Opinion
lunes 5 de febrero de 2001

La cuestión mapuche

El empleo de la violencia y en especial las acciones incendiarias protagonizadas por ciertos grupos en el último tiempo, indican que son escasos los avances en la solución de los problemas de fondo que afectan a este sector de la población chilena.

El prolongado conflicto que afecta a una parte de la población indígena de las regiones del Biobío, Araucanía y Los Lagos, se ha vuelto cada vez más complejo. Lo que antes eran tomas de tierras, corridas de cercas, litigios judiciales o demandas políticas, ha seguido la dinámica de la globalización. Así, las protestas abiertas y grupales registradas en el país y el continente allá por 1992, con motivo de las celebraciones de los 500 años del descubrimiento de América, se han transformado en un movimiento indigenista internacional que cuenta con un cuerpo ideológico cada vez más afinado. Esta estructura es sostenida por una importante red no gubernamental de centros de estudio, partidos políticos, fundaciones y otros organismos en una decena de países europeos, además de Estados Unidos y Canadá, que ha llegado con sus demandas a las Naciones Unidas y otros foros multinacionales.

El asunto central de las demandas indígenas en todas partes del mundo y también en Chile, es la usurpación de la cual habrían sido objeto los pueblos originarios. En el caso nacional, habría sucedido con la conquista y colonización, mediante un proceso de ocupación militar en que una cultura opresora externa los sometió y los ha mantenido en esa condición hasta ahora.

Como es fácil de entender, ello implica serios reparos a la institucionalidad chilena resultante de ese proceso de sometimiento sobre el que se construyó la república independiente. Pero no sólo eso, porque del mismo razonamiento se desprende que hay una deuda histórica por los supuestos daños ocasionados. Al margen de las visiones simplistas que ven el tema como un mero oportunismo, es evidente que de allí arrancan las peticiones de autonomía, devolución de tierras y diversas otras compensaciones, todo lo cual constituye el basamento ideológico que sostiene y da sentido al movimiento mapuche. Es lo que expresan los dirigentes y líderes más educados de la etnia y que se traduce en hechos de violencia a los que dan el carácter de acciones reivindicativas, con graves efectos sobre la paz social, el clima de tranquilidad y la actividad económica en las regiones donde se manifiesta.

Sin embargo, hay que reconocer que en todas las comunidades indígenas chilenas, el índice de indigencia y pobreza es en promedio el doble del resto del país, de acuerdo a datos oficiales. Los ingresos de los mapuches se cuentan entre los más bajos a nivel nacional; el analfabetismo en los sectores rurales en que ellos viven se acerca al 20% y la mortalidad infantil es tres veces superior al promedio nacional. Esto indica que viven en situación desmedrada y que las políticas públicas y privadas que se han puesto en práctica para mejorar su calidad de vida, son claramente insuficientes.

Por lo tanto, es urgente aumentar y focalizar la inversión pública destinada a este sector de la población en mejoramiento de la educación, la infraestructura física y la efectiva integración al resto de la sociedad, lo que implica reformar las disposiciones paternalistas de la actual Ley Indígena.

Puede que en algunos casos sea necesario asignar tierras, pero en ninguna circunstancia puede dejar de aplicarse la ley en los hechos de violencia o aceptar la tesis ideológica que demanda autonomía y revisión histórica. 


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