Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
Santiago de Chile | Domingo 11 de marzo de 2001

Un inexcusable bochorno ante la OEA
 

Entre los desafíos que trae consigo el proceso de globalización de la sociedad está, en un lugar destacado, la necesidad de adaptar progresivamente las normas que se da el Estado a aquellas que surgen en el marco del Derecho Internacional.

Con ese espíritu Chile hizo suya, en 1991, la Convención Americana de Derechos Humanos. Como muchas veces ha quedado al descubierto, subsisten aún importantes contradicciones entre las prerrogativas que establece dicho tratado y ciertas leyes vigentes en nuestro país. Así ocurre, por ejemplo, con los artículos de la Convención que garantizan la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, principios que aparecen flagrantemente conculcados por la Ley de Seguridad del Estado.

Para salvar tan importantes distancias, la OEA tiene mecanismos y canales adecuados: quien sienta afectados los derechos que le atribuye la Convención, puede hacer una presentación contra el Estado correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que, a su vez, hace llegar sus recomendaciones al país en cuestión.

Así lo ha hecho Chile en muy diversos casos. Sin embargo, un episodio de reciente data, relativo al sensible tema de nuestros pueblos originarios, parece tender nubarrones sobre un procedimiento hasta ahora irreprochable. La OEA acogió a trámite una denuncia hecha por 144 mapuches que, condenados por usurpación tras tomas de terreno en 1992, alegaron violación al principio del debido proceso. La Comisión Interamericana dio la razón a los peticionarios y, como normalmente sucede, el Gobierno chileno propuso acudir al recurso de la “solución amistosa”, previsto en el sistema interamericano de protección judicial.

Todo iba bien hasta que se supo que el texto de avenimiento presentado por Chile admitía que el cuestionado fallo constituía una “aberración jurídica”, términos que, por cierto, en caso alguno puede utilizar el Ejecutivo para referirse a la labor –correcta o no- del Poder Judicial. A tal punto esto es así, que el propio representante de los mapuches en el caso, el abogado Roberto Celedón, estuvo de acuerdo en eliminar tan infeliz expresión del documento.

A la hora de buscar responsables, la Cancillería se ha limitado, hasta hoy, a explicar que el texto fue redactado por un funcionario de la Dirección de Derechos Humanos de esa cartera, cuya postura no está reflejada por las palabras vertidas en el documento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no son las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores las que firman las presentaciones oficiales? ¿De quién depende, entonces, el rumbo de nuestra diplomacia? Los tribunales de justicia y el arduo trabajo que han emprendido Chile y la OEA en materia de protección legal de los derechos humanos merecen algo más que estas explicaciones.