Santiago de Chile,  Domingo 18 de Marzo de 2001

Historia repetida: A causa de una seguidilla de tomas de predios en el sur, los 144 mapuches que deben ser compensados llegaron hasta la justicia.

El Yugo Indígena. El Estado Chileno y los Mapuches ante la OEA

Duras críticas ha generado la posibilidad, surgida tras la negociación llevada ante la OEA, de que el Gobierno compense a mapuches que participaron en tomas de predios en 1992. Mientras en la Cancillería aseguran que no se entregará dinero ni terrenos, los indígenas mantienen sus exigencias.

Karina Ferrando Cossio

HACE casi tres años que la agrupación mapuche Consejo de Todas las Tierras embarcó al gobierno en la travesía de compensar a un grupo de indígenas, luego de que recurrieran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reclamar por un proceso que se ejecutó en Chile y que consideraron injusto.

Que el vocero de la entidad mapuche, Aucán Huilcamán, revolviera las aguas calificando como irregular el trámite judicial realizado en el país contra estos indígenas ocasionó que el gobierno del Presidente Eduardo Frei se comprometiera a hacer todos los esfuerzos para restablecer el buen nombre de los acusados.

Esto fue la antesala del acuerdo firmado entre los representantes de los indígenas y el gobierno chileno. Y cuando, a comienzos de marzo, la prensa anunció a los cuatro vientos que se repararía con tierras y dinero los daños causados en el proceso a los 144 mapuches, nadie entendía de qué se estaba hablando.

Pero han pasado los días y lentamente comienza a desenrollarse lo que parecía una madeja sin punta ni cabo.

A estas alturas, no sería errado plantear que existen poderosos argumentos jurídicos que avalan la negociación que llevó adelante el gobierno chileno, para llegar a firmar con los mapuches la llamada "solución amistosa".

Cosas del destino lo del nombre, porque hasta ahora la firma del acuerdo ha inquietado a muchos. En especial, luego de diferentes apreciaciones sobre el pacto entre los negociadores y tras la rectificación solicitada por la Cancillería chilena a un punto del documento firmado en Washington, que sostenía que el proceso chileno era "una aberración judicial".

Además, hasta ahora, no hay claridad respecto de la compensación que se dará a los indígenas y sólo se sabe que si las partes no llegan a un acuerdo en 90 días - o sea, de aquí a junio- la CIDH tiene las facultades para enviar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo que se arriesga reeditar la polémica ocasionada por el fallo contrario a Chile emitido por este tribunal respecto de la película "La Ultima Tentación de Cristo".

Además, el acuerdo fue la excusa precisa para reavivar la eterna polémica sobre la competencia de los tribunales.

La pregunta clave: ¿puede un tribunal internacional prevalecer por sobre las leyes internas de un país? La respuesta, una sola: no hay consenso al respecto.

En todo caso, es difícil la postura del gobierno, pues deberá tener en mente el respaldo del que goza la causa indigenista en la comunidad internacional y, más de cerca, las duras críticas formuladas por empresarios frente al manejo del conflicto mapuche.

La experiencia, además, indica que es imposible dejar a todos contentos.

La apología del werkén

El acuerdo pactado ante la CIDH beneficiará a 144 mapuches, que en 1992 emprendieron una seguidilla de ocupaciones de predios particulares.

La situación motivó que el ministro del Interior de la época, Enrique Krauss, y el intendente de la Novena Región, Fernando Chuecas, presentaran un requerimiento ante los tribunales por infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado.

Luego de un largo proceso, el ministro en visita que llevaba la causa, Antonio Castro Gutiérrez, condenó a los mapuches a penas de 60 a 541 días de cárcel y multas de entre seis a once sueldos vitales, acusándolos de asociación ilícita y usurpación de tierras, lo que fue reatificado por la Corte de Apelaciones de Temuco.

En este grupo cayó el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, quien fue acusado además de autor intelectual de los hechos.

