25 de Enero de 2001 |
En
última sesión del Cosena el general Manuel Ugarte manifestó
al Presidente Lagos su preocupación por tomas mapuches
Carabineros
advirtió sobre autoprotección de agricultores
Para
la policía uniformada, la solución pasa por una decisión
política de impartir órdenes a la fuerza pública para
reaccionar con rapidez y eficiencia, y no por traspasar la responsabilidad
a la justicia, la que sólo puede actuar en forma tardía.
Paula
Afani y Jose Saffie
|
En medio de los planteamientos que surgieron en el Cosena, en el que principalmente se analizó el caso Pinochet, el máximo jefe de la policía uniformada expuso al Presidente Ricardo Lagos que en el sur del país había una sensación pública de que el Estado estaba siendo sobrepasado y que ya se estaban produciendo los primeros efectos, los que, de agudizarse, podrían generar en esa zona una situación como la que se vive en otros países sudamericanos, en los que los particulares se proporcionan autoprotección.
Transcurrido un mes de ese diagnóstico, las recientes declaraciones de los dirigentes de los agricultores confirman las sospechas policiales. Ya comenzaron a surgir las voces que piden apoyo militar para solucionar el problema y amenazas de organizarse para autoprotegerse de las tomas de terrenos y hechos de violencia, en vista que se percibe una inacción del Estado.
Fuentes uniformadas sostienen que se trata de un problema político, que ellos no pueden solucionar por sí mismos, porque para actuar en hechos como los que están ocurriendo en el sur del país la institución necesita de orden judicial o administrativa. Para Carabineros la solución pasa por una decisión de la autoridad política de impartir órdenes expresas a la fuerza pública de reaccionar con rapidez y eficacia frente a los conflictos generados.
Frente a este contexto, el general Ugarte planteó en el Cosena que cuando el Estado no protege al individuo se producen efectos gravísimos para el orden institucional del país, por lo que en esa ocasión hizo un llamado para que la autoridad política asuma su responsabilidad. Ello, ya que no es un tema judicial, porque la justicia sólo puede brindar una protección retardada, con hechos consumados y después de cumplirse una serie de trámites, lo que hace que la acción judicial sea normalmente extemporánea.
Consultado respecto al llamado de autodefensa, Riesco dijo que eso se traducirá en "implementar sistemas de comunicación para alerta temprana, avisar por cualquier sospecha que se tenga de algún atentado, comunicarnos constantemente y reunirnos periódicamente para concertar los pasos a seguir".
En tanto, en Santiago, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Andrés Santa Cruz, aclaró que "todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa y los agricultores no se van a dejar avasallar".
El Presidente Lagos, por su parte, reiteró ayer la tajante negativa del Ejecutivo "a la autodefensa de los agricultores, el encargado de mantener el orden es el gobierno".
En Temuco, el diputado (RN) Alberto Espina, dijo que la investigación de estos hechos que constituyen "conductas terroristas", debe encaminarse a descubrir la eventual organización que operaría con financiamiento extranjero. Espina, quien entregó a la Fiscalía Regional del Ministerio Público información aportada por agricultores, fue declarado "persona non grata" por el Consejo de Todas las Tierras "por sus maniobras racistas y dictatoriales".
A su vez, la dirigente comunista Gladys Marín sostuvo que reconocer la autonomía política de los pueblos originarios es la principal medida que las autoridades deberían impulsar para resolver el conflicto indígena, y criticó el llamado de los agricultores a formar grupos de autodefensa.
Según explicó Riesco, los problemas no son con el pueblo mapuche, sino con un pequeño grupo "de cuatro dirigentes que están provocando a los mapuches de algunas comunidades que les hacen caso por la enorme pobreza que se vive en la zona".
La ministra de Planificación, Alejandra Krauss, por su parte, fue categórica en señalar que los agricultores "pueden tener certeza que el gobierno, a través de Carabineros u otros organismos, tiene los mecanismos para asegurar la convivencia social".
Respecto a la petición de participación al Ejército, explicó que "es una interpretación que se hizo respecto a una labor que permanentemente el Ejército de Chile ha realizado en este país, en que frente a situaciones determinadas se les pide ayuda para -en el caso de la Novena Región- apagar incendios".
Agregó que "no nos olvidemos que personal del Ejército estuvo en la Cordillera buscando niños. No es de extrañar que como gobierno se requiera a personal especializado del Ejército, normalmente ocurre". Sin embargo, sostuvo que esto no se hará.
Por otro lado, el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcamán, lamentó las declaraciones respecto a la autodefensa de los agricultores y la actuación de militares en la zona. "Estos son hechos aislados y no hay certeza que sean mapuches quienes han realizado estos actos violentos. Nosotros no llamamos al pueblo mapuche a responder con las armas cuando hemos sido amenazados".
Respecto
a la solución del problema, Huilcamán aseguró que
"no se han abierto espacios de diálogo para canalizar las inquietudes
de los pueblos originarios. Un ejemplo es la negativa de la derecha a ratificar
el Tratado Nº169 de la OIT, que justamente hace eso".
|
||
Derechos
reservados COPESA
Este sitio es parte de la red Terra Networks Chile S.A. |