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2022-04-03 | Opinión | Mapuche

Derechos de los Pueblos Ind铆genas en la Constituci贸n Pol铆tica de Chile

La incorporaci贸n de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas como norma constitucional deber铆a ser ley constitucional en la Constituci贸n Pol铆tica Chile del siglo XXI. Por su peculiar 铆ndole estructural, es imperioso formular la obligaci贸n del Estado de Chile para el cumplimiento del principio de supremac铆a constitucional de los derechos de los Pueblos Ind铆genas. Se trata de formular en su fundamento y finalidad. En su fundamento, es el compromiso activo como una realidad social, espiritual y material. En su finalidad, es favorecer en todas sus dimensiones el pleno y completo desarrollo de la sociedad entera.




Foto: eldesconcierto220103
En la Convenci贸n Constitucional en Chile se han expuesto argumentos a favor de la relativizaci贸n de los derechos de Pueblos Originarios. En la sesi贸n 19 de la Convenci贸n Constitucional (septiembre de 2021), una constituyente, representante de Convergencia Social y Frente Amplio, formul贸 la tesis de que "la Convenci贸n Constitucional parte de una hoja en blanco". Los comentarios y r茅plicas no se han dejado esperar, al considerar que dicha afirmaci贸n es parte de una estrategia que emplaza a los constituyentes de los esca帽os reservados de los Pueblos Originarios a la negociaci贸n de los derechos de los Pueblos Ind铆genas en la nueva Constituci贸n Pol铆tica de Chile.

Esta iniciativa, tendiente a relativizar el estatuto vinculante de la legislaci贸n internacional en la regularizaci贸n de los derechos de Pueblos Originarios, ha sido positivamente acogida por los grupos de convencionales de la derecha pol铆tica chilena que difunden un discurso negacionista en relaci贸n con los derechos de los pueblos originarios. Por el contrario, los convencionales de los esca帽os reservados de Pueblos Originarios llaman la atenci贸n a que una Constituci贸n Pol铆tica Chile del siglo XXI debe elevar las normas y est谩ndares del derecho internacional de los pueblos originarios. Destacan que la tesis de la Convenci贸n Constitucional como una hoja en blanco tiende a relativizar los principios b谩sicos de la plurinacionalidad y la libre determinaci贸n.
El reconocimiento de los derechos a Pueblos Originarios por parte de los Estados no corresponde a actos de buenas intenciones. Las obligaciones derivan de la ratificaci贸n de las convenciones internacionales, cuyo prop贸sito es garantizar, proteger y respetar los derechos de los pueblos originarios. Desde all铆 que a los constituyentes de los Pueblos Originarios no les corresponde negociar derechos en el proceso constituyente, sino se帽alar c贸mo se deben garantizar estos derechos. En tal sentido, se debe considerar el tema de la implementaci贸n del Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci贸n de Estados Americanos, la Declaraci贸n Americana de los Derechos Ind铆genas y la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, con el prop贸sito de garantizar las condiciones de vida digna a las futuras generaciones. No en vano, a lo largo de a帽os, diversos Comit茅s de Convenciones y Tratados Internacionales tal como los Relatores de Naciones Unidas y la Comisi贸n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han insistido en la vigencia de las obligaciones del Estado de Chile respecto a los derechos de los pueblos originarios.

La consecuencia de lo anteriormente mencionado es la ausencia de fuentes de financiamiento y programas pol铆ticas p煤blicas para implementar pol铆ticas de acceso a tierras y protecci贸n recursos naturales de los pueblos ind铆genas. En relaci贸n con el incumplimiento de lo estipulado en el Convenio N掳 169, de la OIT, se verifica la falta de soluciones pol铆ticas por parte del Estado. En materia de obligaciones, el sistema de normas y est谩ndares del derecho internacional opera desfavorablemente en la realidad. No garantiza la implementaci贸n de los derechos de los pueblos originarios

El modelo convencional, a trav茅s del cual entendemos como el sistema normativo chileno puede contribuir con soluciones, contempla la idea de una reforma constitucional o de armonizar el ordenamiento jur铆dico interno con leyes vinculantes. Esta alternativa es una necesidad que se sobrepone como soluci贸n de largo plazo. El desaf铆o consiste en utilizar mecanismos de resoluci贸n alternativa que permita incorporar una Convenci贸n Internacional como norma constitucional y ley constitucional en la Constituci贸n Pol铆tica Chile. En los casos en que se han operado estos mecanismos de incorporaci贸n constatamos que se ha hecho como una necesidad en la que el contenido jur铆dico se sobrepone a su relaci贸n con la historia.

