2013-04-22 | Antecedentes | MapucheSOCIEDAD › INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA PATAGONIADerechos vulnerados en el SurUna organización que monitorea el estado de los derechos indÃgenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del paÃs. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.
Por DarÃo Aranda
| | La megaminerÃa es una de las actividades más cuestionadas en el ámbito de la Patagonia. | | | Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indÃgenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y polÃtico. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos IndÃgenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. “Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democraciaâ€, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
El Odhpi publica todos los años su investigación anual. Este año centró su trabajo en Chubut, RÃo Negro y Neuquén. “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indÃgenas como pueblos autónomosâ€, afirma.
“Avanzada de la megaminerÃa†es el tÃtulo del capÃtulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut está vigente la ley 5001 (que prohÃbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploración. Explica que la minera ingresó al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploración, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indÃgena (junto a técnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades polÃticas para avanzar en una actividad prohibida.
“No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresasâ€, denuncia el Odhpi.
“Informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indÃgenas en la Patagonia†es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminerÃa) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indÃgenas.
De RÃo Negro describe que la violación de los derechos de las comunidades son “recurrentes†y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que censa las comunidades.
De Neuquén puntualiza que es “particularmente grave†la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburÃfera, especialmente por los llamados hidrocarburos “no convencionales†(con el método de hidrofractura), con la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial “ya han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participación de las comunidades mapuchesâ€. Señala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayiñ y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro décadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasÃfero Loma La Lata.
En Neuquén recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicación “sigue demoradaâ€.
El Odhpi dedica un apartado a la criminalización de la lucha indÃgena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuquén enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.
El informe, de 97 páginas, analiza los casos de judicialización y concluye: “El Estado protege con esta polÃtica represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turÃstica, a costa del respeto de los derechos humanos de los indÃgenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, polÃtica y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionadoâ€.
El Odhpi precisa, como casos paradigmáticos de jueces que criminalizan a indÃgenas, a Ivonne San MartÃn (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violación de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (RÃo Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).
“Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indÃgenasâ€, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subrayó que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a “una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomÃa de las comunidades indÃgenasâ€. El informe advierte que “lo más grave†es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indÃgenas se producen con “el impulso del gobierno, la inhibición de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicialâ€.
Fuente: Página 12
Publicado: 2013-04-22 | Revisado: | Enlace de actual documento: http://www.mapuche.info/?pagina=4154 |