El siguiente paso fue recurrir a la Corte Suprema para intentar anular el fallo; sin embargo, esta iniciativa fue declarada fuera de plazo y no prosperó.

Las opciones estaban agotadas entonces, hasta que Huilcamán, asesorado por el abogado Roberto Celedón, decidió hurguetear en el Derecho Internacional y, al parecer, dieron en el clavo.

Chile suscribió en 1991 la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que permite a cualquier persona quejarse ante la CIDH si considera que sus derechos han sido vulnerados en un proceso.

Con documentos en mano, que avalaban denuncias en torno a un proceso judicial irregular, emprendieron las acciones.

Huilcamán, quien nuevamente anda de viaje, no pudo referirse al tema, pero el vocero del Consejo de Todas las Tierras José Naín explica que se cometieron varias irregularidades en el proceso, como, por ejemplo, que algunas personas hayan sido condenadas sin haber sido procesadas.

Al mismo tiempo, otros fueron procesados, pero al momento de dictarse las sentencias no aparecían en las listas y además, en ocasiones, los nombres consignados en la causa no correspondían a las cédulas de identidad.

Naín es claro a la hora de plantear responsabilidades y señala que los errores los cometió el juez Castro.

El magistrado, hoy jubilado de la actividad judicial, defiende aún el proceso, explicando que los mapuches tuvieron abogados, que se investigó y que el proceso fue bien fallado, pero entiende las quejas de los indígenas como el "derecho a pataleo".

"Algo debe alegarse, parece que al ser humano no le gusta perder y siempre hay que inventar excusas", sentencia.

Sin embargo, el gobierno chileno reconoció desde el comienzo que algo extraño había en el proceso y, desde esa base, partieron las negociaciones ante la CIDH.

Así, también los representantes chilenos - el asesor de Derechos Humanos de la Cancilería, Alejandro Salinas y el embajador de la misión permanente ante la OEA, Aníbal Barría- plantearon en 1998 una propuesta de solución amistosa a los mapuches, en la que se establecían cuatro puntos:

Reorientar el programa de adquisición de tierras impulsado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para beneficiar a los mapuches querellantes.

Eliminar los registros que afectan a los inculpados de los delitos de usurpación, asociación ilícita y otros para reestablecer su dignidad.

Reparar económica y materialmente los daños causados

Modificar las leyes necesarias para que las reivindicaciones indígenas no afecten la tranquilidad pública.

Esta propuesta es actualmente fuente de disputas, ya que, al parecer, los mapuches comprendieron que con la firma estampada en el acuerdo hace pocas semanas se hacía exigible su cumplimiento.

Sin embargo, el director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudio Troncoso, aclara que ambos convenios no son vinculantes y que recién se está estudiando la compensación que se otorgará a los mapuches.

"El acta que se suscribió estableció un plazo para buscar una solución; en ningún caso hay un compromiso de llegar a esas soluciones", explica.

Ante esto, el subsecretario (s) de Relaciones Exteriores, Mario Artaza, agrega que en Washington sólo se pactó un plazo para estudiar la manera de compensar a los 144 mapuches y no una forma específica de hacerlo.

Además, Artaza explica que lo que apareció en muchos medios como que el Estado otorgaría dinero y tierras a los indígenas obedece a una mala interpretación.

Del dicho al hecho...

Las expectativas de los mapuches son precisas: el werkén Naín explica que no es tan importante hablar de cifras como valorar que el Estado reconoció un error y que esto se va a reparar.

La idea del Consejo de Todas las Tierras es sentar el precedente de que se va a reparar el daño a los mapuches acusados. Luego, Naín precisa que lo que cabe es que el Estado los compense con tierra y dinero.

En la Cancillería, en tanto, se encargan de desmentir categóricamente que exista algún acuerdo que contemple una compensación económica.

"Lo que declaró Aucán Huilcamán de que se había llegado a un acuerdo amistoso para darle compensación económica, entrega de tierras y todo lo demás, no ha comenzado ni siquiera a conversarse y de ningún modo va a llegarse a alguna solución que implique compensaciones de tipo económico", plantea Artaza.

