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28 de enero de 2001

Doble estrategia del Gobierno en conflicto mapuche
 

Propiciar el diálogo como método de resolución de conflictos y sancionar con todo el peso de la ley fue la actitud del Ejecutivo ayer.


Por
Pablo Solís

El Gobierno actuó ayer en dos distintas líneas con relación al conflicto mapuche. Por una parte, el intendente de la Octava Región, Jaime Tohá, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Concepción un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad contra los responsables del atentado a la hacienda Lleulleu, en la provincia de Arauco.

Más al sur, en la Región de la Araucanía, la ministra de Planificación y Cooperación, Alejandra Krauss, dialogó en Temuco con miembros de la comunidad Santiago Cañumán, proceso que desarrollará hasta el lunes, lo que incluirá conversaciones con mapuches de la Octava Región.
En Santiago, el diputado Alberto Espina calificó los hechos de violencia protagonizados por mapuches como “actos de terrorismo”.

Por su parte, los diputados socialistas Alejandro Navarro y Sergio Aguiló declararon que los hechos son acciones derivadas de una deuda histórica con esa etnia.

TERRORISMO. Sin precisar, nuevamente Espina dijo contar con información respecto a que en la Novena Región operan grupos terroristas.

Tal definición cabe, dijo, porque intimidan a la gente, exigen la venta de tierra, la que es quemada al igual que las cosechas al no conseguir su objetivo. “Eso, en la legislación chilena es un acto terrorista. La ley no definió los actos terroristas ideológicamente, sino por las conductas”. Con ello el legislador descartó que un eventual móvil de pobreza o de reivindicación de tierras exima a los hechores de los ataques de la figura señalada.

Al exponer el modo en que operan los grupos añadió que de ser negada la solicitud de venta, demandan a los agricultores la firma de un documento donde ceden la administración de las cosechas, y finalmente se les amenaza de muerte y con quemar sus campos.

Esto, dijo Espina, “sucedió en el fundo Ginebra”, donde los propietarios fueron gravemente heridos. El legislador puntualizó que los fundos San Ramón, Palermo, Granadero y Chiguaihue, en la zona de Collipulli y Ercilla, corren riesgo de ser atacados.

Estos antecedentes, con identificación de los responsables, serán entregados el lunes al Gobierno. Al respecto, la ministra Krauss dijo ayer que sería bueno, dado lo relevante la información, que ésta fuera entregada sin mediar demora.

SOCIALITAS. Por su parte los diputados socialistas Aguiló y Navarro expresaron que los dirigentes agrícolas y empresariales buscan que “estalle un conflicto mayor que haga subir el precio de las tierras y que urja al Gobierno a comprarlas”.

Añadieron que junto con las medidas que validaron para cautelar el orden público, se hace necesario “articular una política de Estado con un ministro o con una autoridad con dicho rango de manera urgente”. Los diputados estimaron que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena está desfinanciada y sobrepasada, a lo que se suma que la ministra Krauss debe cumplir muchas otras tareas, que le impiden abocarse de lleno a la cuestión indígena “derivando, claramente el tema en el Ministerio del Interior”, que aborda la materia desde el punto de vista de la seguridad y no social.

La ministra Krauss por su parte, junto al director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, estuvo ayer en terreno y reiteró la disposición al diálogo. “La forma de conseguir soluciones es que las comunidades depongan la violencia”, afirmó.