Santiago de Chile,  Martes 27 de Febrero de 2001
GOBIERNO AFIRMA QUE NO PIDEN DESALOJOS:
Responsabilizan a Privados Por Ocupaciones Mapuches

Ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe, dijo que las órdenes en tal sentido emitidas por los tribunales se cumplen íntegramente.
 

En lo que constituye un nuevo enfoque en torno al conflicto mapuche, el Gobierno responsabilizó ayer a los particulares de la existencia de ciertas ocupaciones en la zona sur, argumentando que ello obedece a que los dueños de los predios no han adoptado las acciones judiciales pertinentes.

Aunque sólo unas pocas de las más de 3 mil comunidades existentes en las regiones VIII, IX y X han optado por las "tomas" o acciones de reivindicación más violentas, existirían algunos casos de predios que permanecen ocupados ilegalmente.

Es el caso del fundo donde el pasado fin de semana se reunieron cerca de 120 loncos de comunidades costeras, que se ubica a 20 kilómetros de Temuco, pertenece a las empresas forestales Mininco y Volterra y permanece "tomado" desde hace dos años.

El Gobierno afirmó ayer que las órdenes de desalojo emitidas por los tribunales de justicia para expulsar a indígenas que ocupan ilegalmente predios en la zona sur del país se están cumpliendo íntegramente.

Según el Ejecutivo, el que existan fundos o terrenos que permanecen ocupados sin que haya acciones contra quienes ejercen la medida de fuerza es responsabilidad de los propietarios que no han adoptado los requerimientos legales correspondientes.

El ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe, intentó desmentir de esta manera la importancia de los conflictos suscitados en las comunidades mapuches del sur, donde los focos de violencia han continuado.

"Hay algunos lugares (tomados por indígenas) donde incluso no ha habido presentación por parte de nadie sobre la posibilidad de expulsar o sacar a mapuches de determinados sectores de terrenos", manifestó.

Para dar mayor fuerza a esta percepción oficial, indicó que empresarios forestales de la zona habrían afirmado que "la explotación forestal se ha realizado con normalidad en estos días", aunque no citó nombres.

En el caso de la ocupación del fundo Alaska, esta acción ilegal no interfirió en el normal desarrollado de las labores productivas del predio, según Huepe.

COMITÉ POLÍTICO
TRATA EL TEMA

El comité político de La Moneda analizó el tema en una reunión realizada durante la mañana. Además de Huepe, estuvieron presentes el ministro Secretario General de la Presidencia, Alvaro García, quien se reintegró de sus vacaciones, y el ministro del Interior (s), Francisco Vidal.

En este encuentro hubo un análisis crítico de la cobertura periodística a estos hechos que, a juicio del Gobierno, ha mostrado un escenario totalmente distinto a la realidad.

Según lo afirmó Huepe, hay una sobredimensión de los incidentes y sus consecuencias por parte de algunos medios de comunicación.

Ante esta opinión, las empresas forestales y los agricultores que operan en la IX Región se muestran divididos.

Para el agricultor Alberto Levy, de Traiguén, no hay sobredimensión.

"Es cuestión de ver las quemas y talas de bosques para darse cuenta del problema. Conviene que la gente sepa que hay personas que han venido desde Santiago con buenos propósitos para iniciar actividades aquí, pero que al cabo de poco tiempo se han ido desilusionadas de esta realidad que en Santiago no se conoce", planteó.

El gerente de Asuntos Públicos de la Forestal Mininco, Rodrigo Hermosilla, expresó que si se hacía un análisis comparativo con el verano anterior, la situación que les ha afectado ha sido menor.

Explicó que en el fundo Alaska, por ejemplo, no ha habido problemas en los últimos cuatro meses y que desde hace cinco días ha habido hechos violentos que, no obstante, no han tenido un efecto significativo en los trabajadores ni en las maquinarias de la empresa.

A su juicio, el análisis que hace de los enfrentamientos entre encapuchados y carabineros persigue un fin publicitario más que otra cosa.

"E incluso me hace suponer que los encapuchados podrían ser de fuera del sector, toda vez que con los dirigentes más antiguos de comunidades vecinas ha habido siempre una relación de vecindad. Y, es más, entre 40 a 60 mapuches trabajan legalmente con nosotros", detalló Hermosilla.

