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2014-03-12 | Comunidades | Mapuche

El d铆a 11 de marzo dos acontecimientos, uno en Chile y otro en Ginebra.

Informe Final Relator Especial ONU sobre Terrorismo y Derechos Humanos.

El d铆a 11 de marzo habr谩n dos acontecimientos que afectan a Chile, el inicio del gobierno de la se帽ora Presidenta Michelle Bachelet Jeria y la presentaci贸n del Informe Final del se帽or Ben Emmerson Relator Especial de Naciones Unidas sobre Terrorismo y Derechos Humanos. Este informe es el resultado del trabajo de investigaci贸n que realiz贸 In Situ en Chile, el Relator Especial los d铆as 15 al 30 de julio 2013 y la intensa comunicaci贸n que ha mantenido con las partes interesadas.




El informe final que presentara el Relator Especial de Naciones Unidas en Ginebra el d铆a 11 de mazo tiene vital importancia porque pondr谩 de relieve nuevamente ante la comunidad internacional las relaciones injustas que ha establecido el Estado Chileno con el Pueblo Mapuche en Chile y por otro lado pondr谩 nuevamente 茅nfasis en la legitimidad de la reivindicaci贸n de los derechos colectivos conculcados por el Estado Chileno, luego de los actos coercitivos militares denominado Pacificaci贸n de la Araucan铆a.

El Relator Especial Ben Emmerson en su informe preliminar informa que en su estad铆a en Chile tuvo reuniones sin exclusi贸n alguna: 聯durante el trascurso de mi visita a Chile, he tenido la oportunidad de reunirme con todas las partes involucradas, incluso las v铆ctimas de violencia rural, numerosos representantes de comunidades Mapuche, terratenientes locales, Carabineros, Polic铆as de investigaciones, fiscales del ministerio p煤blico, defensores p煤blicos, un corte transversal de representantes de la sociedad civil, incluyendo ONG, ministra de justicia, el subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, el Director General de Asuntos Multilaterales, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena-CONADI, el Tribunal constitucional聰. Por tanto, el informe final que se presentar谩 en la sesi贸n del Consejo de Derechos Humanos gozar谩 de suficiente legitimidad.

Cabe subrayar que los 煤nicos que no estuvieron de acuerdo con las conclusiones preliminares del Relator Especial fue el gobierno del presidente Sebasti谩n Pi帽era. Su desaprobaci贸n resulta un tanto curiosa en las labores de los Relatores Especiales, especialmente cuando son los propios gobiernos que invitan a los Relatores Especiales, como es el caso. A diferencia de las visitas de los otros Relatores Especiales, como fue la del se帽or Miguel Alfonso Mart铆nez "Relator sobre Tratados y otros acuerdos constructivos" durante enero 1997; la visita del Relator Rodolfo Stavenhagen en 2001 se concret贸 por los esfuerzos de los organismos ind铆genas -exceptuando la oposici贸n de Aroldo Cayun Anticura director de CONADI -en la Sesi贸n del Foro Permanente sobre Cuestiones Ind铆genas en Nueva York, y la del Relator James Anaya fue el resultado del lobby internacional de los Mapuche y otros organismos. Con excepci贸n de las dos visitas de los Relatores Especiales en derechos humanos durante la dictadura militar del general Pinochet, se caracterizaban por la conmoci贸n que provocaba las violaciones a los derechos humanos en Chile.

I.-Contenidos del Informe preliminar.
El informe preliminar es muy significativo porque esclarece las causas de las tensiones y controversias en la relaci贸n del Pueblo Mapuche, el Estado y la sociedad Chilena. El Relator Especial logro entender perfectamente que el Estado Chileno adolece de capacidades institucionales para establecer una relaci贸n aceptable y subray贸 la ausencia de actos de buena fe de parte del Estado Chileno.

El Relator Especial entendi贸 cabalmente que los Mapuche han tenido, no tan solo una resistencia con el sistema colonial hispano, sino, la posesi贸n y dominio material de su territorio ancestral lo mantuvo hasta la invasi贸n militar del Estado Chileno, afectando su patrimonio y el derecho a vivir en paz, todo esto el Relator Especial lo estipula de la siguiente manera: 聯con 茅xitos resistieron los intentos de colonizaci贸n por los espa帽oles, y retuvieron el control exclusivo de su tierra, reconocido por el Estado de Chile hasta que fueron sobrepasados por el ej茅rcito de Chile en los a帽os 1880 y sus tierras ocupadas para la colonizaci贸n. La religi贸n y la cultura Mapuche se basan en su relaci贸n con el medioambiente natural adem谩s del principio del respeto por todo lo vivo. Por lo tanto, la ocupaci贸n y la explotaci贸n comercial de sus tierras ancestrales, con las consecuencias ambientales adversas que acompa帽an el uso comercial intensivo de la tierra, es visto por sectores de los Mapuche como un ataque a sus valores esenciales y hasta su derecho de existir聰.

