Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces |   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campa帽as
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2016-02-22 | Campa帽as | Indoamericano

TTIP, TPP, TISA, CETA聟

Vulneran el sistema internacional de los derechos humanos

Las autoridades encargadas de negociar el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Trans-Pacific Partnership (TPP) , Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) , Trade in International Services Agreement (TiSA) (por sus siglas en ingl茅s)ignoran el sistema internacional de los derechos humanos y privilegian los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Est谩n reformando el sistema jur铆dico internacional por la v铆a de los hechos y profundizando en la fragmentaci贸n del Derecho Internacional.




El control de legalidad de estos tratados y acuerdos implica analizar el procedimiento de elaboraci贸n, la forma de aplicaci贸n y su posible colisi贸n con el sistema internacional de los derechos humanos; tambi茅n supone estudiar sus impactos en la funci贸n reguladora de los Estados para proteger y garantizar los derechos civiles, sociales, econ贸micos, culturales y medioambientales.
Para ello, vamos a tener en cuenta los informes elaborados 聳en julio y agosto de 2015- por el experto independiente -Alfred-Maurice de Zayas- sobre la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo[1]. Tambi茅n vamos a analizar el informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos -Sra. Victoria Tauli-Corpuz- de los derechos de los pueblos ind铆genas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos ind铆genas.
Una primera cuesti贸n de procedimiento, un experto independiente o una Relatora de la ONU no son personas expertas sin m谩s, ya que forman parte del Procedimiento Especial y son nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) -compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas- para examinar e informar sobre un tema o cuesti贸n espec铆fica de derechos humanos.
La expresi贸n 聯procedimientos especiales聰 se refiere a los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer frente a situaciones concretas en pa铆ses concretos o a cuestiones tem谩ticas en todo el mundo.

Experto independiente sobre la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo
El 29 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adopt贸 la resoluci贸n 18/6 sobre la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo[2].
La resoluci贸n tambi茅n cre贸 el mandato del Experto independiente sobre la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo por un periodo inicial de tres a帽os. El mandato fue prorrogado por un periodo de tres a帽os, hasta el 30 de abril de 2018[3].
Uno de los informes aborda los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversi贸n, los tratados bilaterales de inversi贸n y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional democr谩tico y equitativo[4] y el otro informe hace hincapi茅 en los efectos de la soluci贸n de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democr谩tico y equitativo[5].
Para la elaboraci贸n de los mismos, se han tenido en cuenta los informes de ocho titulares de mandatos de procedimientos especiales y las observaciones generales y finales pertinentes de los 贸rganos de tratados como el Comit茅 de Derechos Humanos, el Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales y el Comit茅 de los Derechos del Ni帽o[6].
El Experto independiente considera que 聯los tratados y acuerdos de comercio e inversiones conllevan una regresi贸n en la protecci贸n de derechos como el derecho a la vida, a la alimentaci贸n (A/HRC/25/57), al agua y el saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educaci贸n, a la cultura, al mejoramiento de las normas laborales, a un poder judicial independiente, a un medio ambiente inocuo y a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Por otra parte, existe una leg铆tima preocupaci贸n por la posibilidad de que los acuerdos internacionales de inversi贸n agraven el problema de la pobreza extrema, la renegociaci贸n de la deuda externa, la regulaci贸n financiera y los derechos de los pueblos ind铆genas, las minor铆as, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables聰.

Antecedentes
La desaparecida Subcomisi贸n de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resoluci贸n 2004/16 decidi贸 prorrogar por otros tres a帽os su mandato y tom贸 el acuerdo en la resoluci贸n 2005/6, de ocho de agosto, de profundizar en los efectos de los m茅todos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales y de analizar los medios y formas de proteger a las personas o grupos frente a los da帽os causados por la actividad comercial[7]. A su vez se design贸 a la Sra. Chin Sung Chung y a la Sra. Florizelle O麓Connor para que elaboraran un documento sobre 聯Acuerdos econ贸micos bilaterales y multilaterales y sus repercusi贸n sobre los derechos humanos de los beneficiarios聰 y otro titulado 聯La funci贸n de los Estados en la garant铆a de los derechos humanos, con referencia a las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales聰 encargado al Sr. Gaspar Bir贸.
En la 21陋 sesi贸n de la Subcomisi贸n, del 24 de agosto de 2006, se presentaron ambos documentos. El documento de trabajo sobre los acuerdos econ贸micos bilaterales y multilaterales y su repercusi贸n sobre los derechos humanos de los beneficiarios[8] se centr贸 en cuatro ideas. La primera, en c贸mo el papel de las transnacionales en los acuerdos econ贸micos es fundamental y c贸mo la red econ贸mica tejida en torno a los acuerdos multilaterales y regionales se complementa con la proliferaci贸n de los tratados bilaterales. La preocupaci贸n deviene de la falta de transparencia y cauces democr谩ticos en su negociaci贸n, de la necesidad de atraer inversiones sin condiciones por los pa铆ses pobres y de las dificultades jur铆dicas de aplicar la extraterritorialidad de las normas. La segunda analiz贸 los efectos directos e indirectos sobre los derechos humanos. La tercera incidi贸 en la responsabilidad, en grados diferentes, de los Estados y de las empresas transnacionales. La cuarta estableci贸 diversas f贸rmulas para promover la responsabilidad: invocar la responsabilidad derivada de los instrumentos internacionales de derechos humanos, preparar evaluaciones que delimiten los impactos de los acuerdos econ贸micos, aplicar la cl谩usula de excepci贸n general de los acuerdos de la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) en el Sistema Generalizado de Preferencias en las negociaciones comerciales, incorporar en los acuerdos comerciales la responsabilidad de las multinacionales, y volver a la 聯doctrina Calvo聰 respecto a la competencia de los tribunales nacionales de justicia.
El documento relativo a la responsabilidad de los Estados en la garant铆a de los derechos humanos[9] se centr贸 en lo que denomin贸 la 聯renuencia聰 de los Estados a cumplir sus obligaciones de derechos humanos en relaci贸n con las actividades de las empresas transnacionales. Esto implica describir los efectos de las privatizaciones de sectores b谩sicos y la coincidencia de funciones esenciales de los Estados con las funciones p煤blicas. Los Estados deben obligar a las multinacionales a cumplir la ley pero, a su vez, 茅stas tienen obligaciones y responsabilidades en sus esferas de inter茅s.

El marco normativo
La adecuaci贸n de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones a la legalidad internacional implica contrastar el contenido de los mismos con los tratados de derechos humanos, los principios generales del derecho, el derecho internacional consuetudinario, las declaraciones y las resoluciones; todo ello constituye un orden p煤blico esencial y de obligado cumplimiento.
Por otra parte, tal y como analizaremos, este r茅gimen jur铆dico prevalece sobre el orden y la estabilidad de los intereses de los inversores.

