jueves 4 de octubre de 2001

Atentados en Alto Biobío

El gobierno regional ha presentado una querella criminal por los delitos de alteración del orden público, incendio y porte ilegal de armas en contra de los responsables de los atentados terroristas en contra de camiones y un campamento en Alto Biobío, acciones violentistas que se enmarcan en los ataques a la construcción de la represa Ralco. Estas obras se han visto dificultadas por la posición de unas pocas familias pehuenches que se oponen a la permuta de sus tierras y por la acción de grupos ecologistas e indigenistas que han adoptado posturas intransigentes frente a la construcción de las generadoras hidroeléctricas. Todo lo anterior obliga a ubicar este problema desde una doble perspectiva. Por una parte, la de seguridad; y la otra, la de las necesidades de energía eléctrica del país.

Es evidente que los atentados terroristas deben ser enfrentados por la autoridad con el máximo rigor ya que ponen en riesgo la vida de las personas y suponen graves daños a la propiedad privada. Por lo mismo, es oportuno que el gobierno regional haya decidido presentar las querellas por los delitos señalados. Llama la atención, sin embargo, que no se recurra a la Ley de Seguridad del Estado, mecanismo legal especialmente eficaz en asuntos como los atentados sucedidos en Alto Biobío. Es de esperar que la investigación logre prontos resultados a fin de garantizar a las empresas contratistas, a los trabajadores y en general a la población de que se trató de una acción aislada cuyos autores pueden ser identificados y procesados por los tribunales de justicia. Pero también es conveniente tener en consideración que la represa Ralco tiene una alta prioridad para cubrir las necesidades de energía eléctrica del país, ya que se ha sostenido por expertos que debido a la falta de nuevas inversiones en el área y si no se pone en funcionamiento esta central hidroeléctrica se podría enfrentar una situación deficitaria el año 2004. Desde este punto de vista, le corresponde al gobierno disponer las medidas conducentes a asegurar que, una vez aceptada por la autoridad la realización de este proyecto y por lo mismo avalada por los organismos estatales pertinentes, éste se desarrolla de acuerdo a los plazos y condiciones planificadas. En este sentido, el gobierno debe garantizar que existirán resguardos policiales suficientes para avanzar en las obras, que los caminos estarán expeditos para el tránsito de camiones y equipos, que los trabajadores podrán desarrollar sus labores con total tranquilidad, que no se repetirán ataques por parte de violentistas que intentan paralizar las faenas. Una acción rápida y eficaz de los efectivos policiales y de los tribunales de justicia, la solución de las disputas pendientes con las familias pehuenches que se oponen al proyecto, evitar que grupos interesados puedan realizar acciones que interrumpan los trabajos, son todas condiciones indispensables para asegurar no sólo la construcción de la represa, sino que el abastecimiento de energía eléctrica en el futuro.


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