Hasta el momento, lo único claro es que existe voluntad por parte el Gobierno para acordar la forma de cumplir con la solución amistosa, que se espera lograr ese objetivo y que para eso se están realizando estudios reservados.

Lo único que se puede adelantar es que la entrega de dinero está descartada y que todo "está enmarcado de acuerdo a la legalidad vigente", precisa Troncoso.

La organización mapuche apunta también a la obtención de tierras, hecho que reconocen como el sustento de todo el proceso.

El werkén Naín lo tiene claro, y comenta que "aquí hay una reclamación territorial; por lo tanto, pensamos que debe haber una compensación desde un punto de vista territorial y económico".

Otro objetivo de la entidad indígena es recibir excusas pública por parte del Estado, incluso Huilcamán aseguró - para asombro de muchos- que no era necesario que lo hiciera el Presidente Ricardo Lagos y que en su reemplazo podía hacerlo otra autoridad.

Si no se llegara a un acuerdo en los 90 días, "no hay ninguna situación dramática; el procedimiento continúa en la Comisión y tiene que concluir con un informe" que dará a conocer la conclusión sobre el caso, explica Troncoso.

Luego, la CIDH tiene dos posibilidades: publicar el informe y cerrar el caso o enviar el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que se abriría un nuevo procedimiento jurídico, cuyo fallo es obligatorio, a diferencia de las disposiciones de la Comisión, que establece sólo recomendaciones, "pero con un gran peso", precisa Artaza.

Un aspecto criticado del accionar de la Cancillería fue la rectificación hecha al documento firmado en Washington.

Según Artaza, se trató de un error que fue reparado a tiempo y que no va a influir para nada en las relaciones internacionales de Chile, ya que son frecuentes las revisiones que siguen a este tipo de convenios.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Sergio Romero, precisa que existe preocupación por la forma en que se están defendiendo los intereses nacionales en el extranjero y que aunque en la Cancillería existan abogados muy competentes, "para eso existe el Consejo de Defensa del Estado y me parece sorprendente que no se haya recurrido a él".

Pero no hay duda de que la principal crítica hacia la Cancillería radica en que primero se firmó un acuerdo en el que quedaba establecido que el proceso seguido en Chile constituía una "aberración judicial", pero luego se envió una carta de rectificación para cambiar este punto.

Como el único requisito que pone la CIDH para revisar estos documentos es que ambas partes estén de acuerdo con el cambio y el Consejo de Todas las Tierras aceptó la corrección, hubo consenso.

Sin embargo, este impasse caldeó los ánimos. La ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, debió acudir al Parlamento para explicar lo sucedido - lo que se concretó el martes- e incluso se llegó a plantear que las relaciones diplomáticas chilenas están "a la deriva".

Finalmente se dieron las explicaciones pertinentes, se elaboraron y presentaron los informes de rigor y el abogado Pedro Pablo Parodi, quien firmó el documento de acuerdo, renunció al trabajo que desempeñaba desde hace tres años en la Cancillería, reconociendo su error.

Artaza, quien era el encargado de aclarar el error, señala que luego de la renuncia de Parodi - quien "ha dado una explicación muy noble de su parte"- , la investigación está agotada y que éste es definitivamente un "caso cerrado".

Quién manda a quién

La mediación de la CIDH entre el Estado y los mapuches ha dado para las más variadas interpretaciones, que derivan, además en la discusión casi eterna de la competencia de los tribunales.

Para algunos, la firma del acuerdo constituye un atentado explícito al Estado de Derecho, puesto que se estaría obviando la labor ejercida por tribunales chilenos.

A esto apuntaba precisamente el diputado UDI Carlos Bombal cuando declaró a la prensa lo incomprensible que resulta este acuerdo, sobre todo luego de que el Presidente Lagos "ha dicho, hasta la saciedad, que en Chile las instituciones funcionan".

La opinión del senador Romero es bastante similar. Considera preocupante que una instancia extranjera pueda revisar fallos ejecutados en Chile.

