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Declaración Pública Del Colegio De Antropólogos De Chile

Respecto Del Accionar Policial En Territorio Mapuche

En una anterior declaración pública (14/11/02) el Colegio de Antropólogos de Chile expresaba su pesar por la muerte - en un operativo policial - del joven mapuche Edmundo Alex Lemun Saavedra, también, nuestro Colegio manifestaba su inquietud por la creciente utilización desmedida de la fuerza para hacer frente a los movimientos reivindicativos mapuches.

La muerte de Alex Lemún no es un hecho aislado. Este acto de violencia extrema, debe situarse junto a una sucesión de muertes generadas entre comuneros mapuche (como tristemente atestiguan los hechos de San Juan de la Costa en la X Región y los hechos del Alto Bío-Bío hace unos meses), así como a los actuales hechos de encarcelamiento. Consideramos que esta compleja trama de hechos de muerte, es el resultado de conflictos que radican en la larga historia de usurpaciones y posteriores conflictos generados por el Estado.

Lamentablemente, una vez más debemos pronunciarnos, en tanto que profesionales ligados al mundo indígena, sobre el vasto operativo policial llevado a cabo el 5 de diciembre último que concluyó con la detención simultanea de 16 personas en la región de la Araucanía y la posterior formalización de cargos a 15 de ellos por asociación ilícita terrorista.

Independientemente del aspecto judicial particular de este caso sobre el cual no disponemos de los elementos necesarios para emitir una opinión informada en estos momentos, queremos sí pronunciarnos sobre el fondo de una estrategia de Estado que se está implementando actualmente frente al pueblo Mapuche y sobre la cual no podemos callar.

El Colegio de Antropólogos de Chile nació como organización gremial en un período de la historia de Chile en que era necesario crear espacios ciudadanos que ayudaran a denunciar abusos y a consolidar la conciencia democrática del país; pensábamos que la labor de denuncia que por esos años de dictadura realizó intensamente nuestro colegio estaba superada.

Sin embargo, vemos resurgir hoy día procedimientos policiales militarizados y arbitrarios, instrumentos jurídicos especiales y cuestionables - como la ley antiterrorista - y estrategias comunicacionales manipuladoras y demagógicas dignas de otra época que muestran una gran incapacidad e inconsecuencia de parte de quienes nos gobiernan para enfrentar al mundo indígena. Al Estado chileno, le corresponde una responsabilidad histórica en estos hechos. En este sentido, y pese a las alusiones de garantías de la democracia en nuestro país, no se advierte una voluntad política en pos del legítimo reconocimiento del pueblo mapuche. Fruto de ello, se evidencia hoy, de manera alarmante, la existencia de acercamientos y diálogos parciales que no reconocen a un pueblo, sino más bien, intentan dividir y cooptar a organizaciones.

No es la actual estrategia que se reduce, por una parte, a la inyección de recursos financieros para crear un supuesto desarrollo participativo de las comunidades y, por otra, a la utilización de la represión contra quienes se salgan de los márgenes establecidos por la política indígena, la real solución a lo que se ha llamado el "conflicto" mapuche.

La política indígena actual es más bien un ejercicio malabarístico que trata de conjugar desarrollo y resguardo de los grandes intereses económicos ligados a la sobreexplotación de los recursos naturales. Esto no es consecuente con el respeto de la diversidad como elemento central que asegure una convivencia sana en Chile ni con el debido reconocimiento de la deuda histórica hacia el pueblo mapuche y la necesaria valoración del patrimonio humano y cultural.

Nos parece que lo más grave de esta situación - y de la cual los fenómenos de muerte y encarcelamiento no son más que su clara manifestación - es que estamos en presencia de la superposición de la defensa de bienes privados, en detrimento de la defensa y promoción de bienes públicos. La convivencia, el respeto y el diálogo intercultural son bienes públicos, que como tales, no pueden ser sacrificados -como la muerte lo atestigua- en pos de lo privado.

Llamamos al Estado y al Gobierno, a promover un diálogo con el pueblo mapuche, respetando sus formas de organización y autoridades tradicionales. Creemos que ello puede abrir una vía de solución al conflicto. El gobierno, en virtud de su propio ideario valórico, debería favorecer la mediación política, valorando los recursos culturales y organizativos del pueblo mapuche; en vez de optar, como lo ha hecho, por la estrategia de persecución penal-policial que conlleva consecuencias represivas nefastas para la sociedad en su conjunto.

Nada bueno se logrará con construir un nuevo "enemigo interno"; con fomentar consensos punitivos que sólo sirven para mantener un control ficticio y transitorio de los problemas; a la larga, la convivencia democrática será la principal perjudicada con la aplicación de leyes antidemocráticas que, paradójicamente, se usan en su defensa.

Finalmente, hacemos un llamado a la opinión pública, a no dejarse engañar por los manejos comunicacionales que se observan diariamente en la IX Región respecto de la situación de conflicto, que intentan generar un discurso negativo y de desconfianza hacia los mapuche. Apelamos a la capacidad de reflexión y libertad de la ciudadanía, para asumir esto no sólo como un problema del pueblo mapuche, sino como un desafío de la sociedad chilena en su conjunto.

Directiva Nacional Colegio de Antropólogos de Chile

Directiva Regional Colegio de Antropólogos de Chile Capítulo Regional IX Región