Mapuches representantes de ciento veinte comunidades lafkenches de las regiones del Biobío y Los Lagos acaban de realizar una ceremonia tradicional, en que ratificaron los objetivos de recuperación de tierras ancestrales mediante la ocupación, al mismo tiempo que también anunciaron la búsqueda de alianzas con la sociedad civil para alcanzar sus metas. Junto con ello los loncos convocaron a una marcha de jóvenes desde Tirúa hasta Concepción, para la realización en próximo 8 de marzo de una ''Cumbre social'' en la capital regional.

Cabe señalar que un primer punto que es indispensable determinar es la juridicidad de esa reclamación de tierras, ya que en la inmensa mayoría de los casos se trata de predios con legítimos dueños, con títulos de propiedad validados jurídicamente, con inversiones agrícolas y forestales. Un segundo aspecto es el relativo a las ocupaciones de esas tierras, con uso de la violencia, ataques a empresarios y trabajadores, incendios y destrucción de equipos y maquinarias y como se ha visto en la últimas semanas con enfrentamientos con la fuerza pública. Obviamente estas circunstancias alteran la paz social, representan un quiebre del estado de derecho y violan garantías constitucionales. Por lo mismo, la recuperación de esas tierras debe ser analizada con una perspectiva amplia, que debe incluir tanto los aspectos jurídicos como también los políticos de las demandas indígenas y por supuesto los efectos económicos y daños patrimoniales involucrados.

La nueva estrategia, paralela a las tomas y ocupaciones de predios que según los dirigentes continuarán como parte de las movilizaciones, podría pretender politizar el conflicto y buscar alianzas con sectores radicalizados de la sociedad civil. Es decir, pasar a una nueva etapa de confrontación y hacer que sectores urbanos, especialmente de las grandes ciudades, participen en las acciones diseñadas para obtener los objetivos trazados. Pasar de una estrategia de violencia focalizada en predios agrícolas y forestales a una de presión política podría además introducir un nuevo tema en la agenda política, lo que obviamente repercutiría en las campañas electorales de este año. El rechazo a la Conadi, organismo de gobierno directamente responsable del problema mapuche, también puede significar una forma de rechazo a la acción oficial y una búsqueda de caminos paralelos tanto a las vías jurídicas como políticas para obtener ese apoyo de la sociedad civil. Todo lo anterior debe preocupar a las autoridades, que hasta el momento han tratado de bajar el perfil e importancia de enfrentamientos y ocupaciones, ya que puede llegar a un quiebre de la institucionalidad con consecuencias imprevisibles.