• Descartada la posibilidad de bajar el nivel del embalse para evitar la inundación de terrenos de las familias aborígenes. Millonaria inversión impide alterar el proyecto.

Así lo confirmaron tanto fuentes de gobierno que trabajan en los temas indígenas como fuentes vinculadas a la construcción del megaproyecto eléctrico en el Alto Biobío.

De hecho, indicaron, las hermanas Nicolasa y Berta Quintremán se han reunido ya en dos oportunidades con el subsecretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff.

En este contacto triangular, el personero sugirió que para terminar el conflicto se baje el nivel del embalse, para evitar inundar el terreno de las siete familias que se oponen a la obra y así no estar obligados a un proceso de permuta y una eventual colisión entre las leyes indígena y eléctrica.

No obstante, fuentes vinculadas a la construcción de la central en el Alto Biobío, indicaron que el proyecto Ralco tiene un fundamento técnico desde su origen, que no puede ser alterado.

Puntualizaron que se trata de una obra que involucra una inversión que supera los 500 millones de dólares, de los que ya se han invertido US$ 200 millones con un avance que llega al 42%, aproximadamente.

Agregaron que pretender modificar el proyecto para evitar la inundación de los terrenos de las familias que se niegan a permutar, implicaría disminuir la capacidad de generación eléctrica y por consiguiente la rentabilidad de la obra.

En tanto, oficialmente Endesa en un comunicado, señaló respecto a este tema que la empresa pretende seguir conversando. ''Esta ha sido siempre su actitud y la seguirá siendo...Respecto a las familias con las cuales no se llega a acuerdo, la empresa mantiene una permanente comunicación''. Por último sostuvo que Ralco es irreversible y cuando esto es así ''lo que se debe hacer es llegar a acuerdos razonables que satisfagan a ambas partes''.