Opinion
martes 20 de febrero de 2001

Tensión en zonas indígenas

La gobernación provincial del Biobío ha debido solicitar al tribunal correspondiente que disponga mayor resguardo policial en el sector del Valle del Queco ante el peligro de un enfrentamiento por la amenaza permanente que sufren los colonos que viven desde hace décadas en predios que desde diciembre están sitiados por grupos pehuenches. Incluso algunas familias de colonos tuvieron que pedir protección policial para abandonar sus tierras ante el hostigamiento de personas agrupadas en torno a los pehuenches, ya que en los últimos días encapuchados han efectuado actos delictuales como el incendio de cultivos de avena y el derrame de combustible sobre una vivienda con la clara intención de incendiarla. Ante la creciente tensión y las presiones de los pehuenches, los colonos han señalado que podrían ser trasladados a otras tierras por el gobierno.

Lo que está sucediendo en esta zona es claramente una flagrante violación al estado de derecho y a la institucionalidad vigente. Quienes durante décadas han vivido en el sector se ven presionados, amenazados y atacados por grupos de personas que pretenden ocupar violentamente esos terrenos. Hay que señalar que en el caso de los colonos se trata de personas y familias de escasos recursos, a quienes la pérdida de casas y predios significa un duro golpe, no sólo económico, sino también anímico por el desarraigo y sensación de inseguridad que un abandono del hogar tradicional significa. Y todo ello porque comuneros pehuenches han puesto sus ojos en esas tierras y las exigen, recurriendo a todos los medios posibles, incluso ilegítimos con amenazas a la vida y a los bienes.

En estos momentos no basta el resguardo policial para evitar enfrentamientos, sino que lo que urge es una posición definida y clara de la autoridad de gobierno. Hace pocos días los pehuenches vejaron a funcionarios de la Corporación Nacional Indígena que intentaban mediar entre colonos y comuneros. Existe al parecer conciencia entre las autoridades que hay influencia de agentes externos en la comunidad pehuenche, lo que estaría señalando la existencia de una acción organizada y planificada que se lleva a cabo por un grupo con apoyo hasta ahora desconocido. En estas circunstancias, se debe restablecer el estado de derecho, tal como sucede en todo el territorio nacional; hay que dar protección a quienes sufren de la permanente agresión de grupos indígenas y corresponde investigar la raíz de estas movilizaciones y quienes están detrás de ellas. En los últimos meses se han intensificado las tomas de terrenos, los incendios y los ataques a personas, vehículos y personas y es perfectamente posible que el aumento de la tensión pueda llevar a situaciones irreversibles, como la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto es urgente una acción decidida del gobierno a través de sus autoridades regionales y provinciales y la aplicación rigurosa de la legislación vigente.


©2000 todos los derechos reservados para Diario del Sur S.A.