Santiago de Chile, Sábado 3 de febrero de 2001



 
 
Una protesta pacífica frente a las agencias en Temuco de los diarios El Mercurio y La Tercera realizó ayer un grupo de mapuches, en protesta por lo que consideran una manipulación informativa del conflicto étnico. Liderados por el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, gritaron consignas y desplegaron pancartas alusivas. En la fotografía, los manifestantes intentan pegar carteles en el local de El Mercurio y Las Ultimas Noticias, en calle Aldunate de esa ciudad.
ASALTO EN LLEU LLEU:
Procesan a Mapuches en Justicia Militar y Civil

Parte de los 9 requeridos por Ley de Seguridad Interior del Estado. Entre ellos, Héctor Llaitul, sindicado como jefe operativo y militar de la Coordinadora.
 

Patricio Gómez, Arturo Zúñiga

CONCEPCION/TEMUCO (Patricio Gómez y Arturo Zúñiga).- La Primera Fiscalía Militar de Concepción sometió ayer a proceso por maltrato de obra a Carabineros, con resultado de lesiones leves, a tres de los nueve mapuches detenidos y requeridos por Ley de Seguridad Interior del Estado, tras un atentado incendiario a la hacienda Lleu-Lleu, en Tirúa.

La resolución afectó a Héctor Llaitul Carillanca, sindicado en fuentes de inteligencia policial como presunto jefe operativo y militar de la radicalizada Coordinadora Mapuche Arauco Malleco. Los otros procesados corresponden a Segundo Ancalao Necul y Eduardo Meñaco Lincopi.

Su abogado defensor, Pablo Ortega, apeló de los autos de procesamiento dictados por el tribunal militar, solicitando también su libertad provisional.

La Coordinadora desmintió ayer que Llaitul fuera el denominado "comandante Héctor" y señaló que el Gobierno comete un nuevo error al confundir las legítimas demandas de las comunidades mapuches con la existencia de un movimiento extremista o terrorista.

No obstante, trascendió que desde hace más de un año se investigan las actividades de Llaitul, en el marco de un proceso por asociación ilícita que instruye el Juzgado del Crimen de Cañete. Ello ratificaría la importancia de la estructura al interior de esa radicalizada entidad mapuche.

En la investigación aparecen como principales sospechosos Llaitul y el vocero de esa entidad en la provincia de Arauco, José Huenchunao. Este último es procesado por el Juzgado del Crimen de Lebu por su participación en un ataque a un campamento forestal en el fundo Cuyinco, comuna de Los Alamos.

En tanto, ante la misma Fiscalía de la provincia de Arauco fue presentada una denuncia en contra de Carabineros por el alcalde mapuche de Tirúa, Adolfo Millabur, y la familia del topógrafo Abraham Santi Calbullanca, quien perdió un ojo a raíz del impacto de un balín. La acción es por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, en el operativo de desalojo de la hacienda Lleu Lleu.

En tanto, otros dos de los nueve mapuches requeridos por el gobierno por Ley de Seguridad Interior del Estado fueron procesados por la magistrado subrogante del Juzgado del Crimen de Cañete, Verónica Herrera, por los delitos de incendio y daños en la hacienda Lleu Lleu. Son ellos Manuel Antonio Fren Casanova y Jaime Cona Tranamil, quienes permanecen recluidos en el recinto penal de Cañete. Su abogado, Pablo Ortega, apeló de las encargatorias de reo y solicitó su libertad provisional.

La situación procesal que afecta a esos cinco mapuches es paralela a la investigación del ministro instructor Eliseo Araya, tras el requerimiento por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los nueve indígenas presentado por el Gobierno. Ellos son Segundo Ancalaf, Eduardo Meñaco, Héctor Llaitul, Juan Llanquileo, José Marihuen, Alfredo Leuman, Jaime Cona, Manuel Fren y Elías Paillán.

El juez especial ha realizado variadas diligencias e interrogatorios, aunque todavía no determina la situación procesal de ninguno de los detenidos.

Protesta Mapuche
En Temuco, cerca de medio centenar de mapuches encabezados por los dirigentes del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán y José Naín, realizaron al mediodía de ayer una protesta pacífica en contra de dos diarios de circulación nacional, uno de ellos "El Mercurio". Los manifestantes los acusaron de manipulación informativa en torno al conflicto de la etnia.

Una declaración en tal sentido, firmada por Huilcamán, fue entregada por José Naín y el lonco José Antileo en la corresponsalía de este medio en esa ciudad. Esta señala que "constantemente aparecen fotografías mostrando mapuches encapuchados haciendo uso de piedras y boleadoras; sin embargo, no hemos visto fotografías de carabineros allanando las comunidades, efectuando detenciones arbitrarias y extrajudiciales de mapuches, o disparando en contra nuestra".

En la calle, el werkén Aucán Huilcamán, encaramado sobre una camioneta, pronunció un encendido discurso en contra de los mencionados medios de comunicación, acusándolos incluso de fomentar la xenofobia en contra de su pueblo.

Negó enfáticamente que existan agitadores en el conflicto que sostiene esa etnia, sino sólo colaboradores de la causa mapuche. Reiteró que "queremos evitar la xenofobia y el racismo, porque queremos evitar un enfrentamiento entre los habitantes de esta región". Reiteró que seguirán luchando en forma seria y responsable por sus derechos.

La manifestación, con resguardo policial, se disolvió pacíficamente.

Burgos Desvirtuó Carácter Militar

El subsecretario del Interior, Jorge Burgos, rechazó ayer que a los actos de violencia perpetrados por un grupo de mapuches se le otorgue el carácter de operación militar y, por lo mismo, desvirtuó la detención de un "comandante".

La autoridad se refirió al procesamiento de Héctor Llaitul por el fiscal militar de Concepción, indicando que si bien posee antecedentes delictuales no posee preparación militar.

"Digamos las cosas como son, este señor que se identifica erróneamente como comandante militar, dando a entender que tiene armas militares, fue detenido quemando potreros", dijo.

El secretario de Estado pidió rigor y prudencia en el tratamiento de este tema y postuló que hablar de un movimiento con caracteres de operación militar, relacionándolo con lo que ocurre en Chiapas, México, es una imprudencia.

Burgos insistió que hasta el momento sólo algunas personas reinciden en acciones delictuales, pero no se ha identificado a nadie con vínculos con el FMR o que hayan recibido alguna instrucción militar.


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