puede dejar de considerar la histórica, rica y valiosa diversidad cultural del país y el derecho de los distintos grupos en la definición de su desarrollo con identidad.
3)En los útlimos meses se ha levantado una fuerte crítica del Pueblo Mapuche en contra de megaproyectos que una vez más sólo consideran el "crecimiento económico", atentando contra el medio ambiente, la cultura, derechos tradicionales y ciudadanos del Pueblo Mapuche, todos consagrados en la Ley Indígena.
Con esa crítica, el Pueblo Mapuche, apela a su derecho a defender lo propio, su cultura y tierras ancestrales, así como a generar un diálogo horizontal y respetuoso con las autoridades públicas y privadas del país.
Sólo generándose ese diálogo se estará obrando acorde al marco político democrático y legal vigente, respetando la Ley Indígena y poniendo en práctica una democracia participativa e igualitaria.
4)Un primer paso en este sentido lo constituyó la firma, en diciembre de 1989, del solemne Acuerdo de Imperial, entre Patricio Aylwin y las Organizaciones Indígenas.
Este acuerdo constituyó un reconocimiento de una deuda histórica del Estado Chileno con el Pueblo Mapuche y dió lugar en 1993 a la Ley Indígena 19.253, la que fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en todas sus instancias y de la cual surge la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Las actuales demandas del Pueblo Mapuche al Gobierno y a la clase política apelan al respecto de las propias normativas y acuerdos suscritos legalmente por los mismos representantes del poder político del país.
5)En ese contexto, en el último tiempo hemos mirado con preocupación como se continúa adelante con esos megaproyectos económicos, llegándose en el caso de Ralco incluso a contravenir a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y a la CONADI, las que en primera instancia hicieron ver al país la inviabilidad ambiental y cultural del proyecto.
6)Por lo anterior solicitamos al Presidente de la República
y a todas las autoridades del Estado comprometidas en la construcción
de un país democrático y plural para el siglo 21, que se
abran a un diálogo intercultural con los legítimos representantes
del Pueblo Mapuche
Junio, 1997