• Los hechos que se han desarrollado en la zona, en que grupos de personas amenazan a otras para desalojarlos de sus propiedades, son una flagrante violación al estado de derecho y a la institucionalidad.

Lo que está sucediendo en esta zona es claramente una flagrante violación al estado de derecho y a la institucionalidad vigente. Quienes durante décadas han vivido en el sector se ven presionados, amenazados y atacados por grupos de personas que pretenden ocupar violentamente esos terrenos. Hay que señalar que en el caso de los colonos se trata de personas y familias de escasos recursos, a quienes la pérdida de casas y predios significa un duro golpe, no sólo económico, sino también anímico por el desarraigo y sensación de inseguridad que un abandono del hogar tradicional significa. Y todo ello porque comuneros pehuenches han puesto sus ojos en esas tierras y las exigen, recurriendo a todos los medios posibles, incluso ilegítimos con amenazas a la vida y a los bienes.

En estos momentos no basta el resguardo policial para evitar enfrentamientos, sino que lo que urge es una posición definida y clara de la autoridad de gobierno. Hace pocos días los pehuenches vejaron a funcionarios de la Corporación Nacional Indígena que intentaban mediar entre colonos y comuneros. Existe al parecer conciencia entre las autoridades que hay influencia de agentes externos en la comunidad pehuenche, lo que estaría señalando la existencia de una acción organizada y planificada que se lleva a cabo por un grupo con apoyo hasta ahora desconocido. En estas circunstancias, se debe restablecer el estado de derecho, tal como sucede en todo el territorio nacional; hay que dar protección a quienes sufren de la permanente agresión de grupos indígenas y corresponde investigar la raíz de estas movilizaciones y quienes están detrás de ellas. En los últimos meses se han intensificado las tomas de terrenos, los incendios y los ataques a personas, vehículos y personas y es perfectamente posible que el aumento de la tensión pueda llevar a situaciones irreversibles, como la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto es urgente una acción decidida del gobierno a través de sus autoridades regionales y provinciales y la aplicación rigurosa de la legislación vigente.