La dignidad mapuche nos interpela
Raúl Zibechi /Alai-amlatin
(Tras 110 días en huelga de hambre, la comunera mapuche Patricia
Troncoso Robles decidió poner fin a la medida de presión ayer
28 de enero. El gobierno de Bachelet accedió a sus demandas reclamadas
para sí misma y para otras dos personas -Juan Millalen y Jaime Marileo-,
que incluyen beneficios carcelarios como salidas durante los fines de semana
a contar desde marzo, sin evaluación previa de la gendarmería.
Varias voces al interior de Chile y a escala internacional piden poner fin
a la criminalización del pueblo mapuche y que se busque una solución
profunda para sus reclamos ).
“Si mi muerte sirve para la libertad de mis hermanos, yo no voy a desistir”,
escribió Patricia Troncoso el 23 de diciembre cuando llevaba 74 días
en huelga de hambre en la prisión de Angol, en el sur chileno. Luego
fue trasladada a Chillán y el martes pasado le fue suministrado, en
contra de su voluntad, suero intravenoso para mantenerla con vida. Patricia
lleva más de cien días de ayuno y su estado de salud es muy delicado.
En esta ocasión la represión no consiguió aislar la lucha
mapuche. En estos casi cuatro meses se han desarrollado movilizaciones en varias
ciudades de Chile, incluso en la capital, Santiago. El 12 de noviembre una
delegación de parlamentarios venezolanos visitó la cárcel
de Angol y manifestó su preocupación por el estado de salud de
los presos. Amnistía Internacional envió una carta a la presidenta
Bachelet, el 21 de enero, pidiendo por la vida de Patricia y recordando que
en 2003 el Relator Especial de Naciones Unidas presentó un informe de
su misión a Chile en el que recomendaba que “además del
otorgamiento de títulos sobre terrenos privados, los territorios tradicionales
que incluyan recursos de uso comunitario deben ser reclamados y reestablecidos”.
Una misión de diez organizaciones de derechos humanos y la central de
trabajadores (CUT) realizaron una misión de observación, a comienzos
de enero, luego del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, que
los llevó a denunciar “la brutalidad, el salvajismo y el terrorismo
de Estado” que sufren la comunidades. Arturo Martínez, presidente
de la CUT, señaló que este conflicto no se resuelve con balas
y represión y, algo inédito en la central sindical luego de la
dictadura, dijo: “Los mapuche pueden contar con nosotros. Su derecho
sagrado a la tierra merece ser respaldado”.
El 10 de enero fue difundida una Declaración de Historiadores de Chile,
en la que se denuncia “la virtual militarización del territorio
histórico del pueblo mapuche” y “la instauración
de un régimen permanente de vigilancia y terror policial”. Los
historiadores, entre los que figura el Premio Nacional de Historia, Gabriel
Salazar, apuntan contra la criminalización de la lucha mapuche y la
aplicación de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura militar
así como el cerco mediático que sufren. Concluyen apuntando que
el Estado chileno debe reconocer “la autonomía política
de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente
usurpadas en base al ‘derecho de Conquista’ y el pleno respeto
de los derechos humanos de sus integrantes”.
En segundo lugar, la huelga de hambre –que forma parte de una nueva oleada
de movilización mapuche- promovió una mayor coordinación
y articulación entre las diversas organizaciones políticas, sociales
y culturales del mundo mapuche. Ambos hechos, la solidaridad nacional e internacional
y la creciente convergencia organizativa del universo mapuche, son los datos
más esperanzadores de la ofrenda de Patricia Troncoso.
Bajo los gobiernos de la Concertación Democrática (desde 1990)
han sido procesados 400 mapuche por la Ley de Seguridad Interior o la Ley Antiterrorista.
Esta fue la respuesta al ciclo de luchas abierto en 1997 a través del
estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandes empresas
forestales y de energía. El movimiento desplegó iniciativas culturales,
artísticas y de medios de comunicación propios y consiguió recuperar
tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierras para las
comunidades debieron pasar de unos 5 millones de dólares en 1995 a más
de 30 millones en 2001.
En el marco del clima generado por los atentados del 11 de septiembre de 2001
en Estados Unidos, se comenzó a aplicar la Ley Antierrorista. Entre
noviembre de 2001 y octubre de 2003 fueron procesados 209 mapuche sólo
en la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos
en manifestaciones, golpeados y maltratados en lo que, según múltiples
observadores, es una verdadera “guerra sucia”. Patricia Troncoso
fue procesada por haber participado, en diciembre de 2001, en el incendio de
cien hectáreas de pinos de la Empresa Forestal Mininco.
Cualquiera que haya visitado las comunidades mapuche del sur, puede comprobar
que están siendo arrinconadas y exterminadas por un mar de cultivos
forestales que arrasan sus tierras y les impiden seguir sembrando y produciendo
su sobrevivencia. Peor aún: las comunidades son allanadas sin orden
judicial por la policía con armamento de guerra, y existen comandos,
como el “Hernán Trizano”, que realizan incursiones nocturnas
con disparos mientras se instalan cámaras de vigilancia y aparatos que
interfieren los celulares. Las organizaciones de derechos humanos aseguran
que carabineros se visten de civil para realizar incursiones y amedrentamientos. ¿Quién
practica el terrorismo?
El gobierno de Bachelet tuvo todo este tiempo un comportamiento vergonzoso.
Tiene razón Patricia cuando dice en su carta: “¿Qué podemos
esperar de nuestros verdugos, si provienen de una generación que vivió todos
estos flagelos y con el tiempo se han deshumanizado al punto de olvidar el
exilio, las torturas, la persecución y la muerte de tantos seres humanos?”
Ahora que la decisión y el coraje de Patricia y de un puñado
de mapuche se ha saldado con un resonante e histórico triunfo, puede
ser la hora de las preguntas incómodas. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuántas
veces tienen los del más abajo que ofrendar sus vidas –que en
definitiva es lo único que tienen- para que los de abajo reaccionen,
reaccionemos, y gritemos juntos un ¡Ya Basta! capaz de frenar la genocida
ambición de poder de los de arriba?
- Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario
Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en
la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos
sociales.