Sobre la elaboraci贸n de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones
En primer lugar, la elaboraci贸n, negociaci贸n y aprobaci贸n de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no puede realizarse de espaldas a la ciudadan铆a y a los representantes democr谩ticos tal y como obliga el art铆culo 25 a) en concordancia con el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos.[10] La opacidad y el secreto en las negociaciones de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no se ajustan al orden internacional[11].
En el informe titulado 聯La Defensora del Pueblo Europeo apoya el car谩cter secreto de las negociaciones del TTIP聰 y publicado en la p谩gina web de econom铆a CIUDADANA[12], se recoge como 聯la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O聮Reilly, ha decidido que en la reclamaci贸n 1777/2014/PHP contra la Comisi贸n Europea sobre la solicitud de acceso a 20 documentos originales relativos al Tratado Transatl谩ntico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Uni贸n Europea (TTIP), realizada por el ciudadano Gregorio Abascal a trav茅s de su blog Econom铆a Ciudadana, lo siguiente: 聯No ha habido mala administraci贸n por parte de la Comisi贸n Europea聰, procediendo al cierre de la investigaci贸n聰. El informe a帽ade 聯con esta decisi贸n, O聮Reilly consolida la posici贸n de la Comisi贸n Europea y del Consejo Europeo sobre la absoluta prioridad de mantener en secreto los documentos del TTIP, ignorando no s贸lo a la ciudadan铆a y su derecho a la informaci贸n, sino tambi茅n al Tribunal Europeo de Justicia, 煤nico 贸rgano legitimado para la interpretaci贸n de la legislaci贸n de la Uni贸n Europea, y la interpretaci贸n del mismo Reglamento 1049/2001 de la sentencia C‐ 350/12 P en casaci贸n聰.
En las negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU se est谩 produciendo un incumplimiento sistem谩tico de la legislaci贸n internacional y de la legislaci贸n comunitaria. Incumplimiento que explica el Europarlamentario Konstantinos Chrysogonos en su informe sobre el control de la aplicaci贸n del Derecho de la UE en la Comisi贸n de Asuntos jur铆dicos del Parlamento Europeo[13].

Sobre el cuerpo normativo de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas han elaborado un cuerpo normativo -tal y como afirma el Experto independiente- que ha puesto en el escenario mundial no solo la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, sino tambi茅n instrumentos jur铆dicamente vinculantes, entre ellos diez tratados fundamentales de derechos humanos[14] e innumerables declaraciones y resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Econ贸mico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, los convenios pertinentes de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo 聳Convenios 14, 29, 77, 78, 87, 95, 98, 102, 105, 138, 169 y 182- y la Organizaci贸n Mundial de la Salud y otros tratados internacionales como la Convenci贸n para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convenci贸n sobre la Protecci贸n del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y la Convenci贸n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim谩tico, as铆 como la Declaraci贸n sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Econ贸mico Internacional, la Declaraci贸n sobre el Derecho al Desarrollo y la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas.
El extenso cuerpo de tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos humanos que ya existe crea un marco jur铆dico internacional que debe ser tenido en cuenta siempre que un Estado firme o ratifique un acuerdo con otros Estados. El r茅gimen de derechos humanos, debe considerarse superior a otros acuerdos, incluidos los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Los tribunales nacionales y los tribunales y mecanismos de arbitraje internacionales deben estar subordinados a ese r茅gimen.

Sobre el Orden P煤blico Internacional
Hay que tener en cuenta el car谩cter din谩mico del Derecho Internacional, ya que 茅ste es un Derecho universal vinculado a las personas cuyas fuentes normativas no son s贸lo los tratados o acuerdos entre Estados sino la propia Carta de Naciones Unidas, las Declaraciones, otros instrumentos al margen de la ratificaci贸n de los Estados, la costumbre y los principios generales del Derecho. La construcci贸n del ius cogens o normas de orden p煤blico internacional se regula en el art铆culo 53 de la Convenci贸n de Viena sobre Derecho de los Tratados[15]. El ius cogens integra un nuevo orden p煤blico internacional investido de imperium al margen de los Estados. Tiene, a su vez, eficacia erga omnes y m煤ltiples fuentes normativas. Barbagaleta (1999)[16] ha ratificado las caracter铆sticas descritas del ius cogens incidiendo en su universalidad e imperatividad al margen de los Estados, aunque requiere una aceptaci贸n mayoritaria de la comunidad internacional. En esta l铆nea de interpretaci贸n expansiva y progresista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aunque minoritaria doctrinalmente, Alberto Galinsoga afirma que, 聯Los instrumentos normativos universales de protecci贸n de los derechos humanos tienen un car谩cter polifuncional, en el sentido de que proclaman los valores 茅ticos-pol铆ticos relevantes, reconocen los principios jur铆dicos rectores en la materia, establecen un est谩ndar minimum normativo de car谩cter subsidiario, en defecto de norma nacional o internacional m谩s favorable, y marcan los objetivos hacia los que los Estados deben dirigir sus pol铆ticas, medidas legislativas y administrativas聰. 聯Los principios reconocidos en las grandes Convenciones Internacionales de derechos humanos se imponen como rectores de las normas aplicables en este 谩mbito y vertebran toda la normativa internacional general, regional y nacional. Como principios jur铆dicos vinculantes se imponen a todas las normas que contravengan su contenido, y como tales, pueden y deben ser aplicados por las legislaciones nacionales聰 (Galinsoga, 2002: 353 y 356)[17].
As铆, la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendaci贸n 茅tica. En el Derecho Internacional el sistema de fuentes viene recogido en el art铆culo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y forman parte del mismo, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y las decisiones judiciales; la costumbre tiene el mismo valor jur铆dico que los tratados internacionales y el Derecho Internacional consuetudinario est谩 en vigor y es obligatorio. La Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos forma parte del mismo y es una verdadera norma imperativa o de ius cogens que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional y que seg煤n el art铆culo 53 de la Convenci贸n de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo en contrario por otra norma que no sea imperativa[18].
El Derecho Internacional consuetudinario es de obligado cumplimiento y tiene una jerarqu铆a superior a los tratados y acuerdos de comercio e inversiones.

