Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Año LXXXV -Nro. 30.700 - Martes 6 de febrero de 2001


Organismos extranjeros estarían interviniendo en conflicto mapuche



Un estudio elaborado por el Instituto Libertad y Desarrollo determinó que existe una gama de organismos no gubernamentales y de Naciones Unidas repartidos en diferentes países europeos, Estados Unidos y Canadá, que ejercen fuerte influencia sobre algunos grupos minoritarios, como es el caso de los mapuches, y que incluyen centros de estudio, fundaciones y partidos políticos de esos países.

Según el estudio, dichos organismos tendrían un marcado sesgo "radical e ideológico" que se sustentaría en la idea que la solución al problema indígena pasa por la devolución de las tierras que habrían sido usurpadas por los sucesivos gobiernos republicanos.

Además, indica la investigación, uno de los requisitos que postula este enfoque ideológico de las organizaciones que apoyan a las minorías indígenas, consiste en que estos pueblos "logren autonomía y soberanía en sus decisiones". 

PODEROSOS

El mismo estudio llegó a establecer que estos grupos activistas "son muy poderosos en términos económicos y de influencia ideológica", y sus mecanismos de operación muy efectivos en varios países del mundo y América Latina. Además, estarían "vinculadas a sectores de izquierda y a grupos de ecologistas radicales".

En el listado que dio a conocer Libertad y Desarrollo figuran, entre otras, la Mapuche International, en Inglaterra; Voz Red Nacional Mapuche, en Suecia; la Assembly of First Nations, de Canadá, y el The South and Meso American Indian Rights Center, de Estados Unidos, entre otros.

Por otra parte, en las pesquisas de Libertad y Desarrollo, se enfatiza el incremento en el nivel de violencia que ya no sólo afecta a grandes empresas forestales, sino a particulares como agricultores y campesinos de la zona.
 
 

SITUACION 

ECONOMICA

 
 

También determinaron que la característica esencial del conflicto es la situación socioeconómica de las comunidades mapuches, la cual es extremadamente precaria.

Como ejemplo, citaron la encuesta Casen de 1996 en donde el 10,6 por ciento de la población indígena encuestada vive en condiciones de indigencia, duplicando el mismo porcentaje a nivel nacional que es de 5,7 por ciento.

Lo mismo ocurre con la pobreza que alcanza un 35,6 por ciento entre la población indígena, y un 23,2 por ciento en el resto del país. El analfabetismo en las comunidades mapuches que habitan en zonas rurales es más de cuatro veces superior al promedio nacional (19 por ciento en sectores mapuches y 4,4 en el país); en tanto que la mortalidad infantil en algunas comunas es hasta tres veces superior al promedio del país.

Para Libertad y Desarrollo es prioritario en este conflicto que el Gobierno dé con urgencia garantías que en Chile se respeta el Estado de Derecho y que lleve a cabo políticas públicas destinadas a mejorar la situación de los pueblos originarios, entregando educación de buena calidad y capacitando a los indígenas para insertarse en el mundo laboral. 

Para conocer en detalle el referido estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, haga doble click en 

" El conflicto indígena y la influencia internacional "
 

Mapuches amenazan

 

Escenas como ésta -comuneros mapuches ocupando el fundo Santa Elisa, en enero recién pasado- comenzaron a repetirse en la zona de Collipulli y lo mismo pasaría en Cautín y Arauco, según anunció ayer la Coordinadora de Comunidades en Conflicto.

La Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco informó a través de un comunicado de prensa que "pese a la represión impuesta por el Estado chileno a través de las fuerzas policiales y el sistema judicial y pese a la manipulación y engaño sostenido por los organismos y representantes del Gobierno, el día de hoy (ayer), lunes 5 de febrero, las comunidades mapuche en conflicto dieron inicio a una serie de movilizaciones para dar continuidad a nuestro proceso de recuperación de espacios políticos y territoriales".

