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NEUQUEN (AN).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,
reunida en Washington, estableció que la provincia y las comunidades
mapuches de Loma de la Lata se reúnan el próximo 23 en Neuquén
para definir cómo se terminará la planta potabilizadora de
agua.
La obra ejecutada por la empresa Repsol-YPF, que no está en
funcionamiento por motivos que varían según la parte que
los exponga, beneficiará a las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ
y fue construida en cumplimiento de un fallo judicial de la defensoría
de Menores luego de que se detectara contaminación en Lo-ma de la
Lata.
La corte, presidida por Roberto Goldmann, se reunió el jueves
en su sede, donde sus autoridades escucharon los alegatos mapuches y los
de la provincia. La partes dejaron bien en claro que tienen muy pocos puntos
en común y defendieron sus posiciones con acusaciones cruzadas.
Siempre en los Estados Unidos y con la corte como mediadora, los mapuches
y la provincia seguirán los próximos días intentando
un acercamiento, con el objetivo de que se cumpla con el fallo judicial
de la Defensoría de Menores de Neuquén.
El mismo se activó a partir de la contaminación hidrocarburífera
en el paraje neuquino, bajo cuyo suelo está la mayor cuenca gasífera
de Sudamérica. Allí, los aborígenes están en
pie de guerra con Repsol.
Para los mapuches, la provin-cia no cumplió con el compromi-so
de construir la planta, no entrega el agua que le hace falta a las comunidades
y tampoco se preocupa por la salud de los ni-ños a los que se les
detectó contaminación con metales pesados. La provincia,
que cedió la construcción de la obra y la entrega del agua
a Repsol, la planta no está en marcha porque los mapuches no dejan
que los los empleados del Entre Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)
terminen la obra, se cumple con la entrega de agua y se han remediado los
problemas de contaminación.
La ponencia de las comunidades de Loma de la Lata, cargadas de denuncias
contra la provincia, estuvo a cargo de la wer- ken de la Confederación
de Organizaciones Mapuches (COM), Verónica Huilipán, mientras
que la defensa del gobierno neuquino la realizó el abogado Alfredo
Tirachini, quien desestimó a su coterránea. Desde la dirección
de Prensa de la provincia se informó que Tirachini "detalló
las acciones claras y concretas que instrumenta la provincia para asegurar
el cuidado ambiental en las explotaciones petroleras". El asesor de gobierno
fue quien pidió a la Corte que interceda ante las comunidades para
que permitan el ingreso de los técnicos del EPAS. Goldman determinó
que la reunión se realice el 23 de noviembre "en territorio mapuche",
según la representante de la comunidades.
Huilipán, a través de un comunicado, explicó que
en su exposición denunció "el agravamiento progresivo de
la afectación de la salud (...) producto de la contaminación
con metales pesados en su sangre y organismo a partir de la explotación
irracional de Repsol sin ningún control por parte de la provincia".
Desde el gobierno se aseguró que Tirachini "a través de sendos
documentos desestimó acusaciones efectuadas por la comunidad mapuche
Paynemil sobre la situación en Loma de la Lata".
En lo que Tirachini y Huilipán se pusieron de acuerdo es que
la provincia -o más bien Repsol- tendrá mantener la entrega
de bidones de agua mineral a granel a la comunidad Paynemil. Con todo,
las partes entregaron documentación de todo tipo a la Corte, entre
ellas diferentes informes sobre el impacto de la explotación hidrocarburífera
en Loma de la Lata que para los mapuches "se agravó" y que para
el gobierno "se remedió".
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