Sobre la superioridad jer谩rquica de los derechos humanos frente a las normas de comercio e inversiones
Los tratados de comercio e inversiones deben respetar y someterse -son jer谩rquicamente inferiores- a la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de Naciones Unidas.
La Carta de las Naciones Unidas en su art铆culo 103 establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contra铆das por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contra铆das en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecer谩n las obligaciones impuestas por la presente Carta. Es decir, las normas de comercio e inversiones est谩n subordinadas a las nomas sobre derechos humanos[19]. En esta direcci贸n el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 1989 en el caso Soering c. el Reino Unido, establece que las obligaciones existentes en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevalecen sobre las de los tratados de extradici贸n y, por extensi贸n, sobre los tratados y acuerdos de comercio e inversiones (Teitelbaum, 2004)[20].
El Comit茅 del Pacto de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales emiti贸 una declaraci贸n en la que se dice: 聯Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duraci贸n limitados y susceptibles de transacci贸n, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresi贸n de una reivindicaci贸n fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los reg铆menes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protecci贸n a los autores y creadores individuales 聳 se centran cada vez m谩s en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales聰. Por su parte, en la resoluci贸n 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisi贸n de derechos humanos de la ONU ha dicho: 聯Afirma que la protecci贸n de los intereses morales y materiales que resultan de toda producci贸n cient铆fica, literaria o art铆stica de que una persona es autora es, de conformidad con el p谩rrafo 2 del art铆culo 27 de la Declaraci贸n de Derechos Humanos y el inciso c) del p谩rrafo 1 del art铆culo 15 del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, un derecho humano, en los l铆mites del inter茅s general; declara, sin embargo, que dada que la aplicaci贸n del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como deber铆a la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos cient铆ficos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentaci贸n y del derecho a la autodeterminaci贸n, hay conflictos visibles entre el r茅gimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra; recuerda a todos los gobiernos la primac铆a de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las pol铆ticas y los acuerdos econ贸micos聰.
La Corte Interamericana de derechos Humanos, en su Opini贸n Consultiva OC/2/82, de 24 de septiembre de 1982 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convenci贸n, se expres贸 en estos t茅rminos: 聯los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convenci贸n Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en funci贸n de un intercambio rec铆proco de derechos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protecci贸n de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien com煤n, asumen varias obligaciones, no en relaci贸n con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicci贸n聰.
Tambi茅n la Comisi贸n Europea de Derechos Humanos, bas谩ndose en el Pre谩mbulo de la Convenci贸n Europea expres贸 en el caso 788/ Austria vs. Italia que: 聯el prop贸sito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convenci贸n no fue concederse derechos y obligaciones rec铆procas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa聟 y establecer un orden p煤blico com煤n de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia com煤n de tradiciones pol铆ticas, ideas y reg铆menes de derechos聰.
Por consiguiente, es imprescindible comprobar que los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y los mecanismos de soluci贸n de controversias entre inversores y Estados sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas que regulan los derechos humanos.

Sobre las Observaciones Generales
El Experto internacional afirma que 聯聟 las Naciones Unidas ha establecido mecanismos de aplicaci贸n, incluidos los 贸rganos creados en virtud de tratados, como el Comit茅 de Derechos Humanos y el Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, que han llevado adelante la labor de fijaci贸n de normas mediante la aprobaci贸n de observaciones generales sobre las disposiciones de los pactos internacionales y han participado en las actividades de vigilancia, el examen de los informes peri贸dicos de los Estados partes y las visitas sobre el terreno聰. Las observaciones generales son interpretaciones autorizadas realizadas por los distintos 贸rganos credos en virtud de los tratados de derechos humanos.
聯El Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales ha formulado observaciones generales pertinentes: n煤m. 12 sobre el derecho a una alimentaci贸n adecuada (art. 11), p谩rrafos 19 y 36 (聯Los Estados Partes deben asegurarse de que, en los acuerdos internacionales, se preste la debida atenci贸n al derecho a una alimentaci贸n adecuada聰); n煤m. 14 sobre el derecho al disfrute del m谩s alto nivel posible de salud (art. 12), p谩rrafo 39 (聯En relaci贸n con la concertaci贸n de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud聰) y p谩rrafo 41, que proh铆be imponer embargos o sanciones al suministro de medicamentos y equipo m茅dico; n煤m. 15, sobre el derecho al agua (arts. 11 y 12), p谩rrafos 31, 35 y 36 (聯Los Estados Partes deber谩n velar por que en los acuerdos internacionales se preste la debida atenci贸n al derecho al agua y, con tal fin, deber谩n considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos jur铆dicos. En cuanto a la concertaci贸n y aplicaci贸n de otros acuerdos internacionales y regionales, los Estados Partes deber谩n adoptar medidas para garantizar que estos instrumentos no repercutan negativamente en el derecho al agua potable聰); n煤m. 18 sobre el derecho al trabajo (art. 6) y n煤m. 19 sobre el derecho a la seguridad social (art. 9)聰.
Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben tener en cuenta y adecuarse a las diferentes observaciones mencionadas.

Sobre los Principios Generales
Entre las fuentes de derecho reconocidas por la Corte Internacional de Justicia figuran los principios generales del derecho (art. 38, p谩rrafo 1 c), del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que configuran el orden jur铆dico nacional e internacional. Entre esos principios fundamentales est谩n el de buena fe que significa que la ley debe ser coherente y no puede ser utilizada antit茅ticamente para destruir derechos. La Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos consagra este principio en el art铆culo 30, que se refleja en el art铆culo 5 de los dos Pactos. Otros principios generales del derecho pertinentes son los principios de proporcionalidad, previsibilidad, rebus sic stantibus, la prohibici贸n del abuso de derecho, de incitaci贸n a la comisi贸n de un delito y de tratados o contratos que sean contra las buenas costumbres y la ilegalidad del enriquecimiento injusto.
Los tribunales tambi茅n puede aplicar el principio de equidad, en la medida en que en todos los acuerdos existe un elemento inherente de la misma.
Los inversores pueden invocar el principio pacta sunt servanda -los acuerdos deben cumplirse- regulado en el art铆culo 26 de la Convenci贸n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero requiere de la buena fe y aplicarse de una manera que no contravenga la Carta o los tratados de las Naciones Unidas.
En virtud del art铆culo 28 de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos, los Estados establecer谩n 聯un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaraci贸n se hagan plenamente efectivos聰. Este principio est谩 reforzado por el art铆culo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos y el art铆culo 2 del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales.
En conclusi贸n, los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben respetar el conjunto de los Principios Generales del Derecho.

Sobre el Derecho Penal Internacional
El derecho penal internacional y los precedentes de Nuremberg tambi茅n podr铆an ser pertinentes para examinar los tratados y acuerdos de comercio e inversi贸n. Como manifiesta el Experto independiente, 聯ser铆a apropiado comprobar si el concepto de 聯conspiraci贸n聰 para cometer actos contra bonos mores (o 聯empresa criminal conjunta聰, en la expresi贸n utilizada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia) pueden aplicarse al m茅todo aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de inversi贸n. 驴Son los Estados o algunas empresas transnacionales culpables de 聯conspiraci贸n聰? Los actos constitutivos de una conspiraci贸n de este tipo pueden incluir proporcionar deliberadamente informaci贸n falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades o fundaciones para que preparen 聯informes teleol贸gicos聰; y conspirar con grandes empresas de medios de comunicaci贸n para asegurarse de que solo se presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversi贸n y los acuerdos de libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos pol茅micos. La cuesti贸n de la responsabilidad penal de las empresas por ecocidio y otros delitos es merecedora de un an谩lisis a fondo en un informe futuro聰.

