sábado 17 de marzo de 2001
Disputa de tierras en Alto Antuco
Pehuenches denunciaron
ataque de gente armada
Una investigación por el exceso de violencia ocurrido en Alto Antuco el sábado 10, pero principalmente conocer qué ha resuelto el gobierno regional acerca de las 32 mil hectáreas que pehuenches y particulares disputan en el área, pretendía plantear al intendente la delegación de pehuenches que, en la tarde de ayer, llegó a Concepción.

En ausencia del intendente Jaime Tohá, un funcionario que se identificó como encargado de informaciones y control de personal, explicó a los loncos de Malla Malla, Segundo Suárez, y de Trapa Trapa, Belisario Tranamil, que nadie los podía recibir. Cuando carabineros conminó al grupo a retirarse, Carmen Rosa Paine, werkén de Trapa Trapa, protagonizó un conato y alegó que habían viajado 10 horas para ''¡quedarnos aquí, hasta que nos reciban!''.

El werkén del Consejo de Todas las Tierras, José Nain, explicó que hace un año el gobierno se comprometió ''a hacer un esfuerzo'' para comprar a particulares las 32 mil hectáreas que las comunidades de Trapa Trapa y Malla Malla reclaman como propias. ''No vemos ninguno''.

El lonco Belisario Tranamil dijo que sólo quieren vivir en paz, pero explicó que el sábado 10 fueron atacados por carabineros y civiles armados. ''Mataron dos caballos y dos jinetes escaparon de milagro. Eso no puede ser. Llegan allá y amenazan a niños y mujeres.¡Qué cosas no hacen allá, donde no hay prensa!'', dijo.

Reclaman también por 5 pehuenches desaparecidos: Enrique Solar, Baldomero Purrán, Juan Humané, Ricardo Marihuán y Ernesto Salazar, todos de la comunidad de Malla Malla. Además por tres caballares heridos y nueve incautados.

En apoyo del grupo para que, finalmente, los recibiera el gobernador subrogante, Víctor Schuffeneger, medió el diputado Alejandro Navarro. Explicó que a la fecha no hay respuesta a los oficios que dirigió al director general de Carabineros, Manuel Ugarte, para que se esclarezcan los hechos ocurridos en las veranadas de Trapa Trapa.

Afirmó que en 1999, comprobó que colonos y personas vinculadas al empresario Raúl Pérez Serani se desplazan armados en el Alto Biobío y recomendó a algunos abogados ''pensar antes de asumir defensas de personas que no reúnen condiciones éticas para ser defendidas''.

Navarro dijo no ser partidario de la Ley de seguridad del Estado, pero si el gobierno la usó para perseguir a mapuches por hechos de violencia, ''claramente, los que dicen relación con hombres armados y disparos hechos por la fuerza pública en el Alto Biobío requiere una evaluación de igual naturaleza''


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