Sobre lo anterior y en esta parte del informe preliminar el Relator Especial ha formulado una referencia de manera expresa sobre los actos militares denominado por la historiograf铆a Chilena como la 聯Pacificaci贸n de la Araucan铆a聰. Este reconocimiento expreso reviste un car谩cter vital para el devenir inmediato del Pueblo Mapuche en las movilizaciones por la restituci贸n de tierras, teniendo en cuenta que los principios generales de los derechos humanos y el derecho internacional no aceptan ni reconoce constituci贸n de derecho leg铆timo si en la ocupaci贸n material de un territorio se ha efectuado por la fuerza. Por ello, el derecho internacional en la Declaraci贸n Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas en su art铆culo 28.-establece, 聯las tierras, territorios y recursos que fueron ocupado, tomado y confiscado sin el consentimiento previo libre e informado de los Pueblos Ind铆genas ser谩n reparados restituidos y si no fuera posible una indemnizado justa y equitativa聰. Como es de todo conocimiento universal, los actos coercitivos militares conocido como Pacificaci贸n de la Araucan铆a, re煤ne los dos requisitos que el derecho internacional desaprueba para la constituci贸n de derecho, por un lado, viola absolutamente el consentimiento previo, libre e informado y en segundo lugar, los actos materialmente fueron de ocupaci贸n, toma y confiscaci贸n.

El Relator Especial examin贸 algunos antecedentes hist贸ricos sobre los Mapuche y sus derechos. En este orden se inform贸 de la documentaci贸n oficial del propio Estado Chileno, pero lo ha abandonado. Cuyo abandono resalta la falta de compromiso en implementar sus propias recomendaciones, a este respecto, el Relator Especial en su informe preliminar establece 聯la deuda hist贸rica del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche se describe en el informe de la Comisi贸n Verdad Hist贸rica y Nuevo Trato con los Pueblos Ind铆genas. Sin embargo, mientras que este informe recomendaba la expropiaci贸n de tierras a la comunidad de colonos (con indemnizaci贸n) y su repatriaci贸n (restituci贸n) a los Mapuche, hasta el momento el Estado ha rechazado esta soluci贸n y estableci贸 en cambio un programa con el objetivo de recomprar terreno relativamente peque帽o聰.

La identificaci贸n y conclusi贸n a que arriba el Relator Especial sobre el Ministerio P煤blico en los asuntos de competencia en materia judicial es de suma importancia porque establece una incapacidad institucional del Ministerio Publico para tratar las cuestiones relativas al Pueblo Mapuche 聯si los Fiscales del Ministerio P煤blico no est谩n preparados voluntariamente para adoptar tal pol铆tica en este momento, entonces, el parlamento debiera promulgar la legislaci贸n necesaria para obligar hacerlo, y se debiera asegurar que se realice con urgencia este cambio en la pr谩ctica procesal聰. Teniendo en cuenta las actuaciones del Ministerio P煤blico con seguridad esta recomendaci贸n ser谩 claramente fortalecida y a la espera del tenor de la recomendaci贸n final la Fiscal铆a del Ministerio P煤blico eventualmente podr铆a ser objeto de impugnaci贸n en las actuaciones procesales que afectan a personas Mapuche.

Con toda certeza la ley antiterrorista ser谩 objeto de debate y consecuentemente se presentaran nuevas recomendaciones para el cese en su aplicaci贸n con causas judiciales relativas a personas y comunidades Mapuche. Hasta el momento el gobierno del presidente Sebasti谩n Pi帽era y los anteriores gobiernos de la Concertaci贸n han respondido a los otros Relatores Especiales sosteniendo que esta norma jur铆dica ha sido reformada en varias de sus partes durante la vigencia de los gobiernos democr谩ticos, sin embargo, la comunidad internacional est谩 plenamente consciente que esta norma a pesar de su reforma proviene de la era de la dictadura militar y ten铆a otras finalidades completamente incompatibles con las reivindicaciones de derechos que promueven las comunidades Mapuche.

