Dirigentes de la etnia consideran que la aplicación del cuerpo legal radicalizará aún más las posiciones entre indígenas y agricultores. Hoy la Corte de Apelaciones de Concepción estudiará el requerimiento presentado por la intendencia contra 10 comuneros.

Jose Ignacio Saffie y Pablo Vergara

Los estudiantes mapuches del hogar universitario de Santiago, se declararon en "estado de alerta" tras la presentación de un requerimiento por la Ley de Seguridad del Estado, contra 10 comuneros mapuches en la Octava Región, según dijo su presidente, Adán Romero Choquepil (al centro).  (Foto: CARLOS PARRA) Recursos legales Aunque históricamente han sido pocos los conflictos que ha resuelto, la Ley de Seguridad del Estado constituye una de las más duras armas que se han empleado hasta ahora en el conflcito mapuche. Esta ley no puede ser invocada por un ciudadano cualquiera y sólo pueden hacerlo algunas autoridades.  Concretamente, el requerimiento presentado el sábado por la Intendencia de la VIII Región se funda en los artículos referidos al orden público, y que se refieren a quienes "provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública". El mismo requerimiento hace mención de quienes destruyan, paralicen o dañen instalaciones agrícolas o industriales. Asimismo, el recurso alude a quienes, entre otras cosas, destruyan o impidan el acceso a puentes, calles o caminos.  Las penas contempladas en la misma ley oscilan entre el presidio, el relegamiento y el extrañamiento. La Ley de Seguridad del Estado ha sido objeto de cuestionamientos en el último tiempo, sobre todo en lo que se refiere a la honra del Presidente de la República, ministros de Estado, senadores, diputados, integrantes de tribunales superiores y comandantes en jefe de las ramas de la Defensa, entre otras autoridades.  El otro cuerpo legal que ha sido invocado en el presente conflicto es la Ley Antiterrorista. Sin embargo, ésta contempla que los delitos deben cometerse con la finalidad de causar temor en forma premeditada. Las autoridades han señalado que hasta el momento no se han detectado grupos terroristas en la zona en conflicto.

De hecho, los comuneros de la zona hicieron presente que el requerimiento no detendrá sus acciones tendientes a recuperar terrenos de la hacienda Lleu Lleu, lo que se tradujo en nuevos incidentes protagonizados ayer por indígenas en el mismo sector , quienes realizaron dos ataques incendiarios a un predio de la Forestal Arauco.

Esto fue ratificado por dirigentes mapuches, quienes consideran que la aplicación de dicho cuerpo legal, lejos de detener las acciones violentas, radicalizará las posición entre indígenas y agricultores en las regiones Octava y Novena.

A este respecto, el consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Hilario Huirilef, lamentó la medida, "ya que el gobierno nuevamente está tratando por la fuerza de detener las legítimas reivindicaciones de los mapuches por la tierra. Reprimir y encarcelar no resuelve el problema".

Estudiantes y Consejo

El werkén del Consejo de Todas las Tierras, José Naín, por su parte, calificó como injustificada la aplicación de la Ley de Seguridad, además de considerar que es una medida "desesperada". Agregó que esto es una muestra que el gobierno cedió a las presiones de la derecha y que podría traducirse en un agravamiento del conflicto.

Parlamentarios

El también parlamentario Alejandro Navarro (PS), coincidió y agregó que "el gobierno intenta solucionar el conflicto mapuche por vías que están agotadas, como son la judicial -con la aplicación de la ley de seguridad- y la policial -con la acción de Carabineros-".

Apoyo

"En teoría, muchos hablan que la Ley de Seguridad radicalizaría el clima de confrontación en la zona. Sin embargo, yo prefiero que esto se corte de raíz y no con paliativos transitorios", sostuvo el agricultor.

El diputado José Antonio Galilea (RN), compartió la posición del presidente de los agricultores respecto a que "es un paso para dar corte definitivo a esta situación. Sin embargo, estoy convencido que los delitos perpetrados por encapuchados están tipificados en la Ley Antiterrorista".

En Temuco, la intendenta de la Novena Región, Berta Belmar, dijo que "personalmente" cree que no es necesario aplicar dicho cuerpo legal, sin embargo no descartó que en su región se presente un requerimiento si continúan los enfrentamientos con encapuchados.

Nuevos ataques en la VIII Región

Los atentados se produjeron, paralelamente, cerca de las 01.30 de la madrugada de ayer. El primero de ellos afectó a la vivienda del cuidador del recinto -quien no se encontraba en el lugar- amenazando parcialmente la estructura de material sólido y bodegas contiguas a la habitación principal. El segundo, a escasos kilómetros de distancia, arrasó algunas plantaciones de pinos del sector.

Ambos incidentes, según informaron a La Tercera fuentes ligadas a la actividad forestal, habrían afectado a tierras que no son consideradas como parte del conflicto que divide a las empresa y a las comunidades indígenas de la zona.

Hasta la tarde de ayer, ninguna comunidad se atribuyó las destrucciones, no se registraron detenidos y, curiosamente, Carabineros no había tomado conocimiento del hecho.

En tanto, los incendios provocados ayer en las cercanías de Cañete se produjeron en la víspera de la revisión, por parte del pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, del requerimiento de aplicación de la Ley 12.927, sobre Seguridad del Estado, presentado el sábado por el Gobierno a través del intendente de la Región del Biobío, Jaime Tohá, contra los 10 comuneros mapuches detenidos el viernes por su responsabilidad en la provocación de serios enfrentamientos con carabineros.

El tribunal de alzada resolverá, además, la procedencia de la designación de un ministro en visita que instruya una investigación por la serie de actos violentos.

Para hoy se espera la llegada a la Octava Región de la titular del Ministerio de Planificación (Mideplán), Alejandra Krauss, quien recorrerá la zona, junto a miembros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y de las comunidades en conflicto, a objeto de constituir una comisión de trabajo.