24 de Agosto del 2001
''El gobierno interpreta la ley en forma autoritaria''

"Lo que hace el gobierno a través de la intendencia mediante la aplicación de la ley de seguridad del Estado y la práctica de las fiscalías es utilizar el derecho penal autoritario, es decir, a los delitos políticos se le privan derechos procesales y se les aumentan las penas", asevera el profesional.

- Usted afirma que el gobierno emplea formas autoritarias para interpretar la ley.
- Nadie puede negar que los hechos protagonizados por las comunidades mapuche en cierto sentido puedan revestir elementos que hagan intervenir a los tribunales de justicia, pero el contexto lo da la motivación, que es eminentemente la reivindicación política de un pueblo originario que intenta recuperar su, cultura, su tierra, su dignidad y sus derechos territoriales y políticos.

"Entonces, cualquier hecho que sea conocido por los tribunales podrá ser calificado por los querellantes como un delito y los defensores podremos decir que en ciertos casos tienen razón. Y si la tuvieran debemos necesariamente entender que son delitos políticos. Su motivación no es ruin, sino superar un estado de opresión que nadie desconoce, ni siquiera el gobierno".

- No sé si opresión: el gobierno lo ve como pobreza.
- Pobreza, pero también marginación, opresión política y social. No olvidemos que el Estado chileno financió y organizó un ejército con el cual realizó un genocidio del pueblo mapuche. Si eso ocurriera ahora, tendríamos a Cornelio Saavedra junto a Milosevic en el tribunal de La Haya.

- ¿Pero robar siete metros de madera tiene un contexto de luchar contra la opresión?
- Suponiendo que se comete el hurto, si ello sucede en un fundo que históricamente es territorio mapuche, donde hubo bosque nativo, más caro que el euacaliptus y les fue usurpado, ellos están en un proceso de recuperación. Ellos entienden que es legítimo recuperar el territorio entero, ellos no tienen el concepto de tierra, sino de wallmapu que es todo lo que está en la tierra, lo vivo y lo no vivo. Lo que está bajo la tierra y el cielo, un concepto completo. Entonces esa madera también en parte de ellos, y en ese sentido, su robo, en caso de ser un delito, es político. Es altruista, porque busca superar los niveles de pobreza. Las comunidades no buscan dinero para un televisor, sino para comida.

El abogado representa la idea de que se conjugan los criterios del derecho penal concernientes a “el estado de necesidad o la no-exigibilidad de otra conducta que son los elementos que configuran el delito político”.

“Los autores señalan que estos delitos políticos son siempre tratados de forma más benévola que los delitos comunes: por lo menos así es en los estados democráticos de derecho. El delito político es relativo, lo que hoy es delito, mañana puede no serlo”, argumenta.

- ¿Pero un juez rural está obligado a tener en consideración ese argumento?
- Nosotros lo haremos presente, y si el juez no lo tiene presente tendrán que hacerlos las cortes de apelaciones o la Corte Suprema, y si no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que hace el gobierno a través de la intendencia mediante la aplicación de la ley de seguridad del Estado y la práctica de las fiscalías es utilizar el derecho penal autoritario, es decir, a los delitos políticos se le privan derechos procesales y se les aumentan las penas.

“En Concepción resulta escandaloso que los abogados de la intendencia aleguen en corta de las libertades de mujeres mapuche procesadas por infracción a ley de seguridad del Estado. Esa es una situación que nisiquiera en el gobierno militar se pensaba. Los abogados de la intendencia de época alegaban los autos de procesamiento pero no contra las libertades”, expone.

Ortega alude a lo ocurrido en la causa 1-2001, la primera que involucra a mujeres. Se aplicó sobre María Llanquileo y Nancy Millanao, quienes obtuvieron su libertad por resolución de la Corte de Apelaciones.

El financiamiento de la defensa

- ¿Quién financia toda esta defensa?
- Las mismas comunidades y existen algunos organismos de derechos humanos que en algún momento hacen aportes, como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) en algún momento. También hay grupos de mapuche que distintos sectores se organizan, también mapuche del exterior, me imagino, pero son aportes mínimos. La mayoría de los abogados que trabajan por lo menos en la Octava Región son voluntarios.

- ¿Y en su caso?
- Hoy soy voluntario, aunque en algún momento se me pagó con mucho esfuerzo, con sacos de trigo, por ejemplo. Ahora bien, esto no es tampoco una cosa altruista de los abogados. Es un gusto defender causas justas, porque a veces nos toca defender situaciones donde nuestros clientes son autores de ciertos hechos. Defender causas justas es bueno para nosotros.

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