Opinion
viernes 2 de febrero de 2001
Autonomía indígena
El subsecretario del Interior, Jorge Burgos, junto con admitir la existencia de un informe de inteligencia policial que sostiene que grupos mapuches pertenecientes a la denominada Coordinadora Arauco-Malleco tienen como objetivo de sus acciones violentistas el establecer un territorio independiente, política y geográficamente, aseguró que ''en nuestro país no hay ninguna viabilidad jurídica, militar ni política que pueda hacer siquiera pensable una teoría de esa naturaleza''. De la misma manera descalificó los dichos de un dirigente indígena que compara dicha organización con el movimiento zapatista de México, los que según él son sólo ''una operación de propaganda''.

En las últimas semanas se han intensificado las acciones extremistas en algunas zonas de la Octava y Novena regiones, las que se han ampliado desde el ataque a predios y empresas forestales a sectores de la agricultura tradicional, quemando campos sembrados de trigos y otros productos. Al mismo tiempo, como acaba de suceder en la provincia de Arauco, el gobierno ha debido recurrir a la Ley de Seguridad del Estado ante hechos de extrema gravedad, que incluyeron enfrentamientos con las fuerzas policiales junto al incendio de un predio agrícola. De lo anterior es posible suponer que existe un movimiento organizado que está perpetrando en forma coordinada acciones destinadas a alterar el orden público, con la presencia de activistas que se dedican a tiempo completo a estas maniobras extremistas.

Sin duda que algunos exaltados pueden creer que es posible alcanzar un estado de quiebre institucional que derive en una suerte de territorio autónomo del resto del país, situación que no sólo ha sido descartada por el subsecretario del Interior, sino que recibiría con toda seguridad el rechazo de la comunidad nacional. Frente a esta perspectiva el gobierno debe actuar con firmeza para resguardar el orden público, garantizar el estado de derecho y defender mediante la aplicación de las normas legales vigentes la institucionalidad. La integridad territorial es ciertamente uno de los principios garantizados por la normativa constitucional y le corresponde a las autoridades públicas y a las fuerzas de orden y seguridad hacerla respetar en todo el país. Por otra parte, también es deber del gobierno investigar las acciones que podrían desarrollar elementos extranjeros a fin de asegurar que estas actividades se ajustan a la legislación vigente y en caso de comprobarse su participación en delitos, aplicar todo el rigor legal. Los valores y principios en juego son fundamentales para asegurar la soberanía nacional y la seguridad pública, en especial cuando los sectores indígenas involucrados en estas acciones son una ínfima minoría con escasa representatividad en la ciudadanía chilena.


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