Con seguridad habr谩n novedades en derechos territoriales, debido, a que los 贸rganos de protecci贸n de derechos humanos han comprendido que la compra de tierra mediante el procedimiento establecido por la ley ind铆gena 19.253, es completamente insuficiente, por tanto, los anuncios de modificaci贸n de la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena, no constituye una iniciativa original de la Nueva Mayor铆a, sino simplemente se est谩n poniendo el parche ante la herida y la propia idea de un ministerio ind铆gena ha sido recomendada por el Relator Especial, aunque es de meridiana importancia definir previamente el mandato del ministerio ind铆gena de lo contrario ser谩 poco eficaz y s贸lo vendr谩 a contribuir a la suma de nuevas instituciones Estatales.

La utilizaci贸n del concepto de tierras ancestrales del Pueblo Mapuche de parte del Relator Especial es un signo y fundamento en derecho que abren nuevas posibilidades de reivindicaci贸n de tierras por parte de las comunidades Mapuche y plantea una urgente necesidad de resoluci贸n al derecho a la tierra, en base al derecho ancestral y no a la compra y venta como lo estipula la ley ind铆gena. El Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n Racial en sus recomendaciones del 30 de agosto 2013, ha sido muy categ贸rico sobre derecho a las tierras ancestrales 聯El Comit茅 reitera sus recomendaciones al Estado parte y lo alienta a:
a) acelerar el proceso de restituci贸n de tierras ancestrales y a proporcionar los recursos eficaces y suficientes para proteger los derechos de los pueblos ind铆genas sobre sus tierras y recursos ancestrales, de acuerdo con la Convenci贸n, dem谩s normas internacionales relevantes, y con los tratados firmados entre el Estado parte y los pueblos ind铆genas (CERD/C/CHL/CO/15-18, p谩rr. 21);
A pesar que los Tratados Mapuche est谩n reconocidos por parte del derecho internacional en la Declaraci贸n de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Ind铆genas. Este reconocimiento es completamente compatible con el fundamento esencial del mandato en las actividades del Relator Especial sobre terrorismo y derechos humanos. El Relator Especial tiene un mandato muy claro y por tanto, pone 茅nfasis en los ejes de la lucha contra el terrorismo y se帽ala 聯Todos los Estados miembro de Naciones Unidas, incluyendo a Chile, han llegado a consenso en que las condiciones conducentes a la propagaci贸n de la violencia y el extremismo motivado por asuntos pol铆ticos incluyen conflictos regionales de larga data, tales como los conflictos territoriales, la gobernabilidad deficiente, las violaciones a los derechos humanos, y las formas de discriminaci贸n mediante la ley, adem谩s de la exclusi贸n pol铆tica, econ贸mica y educacional聰.

En el caso del Pueblo Mapuche se dan todas las condiciones de las causas que generan las tensiones y que conforman el mandato de las actividades del Relator Especial, por ello, las recomendaciones de la comunidad internacional no pueden dejar de mencionar el derecho a la tierra, tanto, aquellas que gozan del estatus de tierras ancestrales, las que estaban protegidas por los Tratados o Parlamentos, las mismas que el Estado Chileno reconoci贸 mediante los t铆tulos de Merced. Pero insistir en la pol铆tica del Fondo de Tierra estipulada en la ley Ind铆gena 19.253, no es m谩s que la pol铆tica de compra y venta de tierras alejada completamente del derecho.

En definitiva la comunidad internacional mediante los organismos de protecci贸n a los derechos humanos han puesto en evidencia suficiente informaci贸n sobre la realidad Mapuche y han presentado todas las recomendaciones m谩s elementales para que el Estado Chileno tome una posici贸n constructiva y de buena fe con el Pueblo Mapuche. Del mismo modo el derecho internacional ha reconocido los m谩s altos est谩ndares en derechos humanos para cualquier Pueblo del mundo, como es el derecho a la libre determinaci贸n, el derecho al territorio y recursos y en el caso espec铆fico del Pueblo Mapuche el reconocimiento de los Tratados o Parlamentos.

Todos los derechos anteriormente mencionados constituyen las bases esenciales para la implementaci贸n del derecho a la libre determinaci贸n Mapuche y de la misma manera las recomendaciones mencionadas y otras conforman las bases y argumentaci贸n para establecer una estrategia nacional e internacional de parte de los organismos del Pueblo Mapuche y actuar con todas las atribuciones de sujeto colectivo en derecho.

Wallmapuche, Temuco, Walung Kuyen 09 de Marzo 2014.

Fuente: Aucan Huilcaman Paillama

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