Entre los tipos de acciones que realizarán para cumplir con lo anterior se encuentran el ingreso a predios reivindicados, control de acceso a los mismos y corte de caminos públicos y carreteras.

Asimismo, explicaron que las comunidades que están desarrollando estas acciones son: En Traiguén, Temulemu, Didaico y Pantano (recuperarían tierras en los predios Santa Rosa de Colpi y Chorrillos de propiedad de Forestal Mininco); en Arauco, Puente de Tierra, Tranicura I y II, Quilantahue, Cumillahue, Lleu Lleu Bajo, Pascual Coña, Choque, Rucañanko, Kuyinko y Sara de Lebu.

A su vez, en Collipulli, estarían las comunidades Caillín y Antonio Paillacoy, con apoyo de Temucuicui; en Ercilla, Chequenco; y en Temuco, Nalcahue, Conoco Chico, Llapeleo y Ñenoco.

OCUPACIONES

Entre las ocupaciones destacan en Collipulli el ingreso de la comunidad Juan Ailla Varela al fundo Ginebra, de 434 hectáreas, de propiedad de Pedro Nichelsen, y al fundo Curaco, perteneciente a Mario Galvarini, de 298 hectáreas.
 

CONTROL TERRITORIAL

La Coordinadora sostuvo además que estas acciones se enmarcan en el objetivo de fortalecer el control territorial en zonas de conflicto, reafirmando la idea de que ya no se trata de comunidades aisladas, sino que de "territorios mapuche en conflicto".

Agregaron que "las comunidades agrupadas en la Coordinadora mantendrán sus movilizaciones para resistir al sistema capitalista que -a través de empresas forestales, energéticas o turísticas- arrinconan día a día a nuestras comunidades con el fin de hacerlas desaparecer".

Finalmente, declararon que "exigimos la libertad de todos los mapuche injustamente encarcelados por el Estado chileno, y reiteramos la firme decisión -como mapuche- de continuar nuestra lucha por territorio y autonomía... ¡Marichiweu! Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco. Desde Territorio Mapuche, 5 de febrero del 2001".
 

Se oponen a crédito del BID a Chile

Una llamada Comisión Nacional Provisoria por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de Chile y la Ratificación del Convenio Nº169 de la OIT, envió a Enrique Iglesias, director general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una larga comunicación en la que se refiere al crédito de ese organismo al Gobierno de Chile (que ya fue concedido) para implementar un proyecto de "impulso al desarrollo de las etnias".

La misiva expresa en algunas de sus partes: "Los pueblos indígenas de Chile representan aproximadamente el 10% de la población del país. El problema central que enfrentan, actualmente, dichos pueblos ("etnias" en el lenguaje gubernamental) es la existencia de una política generalizada de discriminación y de negación de derechos que hiere la dignidad de los indígenas, niega y deforma la historia del país, niega, restringe y limita derechos humanos y libertades fundamentales, e impide la participación, en condiciones de igualdad, en la permanente construcción de la democracia".

"En Chile, actualmente, no son respetados, en particular, nuestros derechos a recuperar, poseer, controlar, administrar y desarrollar nuestras tierras y los recursos naturales y espirituales que ellas contienen. Y, al mismo tiempo, nos es negado el derecho a mantener, recrear, proyectar y transmitir a las generaciones futuras el conjunto de nuestros respectivos patrimonios culturales".
 

PROMESAS ELECTORALES
 

"Los gobiernos postdictatoriales, inicialmente a través de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (Cepi) y actualmente con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), han creado un sistema y elaborado una concepción de la "política indígena" donde imperan la mentira, el clientelismo, la corrupción y el paternalismo".