Sobre los Estados
El Experto independiente sobre la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo recoge reflexiones importantes que se reproducen a continuaci贸n:
La Carta de las Naciones Unidas establece una orden internacional de Estados soberanos, que no puede ser sustituido por un nuevo orden internacional articulado sobre las normas de comercio e inversiones. Todos los Estados est谩n obligados por la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados deben ser conformes con ella, en particular con sus art铆culos 1, 2, 55 y 56[21].
Los Estado leg铆timos deben promover el bienestar de la poblaci贸n que se halle bajo su jurisdicci贸n; las funciones esenciales del Estado no pueden ser privatizadas. La adopci贸n de tratado o acuerdos de comercio e inversiones requiere evaluaciones de impacto en los derechos humanos, la salud y el medio ambiente.
Como establece el informe del Experto independiente, 聯un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicci贸n traiciona su propia raz贸n de ser y pierde su legitimidad democr谩tica. Entre los derechos que deben garantizar los Estados figuran el derecho a la vida, a la seguridad de la propia persona, a la participaci贸n en los asuntos p煤blicos, a una patria, a la libre circulaci贸n, a la salud, a la educaci贸n, al empleo y a la seguridad social. Estos compromisos est谩n consagrados, entre otros, en los art铆culos 1, 2, 6, 9, 12, 17, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos y en los art铆culos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos聰.
Por ejemplo, 聯los Estados deben garantizar el acceso a medicamentos asequibles es esencial para proteger el derecho a la vida, y negarse a proporcionar esos medicamentos asequibles equivale al delito penal de denegaci贸n de ayuda humanitaria de asistencia a personas en peligro. Dicho de otro modo, no es posible apropiarse de los conocimientos para obtener un beneficio, ni estos pueden ser privatizados ni convertidos en bienes comerciables, sino que m谩s bien deben ser compartidos en un esp铆ritu de solidaridad internacional聰. La confrontaci贸n entre las normas reguladas en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es flagrante.
El Grupo de Trabajo sobre la cuesti贸n de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas ha destacado en sus informes que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos estipulan, en los principios 8 y 9, que 聯los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las pr谩cticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado聰 y que 聯los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos pol铆ticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a trav茅s de tratados o contratos de inversi贸n聰. Por tanto, todos los acuerdos y tratados de comercio e inversi贸n que se negocien deben incluir una clara disposici贸n que estipule que en caso de conflicto entre las obligaciones de derechos humanos del Estado y las obligaciones impuestas por otros tratados, prevalecer谩n los instrumentos de derechos humanos.
聯La validez de los tratados bilaterales de inversi贸n y los acuerdos de libre comercio debe ponerse a prueba aplicando las normas de la Convenci贸n de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por ejemplo, un tratado puede ser nulo si es posible demostrar que hubo una violaci贸n manifiesta de la constituci贸n del Estado, errores referentes a un hecho o a una situaci贸n cuya existencia se diera por supuesta en el momento de la firma del tratado y constituyera una base esencial del consentimiento a obligarse por el tratado (art. 48), conducta fraudulenta de otra parte negociadora (art. 49), enga帽o deliberado o afirmaciones falsas, corrupci贸n (art. 50), coacci贸n (arts. 51 y 52) o conflicto con una norma imperativa de derecho internacional (art. 53). La terminaci贸n de un tratado o la suspensi贸n de su aplicaci贸n son posibles a causa de una violaci贸n grave (art. 60), imposibilidad subsiguiente de cumplimiento (art. 61) o un cambio fundamental en las circunstancias (art. 62). Normalmente los tratados contienen disposiciones para la denuncia o el retiro. De no existir esas disposiciones, este derecho puede inferirse de la naturaleza del tratado (art. 56). En la medida en que los tratados bilaterales de inversi贸n y los acuerdos de libre comercio den lugar a violaciones de los derechos humanos, esto ser谩 causa de su modificaci贸n o terminaci贸n. El procedimiento se establece en los art铆culos 65 y ss聰.
Los tratados internacionales deben ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogm谩tica de la Constituci贸n en lo que se refiere a los derechos y garant铆as contenidos en ella y m谩s particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarqu铆a de jus cogens (normas imperativas de derecho internacional). Un Estado no puede renunciar a su funci贸n esencial de legislar en inter茅s p煤blico (Teitelbaum, 2004).
A modo de conclusi贸n, afirma el Experto independiente, 聯ser铆a apropiado reafirmar que, si bien los acuerdos de libre comercio y de inversi贸n tienen su raz贸n de ser, la funci贸n principal del Estado es actuar en inter茅s del p煤blico. Existen muchas oportunidades para que las empresas y los inversores obtengan beneficios leg铆timos y establezcan aut茅nticas colaboraciones con los Estados en vez de mantener relaciones asim茅tricas. La norma b谩sica deber铆a consistir en: a) dar a las empresas lo que les pertenece, es decir, un medio en el cual competir limpiamente; b) restituir a los Estados lo que les pertenece de manera fundamental e inalienable, es decir, la soberan铆a y el espacio normativo; c) reconocer a los parlamentos lo que les pertenece, es decir, la facultad de examinar todos los aspectos de los tratados sin m茅todos no democr谩ticos como el secreto y la aprobaci贸n mediante procedimientos de urgencia; y d) dar al pueblo lo que le pertenece, es decir, los derechos a la participaci贸n p煤blica, el debido proceso y la democracia聰.

