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2010-09-28 | Antecedentes | Mapuche

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Debate sobre la Ley Antiterrorista

En un rotundo fracaso termin贸 ayer la negociaci贸n, con intervenci贸n de la Iglesia, entre el Gobierno y comuneros mapuches en torno a los puntos que 茅stos planteaban, particularmente en relaci贸n con la Ley Antiterrorista y la situaci贸n que se vive con las acciones legales. La huelga de hambre durante 78 d铆as de 34 comuneros mapuches formalizados (o algunos condenados) por dicha ley continuar谩.




Extremando sus demandas, 茅stos ahora exigen la intervenci贸n de los dem谩s poderes del Estado -Judicial y Legislativo-, as铆 como del Ministerio P煤blico. Evidentemente, estas exigencias sobrepasan el ordenamiento institucional del pa铆s y el Gobierno no puede acceder a ellas. Las organizaciones mapuches responsables de graves actos de intimidaci贸n mostraron frialdad y c谩lculo pol铆tico frente a un Gobierno que pareci贸 dispuesto a concesiones muy discutibles para que cesara la intimidaci贸n de los huelguistas que est谩 en el n煤cleo de su actuaci贸n.

Sin duda, la discusi贸n sobre la modificaci贸n de la legislaci贸n antiterrorista chilena despierta opiniones fuertemente encontradas, pero cuando se trata de precisar este tema, hay varias consideraciones que se suelen olvidar. As铆, cabe recordar que la aplicaci贸n de la Ley N掳 18.314 (sobre conductas terroristas y su penalidad, con sus diversas modificaciones) respondi贸 a un clamor transversal durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, lo cual es elocuente demostraci贸n de que 茅ste es un problema del Estado de Chile, y no de una u otra coalici贸n pol铆tica. Por eso, las soluciones que se busquen deben estar orientadas por una visi贸n de largo plazo, y no por los r茅ditos o costos que supuestamente conlleve el apoyar o entrabar una f贸rmula u otra. Siendo as铆, es indispensable volver sobre las preguntas de fondo: 驴En qu茅 posici贸n quedar铆a el Estado de Chile frente al terrorismo en el futuro si se modificase ahora la ley en los t茅rminos que se han propuesto? 驴Subsistir铆an los mecanismos id贸neos para la lucha contra una forma de delincuencia altamente compleja y desintegradora? 驴Se entregar铆an con estas modificaciones las se帽ales correctas respecto del compromiso del Estado para con las v铆ctimas de atentados terroristas y con la sociedad?

Una huelga de hambre es el peor marco imaginable para tener esta discusi贸n en condiciones conducentes a soluciones duraderas. La presi贸n de los comuneros ha hecho fluctuar las soluciones contempladas, sea en cuanto a la consideraci贸n de los hechos que se les imputan o en cuanto a sus caracter铆sticas personales. Pero, inevitablemente, las legislaciones fundadas en argumentaciones ad hoc (relativas a la soluci贸n de hechos espec铆ficos) o ad hominem (a personas determinadas) est谩n condenadas al fracaso a poco andar. La discusi贸n debe llevarse en dos planos diferentes: uno se refiere a la adopci贸n de las medidas necesarias para solucionar el problema espec铆fico de los huelguistas; otro, a la revisi贸n del estatuto antiterrorista en el largo plazo. Desde esta perspectiva, en la soluci贸n del primer conflicto no deber铆a comprometerse m谩s que una revisi贸n pausada de la Ley Antiterrorista, y no una modificaci贸n urgente de su texto para aplicar un nuevo estatuto a los comuneros formalizados o condenados. Ambos planos deben trabajarse conjuntamente, pues poner todo el 茅nfasis en la soluci贸n de la huelga puede hipotecar el futuro, beneficiando a movimientos terroristas que, anticipablemente, podr谩n aprovecharse de una legislaci贸n laxa.

Por otra parte, centrar todo en las soluciones de largo plazo podr铆a llevar a un desenlace fatal entre los huelguistas, que causar铆a predecible conmoci贸n interna y, adem谩s, resultar铆a muy complejo en el escenario internacional, que est谩 claramente invitado a opinar luego de la intervenci贸n del Presidente Pi帽era en la ONU.

Los aspectos que merecen discusi贸n ya est谩n sobre la mesa: es necesario revisar la tipificaci贸n de los delitos terroristas y las presunciones de actividad terrorista. Ambos temas requieren un reposo que en este momento no existe, y precisamente por eso se han propuesto soluciones que se desenfocan del problema, como la revisi贸n de la cuant铆a de las penas o la regulaci贸n procesal de su investigaci贸n. Cualquier reforma de esta ley debe contar con los tiempos necesarios para una discusi贸n pausada y con visi贸n de Estado, y no abordarse como una soluci贸n de urgencia para la contingencia

Fuente: El Mercurio

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