Más adelante explica que hay promesas electorales sin cumplir y que "no hay ninguna disposición constitucional que reconozca la existencia jurídica, física y cultural de los pueblos indígenas; no ha sido ratificado el Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); no ha habido cambios en las políticas económica, forestal, minera, de aguas y de agricultura que establezcan diferencias con la dictadura y que favorezcan a los pueblos indígenas; no existe una política educacional que contemple la plurietnicidad del país; no existe una política de apoyo y de estímulo a las creaciones artísticas indígenas".

Además, "no existe una legislación que proteja, de manera efectiva, los lugares y sitios sagrados o ceremoniales de los pueblos indígenas; no existen programas ni políticas que combatan la discriminación; y no existen disposiciones jurídicas que aseguren, de manera real y efectiva, a los pueblos indígenas el goce y ejercicio de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales".

POLITICA FORESTAL

Dice también el comunicado: "La política forestal chilena que fue iniciada por la dictadura y continuada, sin variaciones de fondo, por los gobiernos post-dictatoriales es demostrativa de los atropellos que se cometen contra las comunidades y pequeños campesinos indígenas y contra la biodiversidad del país. Los hechos y las consecuencias con las siguientes:

a) en 1974, con el Decreto Ley Nº701 se reintegra el 75% de los costos de las plantaciones forestales y, en 1979, con el Decreto Ley Nº2565, el porcentaje alcanza al 90%;

b) entre 1974 y 1983 la superficie plantada de bosques artificiales pasa de 400 mil a 1 millón de hectáreas, y, se calcula que entre 1983 y 2000 las "necesidades de tierras" de las compañías forestales han sido entre 18 mil y 21 mil hectáreas anuales;

c) la consecuencia de lo anterior, entre otras cosas, ha significado la concentración de las tierras en manos de las compañías forestales, la pérdidas de tierras comunitarias o individuales indígenas (vía "venta", robo, apropiación o "arriendo"), la destrucción del bosque nativo, la disminución de tierras agrícolas y de pastoreo, la destrucción de biotipos y ecosistemas únicos, la desaparición o disminución peligrosa de algunas especies de la flora y de la fauna nativas, etc".

En otro punto se destaca que "los últimos seis meses las autoridades gubernamentales han desatado la represión contra las comunidades mapuches que reclaman y reivindican tierras, bosques y recursos que les fueron robados por personas privadas o las compañías forestales. Ancianos, mujeres y niños han sido las víctimas privilegiadas de las fuerzas policiales y de las compañías forestales".

"NO HAN CUMPLIDO"

"Es erróneo -dicen- hacer una descripción de la situación indígena en Chile centrándola, únicamente, en una "confrontación" entre algunas comunidades mapuches y las compañías forestales, pues estamos asistiendo al agotamiento de la política de la mentira y de la promesa no cumplida que afecta, con énfasis diferentes, a todos los pueblos indígenas del país. Dicha bancarrota es la expresión lógica de la incapacidad de las autoridades gubernamentales para elaborar políticas y programas que rompan con la discriminación y la injusticia".

"Las autoridades gubernamentales chilenas, en lo que respecta a los pueblos indígenas, no han cumplido, entre otras, con las disposiciones establecidas en:

a) la "Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial", en particular el artículo 5;

b) el "Pacto internacional de derechos civiles y políticos", en particular el artículo 27; y

c) la "Convención sobre los derechos del niño", en particular el artículo 30. Los tres instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citados han sido ratificados por Chile".

"Es sarcástico o -al menos- curioso que la economía que se autodeclara como "la más sólida del continente" mantenga, en las comunidades indígenas, las abyectas y deshumanizadoras condiciones de la extrema pobreza y es sospechoso o -al menos- irónico que esa misma "sólida" economía tenga que solicitar créditos para "impulsar el desarrollo de las etnias" y, sólo en este momento, acordarse de las regiones que tienen población mapuche".

Terminan solicitando, en virtud de los antecedentes aportados, que no se conceda el crédito a Chile.

Firman el comunicado Marcelo Calfuquir, Juan Barra y Adán Alonso Millabur.


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