Santiago de Chile, Domingo 4 de Marzo de 2001

GOBIERNO:
Compensarán A Mapuches Condenados

Chile suscribió acuerdo de solución amistosa ante Comisión Interamericana de DD.HH. de ese organismo para favorecer a 144 indígenas que en 1992 ocuparon 18 predios particulares.
En 1996, justicia chilena los condenó por delitos de asociación ilícita y usurpación de tierras.
Ahora, en cambio, y dentro de un plazo de tres meses, el Estado deberá darles tierras y dinero, perdonarlos y blanquear sus antecedentes.
Entre los inculpados está el werkén Aucán Huilcamán.
 

Iván Fredes y Pilar Espinosa

TEMUCO/CONCEPCION (Iván Fredes y Pilar Espinosa).- En un plazo perentorio de tres meses, el Gobierno chileno deberá compensar con tierras y dinero a 144 comuneros mapuches condenados en 1996 por asociación ilícita y usurpación de tierras, en virtud de un acuerdo de solución amistosa suscrito el pasado jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los indígenas exigen, además, que las autoridades de gobierno hagan un reconocimiento público sobre el proceso, que, a su juicio, violó sus derechos humanos, y también procedan a la eliminación de los antecedentes penales de cada uno de ellos.

Dicho acuerdo suscrito en Washington, Estados Unidos, entre los representantes del gobierno chileno, la mencionada comisión interamericana y la agrupación mapuche Consejo de Todas las Tierras tiene el objetivo de poner término a una denuncia por violaciones a los derechos civiles y políticos interpuesta por el dirigente mapuche Aucán Huilcamán y acogida en 1998 en ese organismo internacional.

El líder de esa agrupación anticipó que los 144 mapuches demandan reparaciones materiales, económicas y morales, a raíz del daño causado por la detención, procesamiento y condena de losindígenas de 18 comunidades de las regiones IX y X, por el entonces ministro en visita Antonio Castro, en virtud de un requerimiento por infracción a la ley de Seguridad del Estado, interpuesto en esa oportunidad por el ex ministro del Interior, Enrique Krauss.

El proceso fue instruido por el ministro Castro luego que los indígenas ocuparon 18 predios de empresas y particulares en 1992, reclamados como propios sobre la base de supuestos derechos ancestrales y cuyas acciones iniciaron lo que hasta hoy denominan proceso de recuperación de tierras indígenas.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA acogió la reclamación y en 1998 el gobierno chileno reconoció que se habían violado los derechos de los denunciantes, y acordó una solución amistosa que no cumplió en los plazos acordados por las partes.

Ante la amenaza de los comuneros de demandar al Estado por incumplimiento de sus compromisos internacionales ante la OEA, el pasado jueves todas las partes involucradas acordaron fijar un plazo de 90 días, a contar del 2 de marzo último, para concretar la referida solución amistosa y las medidas complementarias que se estimen conducentes para esos efectos.

El acuerdo fue suscrito en representación del Estado chileno por Pedro Pablo Parodi, abogado de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Miguel Angel González, representante alterno de la Misión Permanente ante la OEA.

Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hizo su primera vicepresidenta y relatora de Chile, Marta Altolaguirre; los comisionados Peter Laurie y Robert Golman; Jorge Taiana, secretario ejecutivo, y Mario López Garelli, abogado de ese organismo.

A su vez, los peticionarios estuvieron representados en la firma del documento por el encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, y el abogado de ese agrupación indígena, Roberto Celedón Fernández.

El documento también establece que con motivo de la celebración del 111 período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se efectuará a mediados de abril próximo, en Santiago de Chile, las partes presentarán un informe conjunto preliminar del estado de avance de los acuerdos logrados.

En su punto tercero, según señala textualmente el acuerdo, "el Gobierno deja sentada su posición en el sentido de que las aberraciones judiciales cometidas, en este caso en Chile, constituyen exclusivamente errores de dichos órganos del Estado y no un conflicto entre el gobierno y la comunidad mapuche".

Asimismo, las partes se comprometen a presentar ante esa comisión, en la primera semana de junio próximo, un informe conjunto sobre los acuerdos logrados.

Una vez concluido el plazo de 90 días y de no llegarse a una solución amistosa, la Comisión proseguirá el trámite previsto en el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior significa, explicó Huilcamán, que ese organismo interamericano iniciará formalmente un juicio en contra del Estado chileno por violaciones a los derechos humanos de los 144 comuneros mapuches condenados "injustamente" en 1996.

