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2014-04-15 | Comunidades | IndoamericanoAutoridades ancestrales y dirigentes de los pueblos indÃgenas autoconvocadosA un mes de iniciado el nuevo gobierno de la nueva mayorÃa, las autoridades ancestrales y dirigentes de los pueblos indÃgenas autoconvocados, declaramos públicamente:El panorama que enfrentamos los pueblos indÃgenas debido a la implementación del convenio 169 de la OIT por parte del Estado de chile continúa siendo complejo. No sólo el Poder Ejecutivo incumple el Convenio sino que también el Poder Legislativo. Las medidas administrativas y legislativas que se han planteado en el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet y sus primeras 50 medidas, en todos aquellos aspectos que nos afectan como pueblos indÃgenas deben ser consultados previa, libremente y de manera informada, según los estándares internacionales y tal cual lo señala el artÃculo 6 del Convenio 169. Asimismo, tenemos derecho a participar en las polÃticas, planes y programas públicos en materias indÃgenas según el artÃculo 7. Consideramos de suma gravedad la inexistencia, hasta ahora, de una gestión polÃtica y pública, bajo el principio de “buena fe”, de la articulación y vinculación recÃproca entre tratado internacional ratificado por Chile, el derecho interno, derecho consuetudinario y la jurisprudencia nacional e internacional de los organismos de derechos humanos. En sÃntesis los pueblos indÃgenas esperamos que se aborden los asuntos estructurales entre el Estado de Chile y los Pueblos IndÃgenas, en concordancia con las exigencias de los tratados internacionales y derechos de los pueblos indÃgenas. 2.- SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DE LA CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÃGENAS DECRETO 66 Y LA CONSULTA INDIGENA CONTENIDA EN REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE El Estado no puede seguir retrasando o queriendo aplicar de modo torcido con apariencia de rectitud el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, haciendo tabla rasa de la insatisfacción de los pueblos indÃgenas respecto a los dos reglamentos que promulgó el gobierno que le precedió (número 66 y 40) y su solicitud de derogación inmediata. Resolución que pudo haberse adoptado con la misma celeridad y fuerza que lo hizo el Ministro de EconomÃa con el decreto 153 que normaba el contrato con las instituciones financieras. Sin embargo, los gobernantes de turno, como un libreto kafkiano autoaprendido, de acatamiento corporativo, una y otra vez, fijan una hoja de ruta y una agenda polÃtica confusa, saturada de laberintos clientelares, uso intensivo de estratagemas burocráticos y la supremacÃa del poder de estado, domesticando la participación de los pueblos indÃgenas y relativizando nuestros derechos con arreglo a un sistema mayor que nos somete provocando daños irreparables a nuestra propia identidad. A pesar, que se ha mantenido una amplia oposición de los pueblos indÃgenas, tanto en la forma como en el fondo, de los procesos llevados a cabo por el anterior gobierno, con el objeto de construir reglamentos para la consulta indÃgena, hoy dÃa el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su ministra MarÃa Fernanda Villegas, insiste en continuar una polÃtica indÃgena, manteniendo y publicitando en la página web del Ministerio el ilegitimo decreto 66, que se convierte en verdadero mecanismo atentatorio que no hace más que facilitar legalmente el despojo de los territorios y sus recursos. Dañando esencialmente el desarrollo y vida de los pueblos indÃgenas. Tanto el Decreto 66 de consulta indÃgena general y el 40 que regula la consulta indÃgena contenida en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), solventan procesos consultivos instalados sin eficacia real, que no reguardan los intereses y necesidades de los pueblos indÃgenas. Son formulados para mantener la desigualdad estructural que aqueja a los pueblos indÃgenas, legitimando a los pocos que tienen el poder en el paÃs, impidiendo que se logre justicia para nuestras justas demandas y derechos. De esta forma, el Gobierno de la Nueva MayorÃa, salvaguarda una polÃtica indÃgena conservadora haciendo polÃtica sin considerar al conjunto de los pueblos, sujetos, organizaciones y autoridades ancestrales. Se han quedado en esa vieja forma de gobernar en el clientelismo y en la confusa institucionalidad que mezcla estado y pueblos indÃgenas institucionalizados, transformándola como siempre, en una mayorÃa estatal que prevalece al momento de la decisión polÃtica sobre las legÃtimas demandas de los pueblos indÃgenas. 3.