Sobre los tribunales arbitrales
Los Estados tienen la responsabilidad de brindar protecci贸n, en particular con respecto a la administraci贸n de justicia. El art铆culo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos requiere que los Estados velen por que los actos judiciales sean examinados por tribunales competentes e independientes en un r茅gimen de transparencia y rendici贸n de cuentas. Parad贸jicamente, los Estados han acordado la creaci贸n de tribunales ad hoc de soluci贸n de controversias entre inversores y Estados que no suelen ser independientes y transparentes y no suelen rendir cuentas. El informe sobre los efectos de la soluci贸n de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democr谩tico y equitativo establece que:
聯Los 煤ltimos 25 a帽os han dado numerosos ejemplos de violaciones de derechos por los inversionistas y sentencias arbitrales sin escr煤pulos que no solo han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, sino que han generado una 聯par谩lisis normativa聰 o incluso una 聯congelaci贸n聰, impidiendo a los Estados adoptar reglamentos sobre la eliminaci贸n de los desechos o el control del tabaco por temor a ser demandados ante los tribunales de soluci贸n de controversias entre inversores y Estados聰. El Experto independiente declaraba en el peri贸dico theguardian 聳el 16 de noviembre de 2015- que un solo mecanismo 聳 el sistema de resoluci贸n de controversias inversionista-Estado (ISDS)- pone en peligro el actual sistema de justicia, el concepto de equilibrio de poderes y la esencia del Estado de Derecho. Sus implicaciones para el respeto de los derechos humanos en todo el mundo pueden ser devastadoras[22].
En una direcci贸n opuesta, destacan las declaraciones a favor de los tribunales arbitrales que realizaba el vicepresidente de Philip Morris, Marc Firistone, en el marco del contencioso que mantiene con Uruguay: 聯no hay una tensi贸n inherente en proteger los derechos fundamentales del sector privado al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos. No hay nada que amenace al orden mundial. Por contraste, lo que ser铆a 聭devastador聮 para el orden p煤blico es si la legitimidad y la ecuanimidad se aplicaran en forma selectiva聰[23]. Es decir, seg煤n el alto responsable de Philip Morris, hay que tratar igual a los desiguales y las transnacionales deben ser tratadas igual que los hombres y mujeres de Uruguay; la salud de la poblaci贸n debe situarse en el mismo plano que los intereses econ贸micos de los due帽os de la multinacional. El sistema internacional de los derechos humanos es atacado frontalmente por el capital.
El se帽or Zayas considera que 聯hay m煤ltiples razones para oponerse a la soluci贸n de controversias entre inversores y Estados sobre la base de las necesidades de una gobernanza democr谩tica, la administraci贸n de justicia mediante tribunales transparentes y responsables, la doctrina de la soberan铆a del Estado y el derecho de los derechos humanos聰.
聯Las sentencias que resuelven las controversias entre inversores y Estados han llevado a estos 煤ltimos a abandonar medidas para proteger la salud p煤blica y a reducir las exigencias de las normas ambientales. La par谩lisis normativa derivada de la mera existencia de un sistema de soluci贸n de controversias entre inversores y Estados ha disuadido, y podr铆a disuadir en el futuro a los Estados, de tomar medidas para respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y, por lo tanto, tiene un efecto negativo en el orden internacional democr谩tico y equitativo聰.
聯Si bien los tribunales internacionales pueden y deben declarar inadmisibles los casos improcedentes de abuso del derecho a presentar comunicaciones (v茅ase el art铆culo 3 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos) o de abuso de procedimiento, los tribunales de soluci贸n de controversias entre inversores y Estados rara vez lo hacen y aceptan los litigios improcedentes y vejatorios que ocasionan enormes gastos a las partes, lo cual es especialmente perjudicial para los pa铆ses en desarrollo聰.

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos ind铆genas
La Relatora, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, ha elaborado el informe[24] relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos ind铆genas[25] y presentado a la Asamblea General de conformidad con el mandato que le confiri贸 el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 15/14 y 24/9[26].

Sobre los antecedentes
En los antecedentes del informe la Relatora afirma que le causa una gran preocupaci贸n el aumento de las inversiones extranjeras relacionadas con las tierras de los pueblos ind铆genas, las aguas y la extracci贸n de recursos naturales como minerales y metales, petr贸leo, gas y madera, entre otros. Adem谩s, considera que hay que analizar a fondo los reg铆menes internacionales de inversi贸n y el modo en que afectan al respeto o a la violaci贸n de los derechos humanos de los pueblos ind铆genas; se produce una colisi贸n con la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas.
聯Para la elaboraci贸n del informe se han tenido en cuenta de manera especial el informe que el Experto Independiente sobre la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo present贸 en el 70掳 per铆odo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/44) sobre los efectos negativos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversi贸n, los tratados bilaterales de inversi贸n y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional, el informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentaci贸n al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/19/59/Add.5) y el informe que el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m谩s alto nivel posible de salud f铆sica y mental present贸 en el sexag茅simo noveno per铆odo de sesiones de la Asamblea General (A/69/299), que analiza el impacto de los acuerdos de inversi贸n en el derecho a la salud. Adem谩s, en 2015, diez titulares de mandatos han expresado p煤blicamente su preocupaci贸n por el impacto que los acuerdos de libre comercio e inversi贸n tienen en los derechos humanos聰.

Sobre los derechos humanos de los pueblos ind铆genas
聯Los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversiones y su impacto sobre los derechos humanos incluye aspectos como los derechos sobre la tierra, la degradaci贸n ambiental, la pobreza, la capacidad de reglamentaci贸n y de protecci贸n del Estado, el d茅ficit democr谩tico y los desaf铆os al estado de derecho en relaci贸n con la elaboraci贸n y aplicaci贸n de dichos acuerdos, y la capacidad de los gobiernos para prestar servicios de salud y relacionados con el agua聰.

Derecho a las tierras, los territorios y los recursos
聯Como se establece, entre otros, en los art铆culos 8, 25, 26, 29 y 32 de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, los pueblos ind铆genas tienen derecho a las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han pose铆do, ocupado o utilizado o adquirido de otro modo, as铆 como el derecho a poseer, utilizar, explotar y controlar dichos recursos. El art铆culo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, que establece los derechos individuales y colectivos a poseer bienes en propiedad, complementa las disposiciones de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas聰.
聯Las cl谩usulas de no discriminaci贸n y expropiaci贸n de los acuerdos de inversi贸n y de libre comercio pueden f谩cilmente ir en detrimento de la protecci贸n de los derechos de los pueblos ind铆genas a la tierra y de los derechos culturales estrechamente conexos. Las cl谩usulas sobre un trato no discriminatorio, como ya se ha se帽alado, otorgan a los inversores extranjeros el mismo trato que el dado a los inversores nacionales y de otros pa铆ses. En la pr谩ctica, esto significa que, si los derechos de los pueblos ind铆genas no est谩n expresamente incluidos como excepciones a dichas disposiciones, cualquier protecci贸n especial de sus tierras, ya con base en el derecho consuetudinario o en leyes espec铆ficas de los derechos territoriales de los pueblos ind铆genas, podr铆a quedar obsoleta en el 谩mbito de las inversiones聰.
聯Las cl谩usulas de expropiaci贸n de los acuerdos de inversi贸n pueden ser tambi茅n un importante obst谩culo para las reclamaciones relativas a las tierras ind铆genas. Si, para cumplir la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas y otras normas de derechos humanos, los gobiernos receptores que tienen suscritos tratados y acuerdos de comercio e inversiones adoptan medidas positivas para devolver las tierras en r茅gimen consuetudinario tomadas por los inversores extranjeros a los pueblos ind铆genas, podr铆an tener que pagar una compensaci贸n a esos inversores a valores de mercado. Los tribunales de soluci贸n de controversias entre inversores y Estados han impuesto esa compensaci贸n a valores de mercado, incluso cuando la expropiaci贸n de tierras se hab铆a realizado con un fin p煤blico leg铆timo o para remediar una apropiaci贸n injusta de tierras y territorios de los pueblos ind铆genas聰.