El experto en Derecho Internacional, abogado Hernán Mon-tealegre, precisó que la citada comisión no emite resoluciones judiciales, sino recomendaciones, y que en el caso de que se haya suscrito un acuerdo entre todas las partes involucradas, éste debe cumplirse. Si no se cumple el acuerdo, según el abogado Mon-tealegre, una de las dos partes, sea el Gobierno chileno o la Comisión Interamericana, puede elevar los antecedentes a la Corte Interamericana de la OEA para que emita una resolución sobre el tema.

Este organismo puede revisar los fallos judiciales de los Estados miembros que hayan reconocido jurisdicción de esa corte. En el caso de Chile, en abril de 1991, durante el gobierno de Patricio Aylwin, Chile reconoció jurisdicción de la Corte Interamericana de la OEA.

Tierras, Dinero y Perdón
El dirigente mapuche sostuvo que el acuerdo amistoso debe materializar al menos cuatro demandas que habían sido acordadas en 1998, pero que aún no se han cumplido.

Estas son la entrega de tierras a los condenados, el pago de indemnizaciones en dinero por el daño causado, un reconocimiento público de los errores cometidos en contra de los mismos y la eliminación de los antecedentes penales de cada uno de ellos.

Aucán Huilcamán manifestó que las reparaciones deben ser estudiadas y que aún no hay una cuantificación de la tierra ni el dinero que podrían recibir, porque es una materia compleja y que involucra daños materiales y morales.

Respecto del reconocimiento público de los errores jurídicos cometidos en su contra, el dirigente dijo que exigirán una petición de perdón al más alto nivel del Gobierno. "Puede ser del ministro del Interior y no necesariamente del Presidente Ricardo Lagos".

Por último, respecto de la eliminación de los antecedentes penales, indicó que hasta ahora los 144 comuneros condenados, entre ellos Huilcamán, deben ser borrados para recuperar sus derechos políticos y civiles, debido a que no pueden sufragar en elecciones populares ni menos optar a cargos de representación popular.

"Incluso, muchos de ellos no han podido encontrar trabajos porque tienen sus papeles con antecedentes negativos", comentó.

Tomas Mapuches
En tanto, en el Alto Biobío se mantuvo ayer sin cambios la situación en los tres predios que familias pehuenches mantienen ocupados con el propósito de presionar al Gobierno para que les de solución a sus problemas de tierras. Carabineros de Ralco señaló ayer que se mantienen las rondas de vigilancia y no se han producido incidentes.

Los indígenas de Trapa Trapa, Malla Malla y Cauñicú, tres de las cinco comunidades que habitan en el cajón del Queuco, reclaman 24.800 hectáreas que consideran parte de sus territorios ancestrales.

De hecho, cerca de un centenar de familias pehuenches ocupan actualmente un millar de hectáreas del total que persiguen recuperar en tres predios. Desde diciembre los comuneros de Trapa Trapa están en las veranadas de Alto Antuco, de propiedad del agricultor Raúl Pérez Serani. El 9 de febrero los indígenas de Malla Malla avanzaron por el fundo El Queuco ocupado por familias de colonos, y el viernes pasado los pehuenches de Cauñicú ingresaron al fundo Los Chenques, a 35 kilómetros de Ralco, de propiedad del agricultor Pedro Esquerré y el abogado Fernando Saenger. En el cajón del Queuco, según datos de Mideplan, habitan 2.492 personas, de las cuales el 90,44 por ciento se declara indígena.

En la IX Región, unos 80 mapuches de la comunidad Domingo Trangol, de Victoria, retomaron al mediodía de ayer el fundo El Ulmo, de 200 hectáreas, de propiedad de forestal Mininco, en protesta por la no concurrencia de personeros de la Conadi y del senador Roberto Muñoz Barra a una reunión previamente acordada y que debía afectuarse el viernes último.

El lonco o jefe de esa comunidad, Juan Trangol, consideró como "una burla" la inasistencia a la mencionada reunión, a la que sólo llegó el alcalde de Victoria, Eduardo Saffirio.

Indicaron que ahora la toma es indefinida y que no permitirá que la empresa tale el bosque porque exige su venta a la Conadi para que lo traspase a la comunidad demandante.

Ayer un pequeño grupo de encapuchados atacó con piedras a un carrobomba de Victoria que había llegado al predio para sofocar amagos de incendios supuestamente intencionales.

Los indígenas habían abandonado la ocupación del predio tras la mediación del senador Muñoz Barra, para iniciar una mesa de diálogo con el propósito de abordar la compra del predio por parte de la Conadi.


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