Con imaginaci贸n y voluntad pol铆tica, es posible impulsar la incorporaci贸n de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas como norma y derecho constitucional en la nueva Constituci贸n Pol铆tica de Chile. As铆 lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el Estado sueco, que siguiendo el ejemplo de Noruega (2003) en 2020 incorpora como ley a la Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni帽o.

En el caso sueco, los que se opon铆an a incorporar una Convenci贸n Internacional como un cuerpo legal nacional subrayaban aspectos de orden pr谩ctico y t茅cnico jur铆dico. Como problema principal, se mencionaba las complicaciones para implementar una legislaci贸n que no armoniza con el ordenamiento jur铆dico sueco; y que no tiene antecedentes ni trabajos preparatorios como es el caso de otras leyes. Estas dificultades se las consideraba como imposibilidad para que los tribunales interpreten la ley y juzguen.

Concebir los derechos fundamentales de una Convenci贸n Internacional es aceptar que las disposiciones gubernamentales en cuesti贸n se rigen por una ley. Consecuentemente, funcionarios administrativos y autoridades responsables deben transformarla en directrices program谩ticas de desarrollo y planes operativos. Desde esa perspectiva, todo Estado que ratifica Convenciones Internacionales adapta su cuerpo legal en concordancia con lo que ratifica. Esto implica asumir que desde el momento de su ratificaci贸n, toda Convenci贸n es un antecedente jur铆dico vinculante. Desde esa perspectiva, los derechos establecidos en una Convenci贸n Internacional son aplicables en los tribunales nacionales.

Los expertos en la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o o el Comit茅 de los Derechos del Ni帽o de la ONU brindan la posibilidad de asesorar a los Estados en materia de interpretaci贸n e implementaci贸n. A modo de complemento, vale destacar las diversas oportunidades en que el Tribunal Supremo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha fallado en casos que requieren asistencia interpretativa.

Hasta el momento la experiencia indica que es de vital importancia tener en consideraci贸n las situaciones de conflictos frente a otros derechos. En el caso sueco, los derechos del ni帽o se reglamentan sobre la base de la modificaci贸n del Principio de Juridicidad en relaci贸n al ordenamiento jur铆dico de la Convenci贸n. Noruega, por su parte, procedi贸 de distinta manera al asignarle a la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o el status legal de 芦derecho preferencial禄. Esto significa que, si la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o entra en conflicto con otras leyes, la primera tendr谩 m谩s peso. En Suecia, en caso de conflicto con otras leyes, se aplica el principio legal interpretativo normal. Para el caso, significa que la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o ha sido integrada como ley ordinaria, es decir, no detenta status de ley constitucional. Si el conflicto es con una ley constitucional o la legislaci贸n de la Uni贸n Europea, estas pesan m谩s que la ley ordinaria. La conclusi贸n que se puede sacar de la incorporaci贸n de la Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni帽o como ley en Suecia es que la incorporaci贸n de una Convenci贸n Internacional en una cuerpo legal nacional exige una rigurosa evaluaci贸n. Si los derechos son tratados como reglas, devienen en jerarqu铆as abstractas que pueden conducir a relativizar los derechos en cuesti贸n.

Retornando al tema inicial, la incorporaci贸n de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas como norma constitucional deber铆a ser ley constitucional en la Constituci贸n Pol铆tica Chile del siglo XXI. Por su peculiar 铆ndole estructural, es imperioso formular la obligaci贸n del Estado de Chile para el cumplimiento del principio de supremac铆a constitucional de los derechos de los Pueblos Ind铆genas. Se trata de formular en su fundamento y finalidad. En su fundamento, es el compromiso activo como una realidad social, espiritual y material. En su finalidad, es favorecer en todas sus dimensiones el pleno y completo desarrollo de la sociedad entera.

Todos derecho constitucional encuentra su sentido en cuanto su ejercicio ayuda al cambio cultural de la sociedad. El rango constitucional de los derechos son traducciones jur铆dicas que se sobreponen a su relaci贸n con la historia. Desde all铆 que la incorporaci贸n de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas como ley constitucional en la Constituci贸n Pol铆tica Chile del siglo XXI pasa a ser una realidad unitaria y coherente, necesaria para la coexistencia de principios en un Estado plurinacional.

Articulo relacionado:
Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/01/03/derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-la-constitucion-politica-de-chile.html


Por Calbucura, J. | Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

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