Consentimiento libre, previo e informado
聯El derecho de consentimiento libre, previo e informado est谩 incluido en la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, y el derecho de consulta lo est谩 en el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de esas disposiciones, solo los representantes de los gobiernos nacionales negocian, redactan y pactan los acuerdos de inversi贸n, que a menudo se elaboran en estricta privacidad. La Relatora Especial no tiene constancia de que los representantes de los pueblos ind铆genas o los funcionarios de los sistemas reconocidos de autogobierno ind铆gena hayan sido invitados a participar en la negociaci贸n y redacci贸n formales de los acuerdos de libre comercio e inversi贸n que les afectar谩n directamente. Dado que dichos acuerdos son formalmente vinculantes en todos los niveles de gobierno y que muchos proyectos de inversi贸n tienen un gran impacto sobre los pueblos ind铆genas, esa situaci贸n es, por s铆 sola, una violaci贸n de los derechos de consentimiento libre, previo e informado, participaci贸n, consulta y libre determinaci贸n聰.
聯Cuando se emprenden proyectos de inversi贸n que afectan directamente a los pueblos ind铆genas es preciso mantener con ellos consultas de buena fe, conforme a lo exigido en los art铆culos 19 y 32, p谩rrafo 2, de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y el art铆culo 6, p谩rrafo 2, del Convenio 169 de la OIT. La aplicaci贸n de esos art铆culos a los acuerdos de inversi贸n y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos ind铆genas en las disposiciones de los acuerdos y evitar futuras violaciones de sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, aumentan las posibilidades de que se produzcan conflictos, se suspendan proyectos y se pierdan beneficios聰.
聯Las violaciones se agravan por el hecho de que existe el riesgo potencial de que la responsabilidad econ贸mica por da帽os y perjuicios atribuida al Estado parte sea trasladada a los gobiernos ind铆genas. Por ejemplo, algunos gobiernos, como el del Canad谩 y M茅xico, han pretendido recaudar las indemnizaciones concedidas a las empresas en concepto de da帽os y perjuicios reteniendo fondos a los gobiernos locales聰.
聯Las violaciones del derecho de consentimiento libre, previo e informado pueden tambi茅n contribuir a posteriores abusos contra los derechos de los pueblos ind铆genas en el marco de los acuerdos de inversi贸n y de libre comercio. La aplicaci贸n del principio del consentimiento libre, previo e informado a los acuerdos de inversi贸n y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos ind铆genas en las disposiciones de dichos acuerdos y evitar futuros abusos contra sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, el posible efecto preventivo de la observancia del derecho de consentimiento libre, previo e informado se malogra聰.

Derechos culturales
聯Hay muchas maneras en que los posibles efectos de los acuerdos de inversi贸n y de libre comercio podr铆an socavar los derechos culturales de los pueblos ind铆genas. En primer lugar, a las graves consecuencias que los acuerdos de inversi贸n y de libre comercio tienen para las tierras y los derechos territoriales de los pueblos ind铆genas se a帽ade la importancia cultural de las tierras y los territorios ind铆genas聰.

Libre determinaci贸n, pobreza y derechos econ贸micos y sociales
聯Como ya se ha se帽alado, los pueblos ind铆genas no participan en las negociaciones ni en la redacci贸n de los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, las disposiciones de dichos acuerdos afectan a su r茅gimen de autogobierno y al uso de sus tierras, territorios y recursos聰.
聯Un efecto concreto de ese desequilibrio en la labor de los gobiernos ind铆genas y la negaci贸n de los derechos de libre determinaci贸n en la redacci贸n de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones podr铆a ser la restricci贸n de la imposici贸n fiscal. En las cl谩usulas sobre un trato justo y equitativo que se incluyen en los tratados y acuerdos mencionados se han cuestionado diversos tipos de impuestos, como los impuestos sobre el valor a帽adido, los impuestos sobre el consumo de cigarrillos, los timbres fiscales sobre el tabaco, los impuestos de sociedades o los impuestos sobre los recursos naturales. Un impuesto que solamente se impone a los pueblos no ind铆genas (entre los que pueden estar los inversores extranjeros) podr铆a infringir las disposiciones nacionales sobre el trato, por ejemplo, las disposiciones del modelo de TBI de los Estados Unidos聰.
聯Entre las violaciones cabe citar los ataques flagrantes y sostenidos a la integridad cultural de los pueblos ind铆genas; el menosprecio y la falta de reconocimiento del derecho consuetudinario y los sistemas de gobernanza; la falta de elaboraci贸n de marcos que permitan a los pueblos ind铆genas ejercer su derecho al desarrollo y al autogobierno; y las pr谩cticas que despojan a los pueblos ind铆genas de autonom铆a sobre sus tierras y recursos naturales聰.
聯Esas relaciones desiguales de poder entre los pueblos ind铆genas y las empresas y los Estados contribuyen tambi茅n a la existencia de niveles end茅micos de pobreza entre los pueblos ind铆genas. Aun cuando los pueblos ind铆genas conforman el 5% de la poblaci贸n mundial, representan el 15% de todas las personas que viven en la pobreza. Y una enorme proporci贸n del 33% de las personas que viven en la pobreza extrema rural a nivel global proceden de comunidades ind铆genas. Esas cifras son especialmente alarmantes si se tiene en cuenta la riqueza de recursos naturales que existe en los territorios ind铆genas. Ese nivel de pobreza es una violaci贸n del derecho de los pueblos ind铆genas al desarrollo, as铆 como de sus derechos econ贸micos y sociales a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la alimentaci贸n, al agua, la salud y la educaci贸n聰.
聯Las violaciones del derecho de los pueblos ind铆genas a la libre determinaci贸n y de otros derechos econ贸micos y sociales est谩n estrechamente vinculadas a las experiencias que los pueblos ind铆genas han sufrido hist贸ricamente de marginaci贸n, desposesi贸n y destrucci贸n ambiental de sus tierras ancestrales, y a la falta de libre determinaci贸n sobre las v铆as de desarrollo. El impacto de los tratados y acuerdos de comercio e inversi贸n agrava a煤n m谩s todos esos factores. Adem谩s, los efectos sist茅micos de dichos acuerdos, contribuyen tambi茅n a las causas de la pobreza y a la negaci贸n del derecho a la libre determinaci贸n聰.
聯Los costos que los Estados tienen que afrontar para defender los casos de soluci贸n de controversias entre inversores y Estados y para pagar las indemnizaciones que puedan impon茅rseles pueden llegar a ser extremadamente altos. Ello desv铆a los recursos p煤blicos, lo cual podr铆a limitar la capacidad de los Estados para invertir en la plena efectividad de los derechos econ贸micos y sociales de las comunidades ind铆genas聰.

