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2014-05-14 | Antecedentes | Indoamericano

Las inconsistencias de la pol铆tica ind铆gena

A dos meses de haberse iniciado el nuevo gobierno de Bachelet, comienzan a apreciarse evidentes inconsistencias en su pol铆tica en relaci贸n a los pueblos originarios. Luego de las expectativas que generara el nombramiento de Francisco Huenchumilla como Intendente de la Araucan铆a -expectativas que se vieron reforzadas a ra铆z de su petici贸n de perd贸n al pueblo mapuche por el despojo que el Estado hizo de sus tierras, y por sus declaraciones en favor del reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional-, las acciones y omisiones de las autoridades de gobierno en este 谩mbito dan cuenta de que no existe claridad y coordinaci贸n en la conducci贸n de la pol铆tica gubernamental hacia estos pueblos.




En efecto, el nombramiento del nuevo director de CONADI tom贸 casi un mes, inmovilizando a la instituci贸n p煤blica encargada por ley de la coordinaci贸n de la pol铆tica ind铆gena. En los dos meses trascurridos no se identifican pasos n铆tidos para la implementaci贸n de una nueva pol铆tica con un enfoque de derechos, basada en el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos que conciernen a estos pueblos, tal como se se帽ala en el programa de gobierno de la presidenta. Tampoco hay se帽as de avances en el cumplimiento de la medida considerada para los primeros cien d铆as de gobierno, cual es la presentaci贸n de una propuesta legal para convertir a la CONADI en un Ministerio.

Si bien los anuncios referidos a la no utilizaci贸n de la legislaci贸n antiterrorista para hechos relacionados con la protesta social ind铆gena, y a la adecuaci贸n de esta legislaci贸n a est谩ndares de derechos humanos, son relevantes para abordar los problemas generados con la criminalizaci贸n ind铆gena hasta ahora existente, ellos no son suficientes para la construcci贸n de una nueva pol铆tica coherente, la que debe abordar un conjunto de materias fundamentales para estos pueblos. Tales materias incluyen, entre otras, la efectividad de los mecanismos para hacer restituci贸n a los pueblos ind铆genas de sus tierras de ocupaci贸n tradicional, el respeto al derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, y el t茅rmino de la exclusi贸n pol铆tica de la que son objeto.

En ausencia de una pol铆tica gubernamental clara, Huenchumilla ha intentado abordar los problemas m谩s cr铆ticos en la relaci贸n con el pueblo mapuche, al menos en el reducido 谩mbito geogr谩fico de la Araucan铆a. As铆 ha intentado buscar una soluci贸n pronta a los conflictos de tierras m谩s graves y ha dado se帽alas en torno a los lineamientos que deben orientar a los 贸rganos del Estado en los procesos de consulta con pueblos ind铆genas frente a medidas administrativas que recaen en proyectos de inversi贸n con impacto ambiental. Tambi茅n ha intervenido en la b煤squeda de soluci贸n humanitaria a la situaci贸n de los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre por ya m谩s de un mes en reclamo por su situaci贸n carcelaria y por su procesamiento en contradicci贸n con las garant铆as del debido proceso. Lamentablemente, en estos esfuerzos no siempre ha encontrado el respaldo que requiere de todos los niveles del Estado.

Es as铆 como en el caso de las leg铆timas reclamaciones de tierras ind铆genas se ha enfrentado a una burocracia que no ha permitido dar soluci贸n, por ejemplo, a la emblem谩tica reivindicaci贸n de tierras de la comunidad de Temucuicui en Ercilla, la que se encuentra priorizada por CONADI. Recordemos que la pol铆tica de tierras ind铆genas del Estado, la que ha operado a trav茅s de compras de tierras a precios especulativos por el Fondo de Tierras y Aguas Ind铆genas, ha sido cuestionada no solo por los pueblos ind铆genas, sino por instancias internacionales como la propia OIT. Ello, en raz贸n de que no permite la restituci贸n a los pueblos ind铆genas de tierras de ocupaci贸n tradicional, limit谩ndose solo a las tierras emanadas de t铆tulos otorgados anteriormente por el Estado.

En materia de consulta el Intendente dio una se帽al relevante la semana pasada en la Comisi贸n de Evaluaci贸n de Medio Ambiente de la Araucan铆a que preside. Ello al rechazar la calificaci贸n ambiental del proyecto de central hidroel茅ctrica Tracura, fundamentando la necesidad de desarrollar la consulta a las comunidades directamente afectadas por esta iniciativa, sobre la base de los est谩ndares de la consulta del Convenio 169 de la OIT. Paradojalmente, dicha calificaci贸n ambiental fue aprobada con el voto favorable de varios SEREMI, lo que es demostrativo de una seria descoordinaci贸n de la pol铆tica gubernamental. Cabe se帽alar tambi茅n en relaci贸n al derecho de consulta que un representante del gobierno de Bachelet reconoci贸 en audiencia ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado 聳no sin antes defender el cuestionado proceso que llev贸 adelante la administraci贸n de Pi帽era y que result贸 en la aprobaci贸n de reglamentos sobre la materia (los Decretos 40 de 2012 y 66 de 2013)-, la necesidad de revisar dichos reglamentos. Hasta ahora, sin embargo, no hay anuncios sobre c贸mo y cu谩ndo este proceso ser谩 llevado adelante.

