TEMUCO (Iván Fredes).- La jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, María Elena Llanos, que proveyó la denuncia al Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en la compra de tierras para mapuches, dio un plazo de 90 días - a partir de ayer- , para que los tres fiscales a cargo del caso formalicen ante ese tribunal la investigación hasta ahora no judicializada que instruyen desde hace dos semanas.

La decisión de la magistrada fue resuelta en audiencia pública efectuada en la tarde de ayer, luego que el principal imputado en la denuncia de supuestos ilícitos, el abogado de la unidad jurídica del Fondo de Tierras y Aguas, Ricardo Aravena, solicitara al tribunal tomar formalmente conocimiento de si era o no objeto de una investigación.

El profesional aparece involucrado en la denuncia interpuesta por la fiscal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Andrea Reyes, como presunto autor de ilícitos cometidos durante el proceso de adquisición de tierras para su entrega a comuneros mapuches.

Ricardo Aravena, quien se enteró a través de los medios de comunicación que aparecía involucrado en la denuncia, junto a su abogado Renato Maturana, solicitó dicha audiencia en virtud del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, que establece el derecho a ser informado por los tribunales de justicia si se es o no objeto de una investigación.

La denuncia original, que motivó la mencionada investigación, fue ingresada el pasado 18 de mayo al Tribunal de Garantía de Temuco. A su vez, esta dio origen a la mayor investigación del Ministerio Público, desde la entrada en vigencia la reforma procesal penal, el 16 de diciembre último.

El Ministerio Público designó tres fiscales con dedicación exclusiva.

El escrito presentado por la funcionaria de Conadi, abogada Andrea Reyes, incluye dos supuestos testimonios directos entregados por los abogados privados Shintaro Kuramochi Duhalde y Claudia Sánchez Slater, otros dos de la particular Ana María Ulbrich y de la secretaria Amanda Salvo, y otros cuatro recogidos indirectamente (Ingebord Rendel, Ramón Paredes, Lino Lecaros, Ulises Venturelli y Errol Jouannet).

Seis de las diez personas citadas directa o indirectamente en la denuncia original, como testigos de las supuestas irregularidades recogidas por la fiscal de la Conadi, han negado posteriormente ante la fiscalía y la prensa haber inculpado con su dichos a los dos funcionarios involucrados en supuestos ilícitos.