Efectos sist茅micos de los reg铆menes de inversi贸n y libre comercio
聯El informe aborda la asimetr铆a entre los Estados y los agentes econ贸micos, la limitaci贸n del marco normativo y legislativo de los Estados, la p茅rdida de fondos p煤blicos, la perpetuaci贸n de los desequilibrios internacionales de poder y el crecimiento econ贸mico a nivel nacional聰.
聯Los reg铆menes internacionales de inversi贸n y de libre comercio se han desarrollado como una vertiente del derecho internacional independiente de las normas de derechos humanos y de derechos ind铆genas. A pesar de las importantes cuestiones de inter茅s p煤blico que est谩n en juego en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y del car谩cter consuetudinario de muchos principios de derechos humanos, no existen mecanismos formales para exigir que los acuerdos de inversi贸n y libre comercio respeten los derechos humanos. Adem谩s, como ya se ha se帽alado, el propio r茅gimen de inversi贸n y de libre comercio es impreciso, complejo y opaco. Existen muchos mecanismos, reglamentos y acuerdos de arbitraje diferentes, y una falta general de transparencia. Ello impide a los legisladores y a los responsables de la formulaci贸n de las pol铆ticas tener una visi贸n sist茅mica de los reg铆menes internacionales de inversi贸n y de libre comercio y de su efecto sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos ind铆genas y poder as铆 tomar decisiones para una reforma eficaz聰.

Por: Juan Hern谩ndez Zubizarreta es Profesor de la Universidad del Pa铆s Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en Am茅rica Latina.

