Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Recrudece la violencia en zona de la Araucanía
 

 
Dirigentes mapuches afirman que son más de 500 las comunidades en conflicto.


Por Pablo Solís / Carolina Vera

Inusitado es el desarrollo que en esta última semana ha tenido el conflicto indígena en la Novena Región, donde según distintos dirigentes las comunidades movilizadas son más de 500. La situación preocupa a las autoridades de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), por cuanto el hecho que una menor de 12 años resultará herida el martes, con siete perdigones en su espalda durante el desalojo del predio Santa Elisa, da cuenta de la poca "transparencia" en el accionar de Carabineros y de la violencia que se está dando en la zona.

El líder del Consejo de Todas la Tierras, Aucán Huilcamán, explicó ayer que el conflicto se encuentra en una situación muy difícil y agravado por lo acontecido el martes. El dirigente afirmó que alrededor de 500 comunidades mapuches se encuentran en conflicto en el sur del país y que algunas de las empresas forestales involucradas serían Angol, Millalemu, Bosque Arauco y Mininco, entre otras.

Huilcamán calificó el panorama de los próximos días como "muy difícil. Creo que las comunidades cada vez están entendiendo que las fuerzas policiales están al servicio de las empresas forestales y que ya no son carabineros de Chile".

Por su parte, el consejero de la Conadi, Hilario Huirielef, estimó que las comunidades involucradas son cerca de 145. Para el dirigente la situación ya no pasa por una solución de la Conadi ya que "tiene un presupuesto escuálido", sino que la responsabilidad de que el conflicto no se solucione es del Gobierno.

CRÍTICA A CARABINEROS. Edgardo Lienlaf, director nacional de la Conadi informó ayer que una abogado de la Institución está en conversaciones con la familia de Daniela Ñancupil, la menor herida ( ver recuadro), para conseguir que les entreguen el patrocinio legal para iniciar las acciones judiciales que determinen la responsabilidad de los hechos considerados "graves" por la autoridad.

Los que se busca esclarecer, dijo Lienlaf, es si las heridas fueron fortuitas o intencionados" ya que no existe "transparencia" sobre cómo operan los funcionarios de la institución: cómo llegan, en qué número y cuáles son sus mecanismos de acción.

Lienlaf, quien si bien reafirmó que la Conadi apoya las "legítimas aspiraciones" de las comunidades, insistió en que el diálogo es la única forma en que se podrán satisfacer las demandas, ya que por la vía de la violencia, añadió, los más perjudicados son siempre los comuneros. Para conseguir el diálogo enfatizó Lienlaf, los indígenas, las empresas forestales (ver recuadro) y el Gobierno deben poner de su parte.

EL DESALOJO. Sobre el desalojo al fundo Santa Elisa, Huilcamán dijo que ello más bien fue un allanamiento a las familias que habitan a unos ocho metros del lugar.

"El accionar de Carabineros ha caído en varios delitos, las detenciones fueron arbitrarias, nunca hubo desalojo ya que no existió ocupación de predios como se había dicho. Las siete personas procesadas fueron traídas desde sus domicilios", denunció el dirigente.

Sobre el mismo hecho Huirilef añadió que "la situación que se vivió es muy grave, me parece una cobardía dispararle a una niña que no estaba en el lugar de los incidentes".

Los hechos de violencia continuaron ayer luego que a las 18.00 fueron desalojadas por un gran contingente de Carabineros un grupo de seis mujeres (ver recuadro) que ingresaron a la Intendencia de la Novena Región demandando la libertad de los nueve mapuches detenidos el martes. En Galvarino, en tanto, miembros de la comunidad Pelantaro incendiaron puentes y cortaron caminos con el fin de impedir las faenas forestales.
 

La posición de la Corma

La Corporación Nacional de la Madera (Corma), que agrupa a las empresas forestales, si bien valoró el trabajo hecho por los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, que se traduce en la inversión de US$ 270 millones en política asistencial al sector indígena, hizo alusión a los efectos que el conflicto ha tendido en el sector y en los pasos que aún están pendientes.

"A pesar de los avances en la materia, es necesario realizar acciones más eficaces con miras a detener y someter a juicio a los responsables de actos de violencia. En la actualidad se protegen las actividades de manejo del bosque, cosecha, transporte y a los trabajadores, pero no se persigue con eficacia a los atacantes", señaló la organización a través de un texto escrito.

La Corma añadió que hasta el momento el conflicto ha generado pérdidas al sector que fluctúan entre " US$ 10 ó US$ 12 millones, considerando sólo los bosques que se han quemado, maquinarias, campamentos y casas destruidas y los costos de cosechar los bosques anticipadamente".

Tensión en la Intendencia

Momentos de tensión se vivieron ayer en la Intendencia de la Novena Región cuando un grupo de seis mujeres mapuches ingresó al inmueble para protestar por la "militarización" que se vive en sus comunidades.

Las mujeres representaban a las comunidades Juan Antipi, Manuiel Levín, José Aniñir, de la comuna de Galvarino y Coila Nahuelñir de la comuna de Temuco.

Las indígenas manifestaron a la intendenta Berta Belmar -quien no se encontraba en el lugar- "que no estamos dispuestas a permanecer pasivas mientras Carabineros siembra el terror en nuestras comunidades, no estamos dispuestas a permitir que disparen contras nuestros hijos, que entren en nuestras casas y se lleven presos a nuestros hermanos".

Las mujeres reclamaron por el accionar de carabineros en el desalojo hecho el martes en el fundo Santa Elisa de la forestal Millalemu, donde además de una menor herida con perdigones, otros tantos indígenas resultaron heridos, además de siete detenidos.