Por otro lado, en el plano de las reformas legales, una omisi贸n grave es aquella observable en el proyecto de reforma al sistema electoral binominal presentado al Congreso Nacional por el ejecutivo en abril pasado. Dicho proyecto, a煤n cuando plantea como objetivos expl铆citos la representaci贸n de las minor铆as y la conformaci贸n de un Congreso que refleje las diversidad del pa铆s, y a que considera el establecimiento de cuota de candidatos en raz贸n de g茅nero, promoviendo con ello una mayor representaci贸n de la mujer en el Congreso, cuesti贸n por cierto relevante, no considera mecanismos similares que posibiliten la representaci贸n ind铆gena en esta instancia. M谩s aun, dicha reforma no introduce reformas a la ley de partidos pol铆ticos, la que como sabemos restringe la posibilidad de los sectores minoritarios, como los pueblos ind铆genas, de conformar partidos pol铆ticos, y que dificulta la presentaci贸n de candidatos independientes, limitando con ello las posibilidades de estos pueblos de contar con una representaci贸n parlamentaria.

La experiencia de Wallmapuwen, movimiento pol铆tico mapuche que lleva cinco a帽os tratando de conformarse como partido y contar con representaci贸n parlamentaria, sin poder lograrlo hasta ahora dadas las limitaciones de esta ley, evidencia los problemas de una legislaci贸n que el gobierno de Bachelet no ha considerado reformar. No se entiende como el gobierno no ha tenido en consideraci贸n la variable 茅tnica en esta reforma, toda vez que la exclusi贸n de los pueblos ind铆genas del Congreso deslegitima para ellos la legislaci贸n que se les aplica, por la simple raz贸n de que esta ha sido elaborada sin su participaci贸n.

Finalmente, no se han dado se帽ales claras en torno a una estrategia para el reconocimiento jur铆dico y pol铆tico de los pueblos ind铆genas, propuesto en el programa de gobierno de Bachelet. Menos a煤n se han se帽alado orientaciones en torno a c贸mo el gobierno est谩 pensando impulsar el di谩logo indispensable para la elaboraci贸n de las bases de este reconocimiento. Se trata, a todas luces, de un di谩logo urgente que deber铆a desarrollarse desde el primer momento de una administraci贸n de gobierno como la actual. Ello no solo para hacerla viable -en la medida que las disposiciones al di谩logo generalmente se van deteriorando con el transcurso del tiempo de un nuevo gobierno-, sino a su vez para que pueda resultar en cambios efectivos en un per铆odo tan breve como cuatro a帽os. Cabe recordar al respecto que dicho di谩logo fue propuesto en marzo pasado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, como un elemento central para la construcci贸n de una estrategia nacional en materia ind铆gena que permita dar soluci贸n a los conflictos de fondo entre el Estado y los pueblos ind铆genas.

Dicho lo anterior, tambi茅n debe reconocerse que resulta preocupante la ausencia de cohesi贸n en los pueblos ind铆genas, al menos en los de peso demogr谩fico m谩s relevante. Ello se manifiesta en la ausencia de coordinaci贸n entre sus diferentes organizaciones para definir demandas prioritarias al Estado y en la primac铆a de las negociaciones y acuerdos sectoriales por sobre aquellas de car谩cter colectivo en que se aborden temas comunes a un pueblo ind铆gena determinado o a todos ellos en su relaci贸n con el Estado chileno. Se manifiesta asimismo en las dificultades para definir sus instituciones representativas en su relacionamiento con el Estado. Ello por cierto genera un escenario propicio para las pol铆ticas clientelistas que hemos conocido en el pasado, que son muy diferentes a aquellas basadas en derechos que postula el programa de Bachelet. Se trata de un desaf铆o no menor que ha sido reconocido tambi茅n por instancias internacionales, como la Relator铆a Especial de la ONU sobre Derechos Ind铆genas, la que ha subrayado la necesidad de que los pueblos ind铆genas identifiquen a trav茅s de sus propios mecanismos sus instancias representativas para hacer efectivos derechos tan relevantes como el de consulta frente a medidas administrativas y legislativas que son susceptibles de afectarles directamente.

De no establecerse cambios dr谩sticos y urgentes en las tendencias aqu铆 observadas, podemos predecir un futuro no muy promisorio en las relaciones entre el Estado y los pueblos ind铆genas bajo esta segunda administraci贸n de Bachelet, gener谩ndose un escenario propicio para la intensificaci贸n del conflicto inter茅tnico verificado en los 煤ltimos a帽os.

La pregunta que cabe hacerse entonces es: 驴Qu茅 est谩 esperando el nuevo gobierno para evitar que ello ocurra?

Por Jos茅 Aylwin

Fuente: Observatorio Ciudadano

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