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2010-10-01 | Antecedentes | Indoamericano

Expertos alertan impacto negativo de la minería en medioambiente y comunidades indígenas

En nuestro país se constituyó el Primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera de Latinoamérica, como una forma de alertar acerca de los abusos cometidos por los estados y las grandes empresas mineras, que llegan a la región, obligan a las comunidades indígenas a abandonar sus tierras y causan impacto negativo en el medioambiente.




Hasta hoy durarán las actividades, que se desarrollan en nuestro país con la presencia de organismos de defensa de los derechos humanos y el medioambiente.

La idea es dar a conocer una serie de sucesos ocurridos en las fronteras latinoamericanas de Perú y Ecuador, Bolivia y Brasil, Costa Rica y Nicaragua, Guatemala y El Salvador, Argentina y Chile, además de otras donde se ha instalado la gran industria minera, generando un importante impacto negativo en el medioambiente, la sociedad, pero especialmente en las comunidades indígenas.

Según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en Chile, uno de los organizadores del evento, “lo que se está liberando de la frontera es a favor de las empresas transnacionales y las restricciones para la integración entre los pueblos se mantienen. Esos temas los queremos debatir con un panel de personalidades para que nos ayuden, desde una mirada y un paradigma distinto a lo que rige hoy, a construir un pronunciamiento, un llamado a la sociedad latinoamericana a preocuparse más de estos temas”.

Por su parte, César Padilla, director del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, otro de los organizadores, explicó que en otros países la situación es bastante disímil a lo que ocurre en Chile, donde la extensa frontera está casi despoblada.

En Centroamérica y nuestros países vecinos es al revés, lo que ha motivado a los gobiernos a desconocer las legislaciones que prohíben la extracción de recursos naturales cerca de las fronteras, generando decretos y militarizando zonas habitadas por pueblos y comunidades indígenas que son obligados a trasladarse, perdiendo el abastecimiento de agua y otros sustentos básicos.

“La pérdida de derechos de las comunidades cercanas a la frontera para instalar empresas mineras es un riesgo mucho mayor que en otros lados, proque las fronteras son lugares geopolíticos que incluso pueden quedar -como ha sido el caso del Perú o el Ecuador- militarizados. Eventualmente, pueden ser las mismas Fuerzas Armadas las encargadas de allanar el camino para la instalación de empresas mineras. Eso es lo que queremos dar a conocer ampliamente en la región”, comentó.

En la oportunidad, se conocieron casos y testimonios extranjeros, como el de Luis Macas, director del instituto Científico de Culturas Indígenas de Ecuador, quien sostuvo que la mayor parte de los recursos naturales está en territorio indígena en América Latina, por lo que intereses privados buscan el aprovechamiento sin medir consecuencias.

“Desde los pueblos indígenas no estamos de acuerdo con este tipo de desarrollo. Creo que hay otras formas en que el ser humano puede vivir. Cómo es posible que, por ejemplo, el 80% de la energía que se produce en el mundo, particularmente en estos países, apenas sirve para el 18% o 20% de la población mundial. Queremos que ese desequilibrio sea redistribuido de mejor manera en los distintos países, por ejemplo, en vías de desarrollo”, afirmó.

Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, indicó que en nuestro país la situación es más grave de lo que se piensa, porque la ley permite que los terrenos se entreguen sin obstáculos y sin cobrar impuestos a las grandes transnacionales.

“Son cientos de miles de hectáreas entregadas sin ningún control a las transnacionales mineras, porque es la ley la que permite que cualquier empresa extranjera, a través de un tribunal, obtenga la concesión de exploración y explotación y de ahí se le otorgue indefinidamente. La situación de Chile es sin parangón en América Latina, estamos en peores condiciones por la ley que tenemos”, aseguró.

Según los organizadores del Tribunal Ético de la Minería de Frontera, la idea es que las conclusiones de este debate sean difundidas entre la ciudadanía y posteriormente sirvan para generar iniciativas legales, que permitan preservar el medioambiente y los derechos de los pueblos originarios asentados justo en medio de la riqueza que las grandes industrias quieren explotar

Fuente: Diario Universidad de Chile

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