viernes 26 de enero de 2001
Opinión
Recrudece violencia indígena
En los últimos días han aumentado los incidentes violentos que protagonizan sectores extremistas en contra de agricultores y empresas forestales en la Novena Región. A la destrucción de campamentos, incendio de sembradíos y bosques se ha sumado la agresión en contra de trabajadores y agricultores con el uso de armas de fuego y teniendo como resultado heridos graves. Si bien el gobierno ha recurrido a los tribunales con las querellas presentadas ante las fiscalías correspondientes, los empresarios agrícolas han manifestado su preocupación ante esta escalada de violencia y han planteado la posibilidad de organizarse para defenderse ante los ataques de grupos de indígenas extremistas que argumentan un supuesto derecho ancestral de las tierras que hoy poseen legítimamente agricultores y empresas forestales.

Si bien no es posible descartar que existan grupos que se infiltran en los sectores indígenas para aprovechar las demandas de éstos con fines extremistas, la verdad es que en la última década el país ha sido testigo del incremento de la violencia, de las ocupaciones de predios, de los incendios provocados a bosques, casas y campamentos, de la destrucción de maquinarias y equipos, de los ataques a personas con un grave saldo de heridos y lesionados. Al mismo tiempo, la ciudadanía ha visto cómo los gobiernos de la Concertación han buscado soluciones a dichas demandas por medio de la adquisición de tierras con recursos fiscales, las que luego son traspasadas a los indígenas y también la instalación de negociaciones centradas en la acción de la Corporación Nacional Indígena. Hace pocos días el gobierno anunció la creación de una mesa de diálogo para establecer la ''verdad'' sobre el tema indígena, presidida por el ex mandatario Patricio Aylwin.

Sin embargo, ninguna de estas instancias ha reducido la violencia y en las últimas semanas han recrudecido las acciones violentistas. Hasta la fecha los gobiernos de la Concertación han optado por no utilizar la Ley de Seguridad del Estado, instrumento jurídico que tiene su razón de ser en el restablecimiento del estado de derecho y el imperio de la ley cuando han sido vulnerados. Hoy, en extensas zonas de la Novena Región, existe un clima de beligerancia y agresividad que amenaza la paz y seguridad de las personas, que impide el normal desarrollo de las actividades económicas y que implica la falta de garantías de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Obviamente no le corresponde a los civiles, aunque se sientan amenazados, restaurar el orden y la seguridad, tarea consagrada a las instituciones del Estado mediante la aplicación de la legislación vigente, el aumento de la vigilancia policial y la eficaz acción de la justicia.


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