- CONADI INSTITUCIONALIDAD ESTATAL INDÃGENA Y NO INSTITUCIONALIDAD ANCESTRAL INDIGENA Un vez más se ha puesto de relieve los problemas estructurales que demuestra la ausencia de polÃtica pública hacia los pueblos indÃgenas, privilegiando el desarrollo de polÃtica social, a través de una institución como CONADI, que resuelve problemas sociales y que no soluciona el problema polÃtico de fondo. Cada gobierno que rige aplica el monopolio legÃtimo que lo sustenta para alcanzar un determinado tipo de sociedad. En este sentido el Gobierno de la Nueva MayorÃa, no se ha diferenciando de otros gobiernos. Plantea y gestiona sus polÃticas desde el Estado superpoderoso, no lo hace siguiendo los principios esenciales del Convenio 169 ni mucho menos de la Declaración de los Derechos de los Pueblos IndÃgenas. Sin duda alguna es un retroceso polÃtico para los pueblos indÃgenas, que hasta ahora, no exista claridad polÃtica, que no se deroguen decretos ilegÃtimos, que no se presenta ante los pueblos indÃgenas y al pueblo chileno un modelo concreto de cómo se resolverán problemas históricos. Que se siga privilegiando el desarrollo de una institucionalidad estatal indÃgena, por una parte y por otra, que se haga polÃtica indÃgena con “expertos” en las sombras, que se trasmutan en verdaderos operadores de una ética del lucro privado y que se amparan bajo una red de influencias y compromisos polÃticos con el sistema y su élite. Hacemos presente que esta polÃtica nefasta, en el gobierno de la derecha, pretendió fomentar entre otras cosas la idea del mapuche emprendedor, de tal modo que se valió de esta visión para formular planes globales y fragmentados en todos los pueblos, asà mismo intentar replicar fuera de realidad modelos extranjeros de pueblos indÃgenas que han sido relegados a “reservas” tipo museo. Insistimos que conadi no es el órgano representativo de los pueblos, es una institucionalidad cuestionada por no resolver los problemas polÃticos de fondo. Asimismo, dejamos claro que NO tenemos “casas de estudio, ni instituciones internacionales ni ONGs ni expertos” que hablen por nosotros. Es nuestra VOZ la que se debe respetar. No queremos participar como una sociedad indÃgena asimilada y subordinada, totalmente contraria al espÃritu de cada pueblo indÃgena. Las explicaciones y fundamentos sobreabundan, sin embargo para avanzar en materia de los pueblos indÃgenas, se debe realizar desde el enfoque de derechos, humanos y de los pueblos indÃgenas, los que deben ser respetados y resguardados dentro del marco de los tratados y recomendaciones tanto nacionales e internacionales que obligan al Estado chileno a cumplir con sus exigencias. 4.- EL ESTADO TIENE QUE ASUMIR UN ROL ACTIVO EN EL DESARROLLO DE UNA POLÃTICA PUBLICA PARA LOS PUEBLOS INDÃGENAS No se debe esperar la presión social para actuar. La definición de una polÃtica pública hacia los pueblos indÃgenas es una tarea que se tornará constante y se insistirá en el mecanismo apropiado para su definición y su desarrollo. NO ES UNA INVITACION A PARTICIPAR, TENEMOS EL DERECHO Y ES IRRENUNCIABLE. El Estado debe asimilar los nuevos tiempos polÃticos respecto a la forma de hacer polÃtica con los pueblos indÃgenas, eliminando para ello toda forma de cooptación. Exigimos un trato igualitario y justo, consideramos que la recepción de parte del Ministerio Secretaria General de la Presidencia a grupos indÃgenas que expresan una sola visión del problema y se postergue y niegue la comunicación con los pueblos indÃgenas como las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos IndÃgenas Autoconvocados, que han mantenido una postura clara por la defensa de los derechos de los pueblos. Esta negativa a ser recibidos por parte de las actuales autoridades, demuestran que el Ministro de Medio Ambiente y la Ministra de Desarrollo Social, plantean una polÃtica de dialogo caracterizada por el sectarismo y que todo apunta que se consolide una seudo institucionalidad indÃgena, y que se cercenen nuestros derechos a la consulta previa, libre e informada tal cual fue concebida originalmente en el decreto 124 y que en definitiva solo seamos escuchados con la finalidad de convencernos que los proyectos de inversión son beneficiosos para las comunidades o que la Conadi es la institución que reemplaza a las Instituciones Ancestrales de los Pueblos IndÃgenas. La tensión entre el Estado y los Pueblos IndÃgenas seguirá intensificándose, dado el carácter complejo del tipo de economÃa que se impulsa en el paÃs, el modelo de desarrollo, polÃticas clientelares y de sometimiento y, asà como también, la negación permanente a sus Dirigentes Autoconvocados y Autoridades Ancestrales. Por esta razón insistir en la lógica polÃtica que se ha usado hasta ahora serÃa repetir el fracaso y profundizar aún más la deuda histórica. Finalmente, insistimos que es absolutamente necesario incorporar en la agenda pública un discurso altamente incluyente y coherente hacia los pueblos indÃgenas en el quehacer nacional, que se centren en la necesaria autonomÃa y autodeterminación, participación polÃtica, formulación e implementación de polÃticas públicas con enfoque de derechos de los pueblos indÃgenas, creación y gestión de nuestra propias instituciones pluriculturales, reformas polÃticas en el marco de nuestro derechos, entre otras. Aymara- Quechua-Lickan Antay- Diaguita- Colla-Rapa Nui- Mapuche-Kawésqar- Yagan Autoridades Ancestrales y Dirigentes de Los Pueblos IndÃgenas Autoconvocados pueblosindigenasautoconvocados@gmail.com Santiago, 11 de Abril 2014 Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu |
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