"Los términos de la cosa juzgada tienen aplicación universal y si se revisan así vamos a abrir una situación de inestabilidad que incluso puede afectar de algún modo la inversión extranjera en el país", comenta.

Ambos parlamentarios se alinearían entonces con la postura que se basa en que los tratados internacionales están subordinados a la Constitución y que, en consecuencia, el máximo tribunal es la Corte Suprema.

Por la otra corriente, el abogado constitucionalista Francisco Cumplido ha reiterado en varias oportunidades que en el momento en que Chile se sumó al Pacto de San José de Costa Rica adhirió a un ordenamiento internacional que hoy no puede desconocer y que, por lo tanto, no existe problema alguno de competencia entre las instancias judiciales involucradas.

En este punto, el gobierno lanza sus cartas más fuertes. El director jurídico de la Cancillería, Claudio Troncoso, explica que en la Convención de Viena - que fue aprobada por Chile- se establece una norma muy clara: "el derecho interno no puede ser justificativo para que el Estado incumpla sus obligaciones internacionales".

Otro precepto importante - señala Troncoso- se halla en el artículo V, número 2 de la Constitución, que otorga rango constitucional a los tratados internacionales.

La espada y la pared

Lo claro es que este acuerdo pone al gobierno en una situación bastante complicada.

Por una parte, se debe considerar lo difícil que será asumir una postura definida frente al convenio a causa de la presión que ejercen los empresarios - que urgen por una solución- y la comunidad internacional, que cada vez asume con más fuerza la causa de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.

A pesar de lo anterior, en la Cancillería descartan que la solución que se plantee pueda ser conflictiva, ya que, según aclara Troncoso, "aquí los empresarios ni ningún sector puede sentirse atacado ni vulnerado por llegar a una conclusión que se ciña completamente a la legalidad vigente".

Por otra parte, el werkén José Naín no descarta que luego de este paso dado en la CIDH envíen otros casos para su revisión: "hay situaciones complejas como el caso de Ralco, que jurídicamente no se ha agotado en el país, puede ser el próximo paso además hay otros conflictos que vendrán con megaproyectos que se quieren impulsar en el territorio mapuche", advierte.

Pero hoy se aplica más que nunca aquello de que es imposible estar bien con Dios y con el diablo.

Si el gobierno llevara a la práctica un acuerdo dadivoso con los mapuches, impulsará aún más la bola de dificultades que ven correr frente a sus ojos los empresarios a la hora de invertir en la zona del conflicto.

Además, no es un secreto que amenazan seriamente con erradicar sus inversiones de un lugar que no les ofrece garantías.

Incluso, algunos dirigentes empresariales han manifestado su desacuerdo con que la CIDH modifique la condición de los mapuches acusados, pues consideran insólito que además de eximirlos de responsabilidad penal, sean compensados y que se están transgrediendo juicios ejecutoriados en Chile.

Aunque compensando a los mapuches Chile mantendría una imagen respetable frente a la comunidad internacional, no se debe olvidar el equilibrio in-terno.

Existen ahora dos caminos: que se pacte un modo de reparación en el plazo convenido o que el caso pueda derivar a la Corte Interamericana, lo que obligaría al gobierno a acatar el fallo de este tribunal.

Este hecho dejaría en mejor pie a los mapuches, ya que en situaciones similares dirimidas en esta corte las sentencias han sido más favorables para los indígenas.

Así ocurrió cuando en un caso contra el Estado paraguayo se dictaminó que éste debía comprar tres millones de hectáreas para los aborígenes.

En este momento, todo apunta a que Chile tiene el deber de "caballero" de asumir el fallo de la CIDH. Después de todo, la comunidad internacional no vería con buenos ojos que se falte a un compromiso adquirido con anterioridad y, mucho menos, que luego de que se reconociera un proceso indebido contra los 144 mapuche, quedara en el limbo una reparación.

Además, el debate sobre la competencia de los tribunales internacionales sigue vigente.

Por Karina Ferrando Cossio


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