Notas:
[1] Este trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta los informes mencionados. En muchas ocasiones se reproducen apartados literales de los mismos.
[2] Principales instrumentos internacionales relevantes para el mandato
聲 Carta de Naciones Unidas
聲 Declaraci贸n universal de los derechos humanos
聲 Pacto internacional de derechos econ贸micos, sociales y culturales
聲 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales
聲 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos
聲 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos
聲 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, destinado a abolir la pena de muerte
聲 Convenci贸n Internacional sobre la Eliminaci贸n de todas las Formas de Discriminaci贸n Racial
聲 Convenci贸n sobre la eliminaci贸n de todas las formas de discriminaci贸n contra la mujer
聲 Protocolo Facultativo de la Convenci贸n sobre la eliminaci贸n de todas las formas de discriminaci贸n contra la mujer
聲 Convenci贸n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
聲 Protocolo facultativo de la Convenci贸n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
聲 Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o
聲 Protocolo facultativo de la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o relativo a la participaci贸n de ni帽os en los conflictos armados
聲 Protocolo facultativo de la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o relativo a la venta de ni帽os, la prostituci贸n infantil y la utilizaci贸n de ni帽os en la pornograf铆a
聲 Convenci贸n internacional sobre la protecci贸n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
聲 Convenci贸n Internacional para la protecci贸n de todas las personas contra las desapariciones forzadas
聲 Convenci贸n sobre los derechos de las personas con discapacidad
聲 Protocolo facultativo de la Convenci贸n sobre los derechos de las personas con discapacidad
[3] A/HRC/RES/27/9 http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex聟.
[4] A/HRC/30/44 Asamblea General de Naciones Unidas
[5] A/70/285 Asamblea General de Naciones Unidas
[6] El Experto Independiente ha recurrido al asesoramiento de economistas y ha prestado atenci贸n a los informes de otros titulares de mandatos de procedimientos especiales, entre ellos el Relator Especial sobre el derecho a la alimentaci贸n (A/HRC/19/59/Add.5 y A/HRC/10/5/Add.2); el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m谩s alto nivel posible de salud f铆sica y mental; la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos econ贸micos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reuni贸n pac铆fica y de asociaci贸n (A/HRC/29/25); el ex Representante Especial del Secretario General para la cuesti贸n de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; y el Grupo de Trabajo sobre la cuesti贸n de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/29/28, p谩rrs. 30 y 31), apoya firmemente los art铆culos 1 a 10 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011 (A/HRC/17/31, anexo) y el marco de las Naciones Unidas para 聯proteger, respetar y remediar聰. Se basa en las observaciones generales y las observaciones finales pertinentes de los 贸rganos de tratados como el Comit茅 de Derechos Humanos, el Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales y el Comit茅 de los Derechos del Ni帽o. Acoge con benepl谩cito la actuaci贸n de la UNCTAD, plasmada en sus diagn贸sticos perceptivos, sus conferencias recientes y sus iniciativas de reforma pertinentes.
[7] En el mismo a帽o, unos meses antes Cetim y la Asociaci贸n Americana de Juristas presentaron por escrito a la Subcomisi贸n una iniciativa en la direcci贸n de los objetivos de la resoluci贸n referida. ONU E/CN.4/Sub.2/2005/NGO/22.
[8] De conformidad con la resoluci贸n 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada 聯Consejo de Derechos Humanos聰, todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisi贸n de Derechos Humanos, incluida la Subcomisi贸n, fueron asumidos a partir del 19 de junio de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos. En consecuencia, desde la misma fecha, la signatura E/ CN.4/Sub.2/聟 de la serie documentos de la Subcomisi贸n ha sido sustituida por A/ HRC/ Sub.1/
El documento rese帽ado responde a la signatura A/ HRC/ Sub.1/58/CRP脕G.8.
[9] ONU A/HRC/Sub.1/CRP脕G.12
[10] Art铆culo 25 a) Todos los ciudadanos gozar谩n, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el art铆culo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades
1. Participar en la direcci贸n de los asuntos p煤blicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
[11] Destaca en este sentido, la declaraci贸n del Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, que afirma 聯聟 que el desarrollo sostenible y los derechos humanos est谩n relacionados entre s铆聰 y 聯los derechos de acceso a la informaci贸n, la participaci贸n y la justicia conforman una parte central de esta relaci贸n聰. 聯Cuando las personas m谩s afectadas por las pol铆ticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos ind铆genas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la informaci贸n, la participaci贸n en la toma de decisiones y la justicia, las pol铆ticas son m谩s justas y efectivas聰. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33670#.VkoH_b8-P78 Los Expertos y Expertas de la ONU instan a Am茅rica Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo sin precedentes sobre democracia ambiental, informaci贸n, participaci贸n y justicia. Sr. John Knox, Relator Especial sobre la cuesti贸n de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Sr. Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gesti贸n y eliminaci贸n ecol贸gicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos; Sr. Dainius P没ras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m谩s alto nivel posible de salud f铆sica y mental; Sr. L茅o Heller, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentaci贸n; Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoci贸n y protecci贸n del derecho a la libertad de opini贸n y de expresi贸n; Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reuni贸n y de asociaci贸n pac铆ficas; Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situaci贸n de los defensores de los derechos humanos; Sr. Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Sra. Virginia Dandan, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional ; Sr. Alfred de Zayas, Experto independiente sobre la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo; Sr. Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas ; Sra. Leilani Farha, Relatora especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos ind铆genas; Sra. Eleonora Zielinska, actual presidenta del Grupo de trabajo sobre la cuesti贸n de la discriminaci贸n contra la mujer en la legislaci贸n y en la pr谩ctica.
[12] Econom铆a CIUDADANA http://www.economiaciudadana.org/2015/11/la-defensora-del-pueblo-europeo聟
[13] Sobre los informes anuales trig茅simo y trig茅simo primero sobre el control de la aplicaci贸n del Derecho de la UE (2014/2253(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+聟
[14] Los tratados universales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos y el Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, deben prevalecer necesariamente sobre otros tratados.
[15] Oscar Ermida considera que la Convenci贸n de Viena sobre el Derecho de los Tratados regul贸 el ius cogens como 聯la Norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que s贸lo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general, que tenga el mismo car谩cter聰 Ermida Uriate, Oscar: 聯Derechos laborales y comercio internacional聰, en Globalizaci贸n econ贸mica y Relaciones Laborales, (editores Wilfredo Sanguinetti y Agust铆n Garc铆a), ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003.
[16] Barbagaleta, Hector Hugo: 聯Hablemos de flexibilidad y globalizaci贸n聰, Derecho Laboral, n煤m. 194, 1999.
[17] Galinsoga, Albert: 聯Las Transformaciones de la Sociedad Internacional y los derechos humanos聰, El vuelo del ICARO, n煤m.2-3, 2001-2002.
[18] La posici贸n oficial y ortodoxa de la academia entiende que 聯los redactores no consideraron la Declaraci贸n como legalmente vinculante y esperaban que la obligaciones jur铆dicas correspondientes a esos derechos ser铆an m谩s tarde impuestas a los Estados聟聰 (Zambrana, 2013: 49). Zambrana, Nicol谩s: 聯Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en (Francisco J. Zamora et al) La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos, Universidad de Alcal谩, 2013.
En otra direcci贸n radicalmente opuesta se encuentra, Bartolom茅 Clavero (2009) que considera 聯que la mayor铆a de los instrumentos humanos son expresi贸n del derecho internacional consuetudinario, de derecho que debe en principio practicarse con independencia del car谩cter del documento que lo declara o por el que se acuerda; es el caso de la Declaraci贸n de Derechos Humanos聰. Clavero, Bartolom茅: 聯El valor vinculante de la Declaraci贸n sobre los derechos de los Pueblos Ind铆genas聰, 2009 http://www.derechosindigenas.org/docs/clavero-art42/
[19] La Carta de Naciones Unidas es considerada por sectores de la doctrina, y de acuerdo con su art铆culo 103 que establece la preeminencia de las obligaciones establecidas frente a cualquier otra, como la matriz legal y 茅tica de todas las normas ius cogens y obligaciones erga omnes.
[20]Teitelbaum, Alejandro: 聯Los tratados bilaterales de libre comercio聰, Rebeli贸n, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4218.
[21] Art铆culo 1: Los prop贸sitos de las Naciones Unidas son:
聲 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresi贸n u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pac铆ficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
聲 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinaci贸n de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;
聲 3. Realizar la cooperaci贸n internacional en la soluci贸n de problemas internacionales de car谩cter econ贸mico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y est铆mulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinci贸n por motivos de raza, sexo, idioma o religi贸n;
聲 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos prop贸sitos comunes.
Art铆culo 2: Para la realizaci贸n de los Prop贸sitos consignados en el Art铆culo 1, la Organizaci贸n y sus Miembros proceder谩n de acuerdo con los siguientes Principios:
聲 1. La Organizaci贸n est谩 basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
聲 2. Los Miembros de la Organizaci贸n, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condici贸n de tales, cumplir谩n de buena fe las obligaciones contra铆das por ellos de conformidad con esta Carta.
聲 3. Los Miembros de la Organizaci贸n arreglar谩n sus controversias internacionales por medios pac铆ficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
聲 4. Los Miembros de la Organizaci贸n, en sus relaciones internacionales, se abstendr谩n de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol铆tica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Prop贸sitos de las Naciones Unidas.
聲 5. Los Miembros de la Organizaci贸n prestaron a 茅sta toda clase de ayuda en cualquier acci贸n que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendr谩n de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organizaci贸n estuviere ejerciendo acci贸n preventiva o coercitiva.
聲 6. La Organizaci贸n har谩 que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.
聲 7. Ninguna disposici贸n de esta Carta autorizar谩 a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicci贸n interna de los Estados, ni obligar谩; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicaci贸n de las medidas coercitivas prescritas en el Cap铆tulo VII.
Art铆culo 55: Con el prop贸sito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pac铆ficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinaci贸n de los pueblos, la Organizaci贸n promover谩:
1. niveles de vida m谩s elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo econ贸mico y social;
2. La soluci贸n de problemas internacionales de car谩cter econ贸mico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperaci贸n internacional en el orden cultural y educativo; y
3. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinci贸n por motivos de raza, sexo, idioma o religi贸n, y la efectividad de tales derechos y libertades.
Art铆culo 56: Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperaci贸n con la Organizaci贸n, para la realizaci贸n de los prop贸sitos consignados en el Art铆culo 55.
[22] How can Philip Morris sue Uruguay over its tobacco laws? http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/philip-morris-urugu聟
[23] Declaraciones recogidas en el peri贸dico theguardian http://www.theguardian.com/business/2015/nov/19/philip-morris-we-are-def聟
[24] Las ideas transcritas son textos literales del informe mencionado.
[25] Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de los derechos de los pueblos ind铆genas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos ind铆genas http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/informes-anual聟
[26] Mandato de la Relatora Especial http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/biblioteca/un-docs/12-hrc聟

Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

 Campa帽as

2022-02-02

Publicaci贸n sobre la cultura, sociedad y pol铆tica de los pueblos originarios.

El peri贸dico Pukara

El Peri贸dico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de an谩lisis, de informaci贸n e investigaci贸n que libran los pueblos ind铆genas contra el ocupante colonialista. El peri贸dico Pukara es una publicaci贸n mensual sobre la cultura, sociedad y pol铆tica de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2023-06-15

脩uke Mapu

Facebook Centro de Documentaci贸n Mapuche 脩uke Mapu

En nuestro Facebook Centro de Documentaci贸n Mapuche, 脩uke Mapu puede encontrar toda la actualidad noticiosa, art铆culos, videos, fotos, actividad, enlaces y el m谩s completo archivo de noticias. Facebook Centro de Documentaci贸n Mapuche, 脩uke Mapu:
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.