ENCAPUCHADOS ACTÚAN
PLANIFICADAMENTE

Lo señalado ayer por el Gobierno contrasta con algunas declaraciones de personeros afines a la Concertación, como es el caso del senador institucional Edgardo Boeninger, quien en la víspera calificó como un error del Ejecutivo subestimar lo que está ocurriendo en esas regiones.

En esa misma línea, un informe del Instituto Libertad y Desarrollo da cuenta de la existencia de supuestas instituciones extranjeras influyendo en el conflicto.

El propio Gobierno ha recibido varios informes de inteligencia en los que queda de manifiesto que los actos de vandalismo donde se ven involucrados individuos encapuchados responden a acciones planificadas en el marco de un plan de recuperación de tierras mucho más amplio que una simple protesta en demanda de mejoras sociales.

Sobre esto último, el vocero de La Moneda afirmó que son muy contados los dirigentes mapuches que reivindican las "tomas" como mecanismo de recuperación de predios, pues la mayoría de los líderes de estas etnias actúan por las vías institucionales.

Sobre el rol de Carabineros, admitió que hay instrucciones para que la actuación sea a partir de la vía de diálogo y no se proceda de inmediato al desalojo por la fuerza.

Esto último es parte de una línea de acción acordada en días pasados por representantes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Ministerio del Interior.

CONADI DENUNCIÓ
OPERACIÓN POR TIERRAS

En Temuco, el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, denunció la existencia de una operación destinada a restar viabilidad a la estrategia definida por el Gobierno en materia de tierras.

Ello, porque aunque la semana pasada el Ministro del Interior reiteró que el conducto para canalizar las demandas en este tema es la Conadi, algunos intentan desconocer a esta última entidad como interlocutor válido, argumentando que se trata de una institución del Estado.

"Pero igual condición tienen las intendencias, subsecretarías y ministerios, con los cuáles sí se desea llevar a cabo conversaciones. ¿Qué solidez tiene entonces el señalado argumento?", dijo.

El director de Conadi se refirió a dos caso puntuales ocurridos la semana pasada.

En primer lugar, el fundo El Ulmo de Victoria (propiedad de Forestal Mininco), que fue ocupado por la comunidad Domingo Trangol, cuyos dirigentes justifican su acción en la no respuesta de Conadi a sus demandas.

Al respecto, explicó que dicha comunidad jamás presentó su demanda al departamento de Tierras y Aguas. Esto habría sido reconocido por sus dirigentes en reunión con autoridades.

En el caso del fundo Alaska (también de Mininco), "tomado" por la comunidad Temocuicui, la Conadi considera que es aún menos explicable.

Esto porque, el mismo día de la ocupación, los dirigentes de la comunidad se entrevistaron con Edgardo Lienlaf, a quien le entregaron una parte de los antecedentes para efectuar la compra.

Según la Conadi, en dicho encuentro se les informó que la transacción estaba en su fase final y que podía materializarse en pocos días.

Para Lienlaf, lo único que logran estas acciones es perjudicar a las comunidades, las cuales sólo podrán resolver sus demandas por los mecanismos institucionales.

Según cifras de la entidad, en cinco años el Estado ha entregado 130 mil hectáreas, incrementándose el Fondo de Tierras y Aguas de $ 2 mil 180 millones en 1994 a $ 13 mil 700 millones este año.

Además, la Conadi reafirmó ayer de manera oficial que existe un compromiso del Presidente de la República para traspasar 150 mil hectáreas a las comunidades mapuches de las regiones VIII, IX y X durante la presente administración.

INFLUENCIA EXTRANJERA

El reciente trabajo realizado por Libertad y Desarrollo (LyD) señala que existen diversos organismos extranjeros, con un fuerte enfoque ideológico, que estarían influyendo sobre los indígenas del país.

Dicho centro de estudios - ligado a la derecha- establece que la gama de entidades involucradas es amplia, y abarca desde organizaciones no gubernamentales a las Naciones Unidas.

Según este trabajo, la idea que respaldan estos grupos extranjeros apunta a que la solución del problema indígena pasa por la devolución de las tierras que habrían sido usurpadas por los distintos gobiernos republicanos.

Para LyD, dichas organizaciones ejercen una fuerte influencia sobre algunos grupos indígenas minoritarios, justifican todo tipo de irregularidades y cometen acciones que atentan contra el derecho de propiedad de particulares o empresas forestales.

"Dentro de estas organizaciones se incluyen centros de estudios, fundaciones y partidos políticos de distintos países de Europa y Estados Unidos", precisa el informe.


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