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El Mercurio Electrónico
Santiago de Chile, Sábado 11 de Septiembre de 1999

ACATAMIENTO A ORDEN JUDICIAL:
Endesa Suspendió Obras de Hidroeléctrica Ralco

Empresa generadora y la Conama apelarán de resolución judicial que paraliza inversión de US$ 540 millones en el Alto Biobío. El director de la Conadi, Rodrigo González, planteó que la relocalización de pehuenches debe ser fiscalizada por autoridades ambientales.
 

Mientras la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y Endesa anunciaron ayer por separado que apelarán de la resolución judicial que ordenó paralizar la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, la empresa generadora resolvió suspender, a contar de la tarde de ayer, las faenas que lleva a cabo en el Alto Biobío, Octava Región.

Se trata de un proyecto cuyo estudio de impacto ambiental (EIA) fue aprobado en junio de 1997 y que, con una inversión de US$ 540 millones - de los cuales se han desembolsado US$ 130 millones- , aportará 570 megawatts al Sistema Interconectado Central (SIC).

En su resolución, el titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago, Mario Carroza, establece que en el Alto Biobío se realizan obras de carácter definitivo y que la relocalización de las familias pehuenches cuyas tierras serán inundadas por el embalse no ha terminado, pese a que dicho proceso era "una condición necesaria para la realización del proyecto".

La Conama planteó ayer una interpretación radicalmente opuesta.

El fiscal y director subrogante del organismo, Alvaro Sapag, sostuvo que la aprobación de hace dos años tiene un carácter definitivo y "en ninguna parte aparece que Endesa sólo puede hacer obras de carácter menor".

La generadora, en tanto, afirmó que la central Ralco "cuenta con todas las autorizaciones ambientales y permisos de construcción para ejecutar el proyecto en sus obras primarias y definitivas".

A través de una declaración pública, puntualizó que "desde el inicio del mismo se encuentra cumpliendo a cabalidad con las exigencias ambientales fijadas en las resoluciones de Conama que declararon ambientalmente favorable el proyecto, cumplimiento que es auditado permanentemente por una firma de auditoría ambiental".

A las 18 horas de ayer ejecutivos de la constructora Besalco - contratada por Endesa para ejecutar el proyecto- comunicaron a sus trabajadores que las faenas eran suspendidas en virtud de una orden recibida de la generadora.

Anticiparon que a partir de hoy comenzará el retiro de maquinarias y camiones del sector "hasta nueva orden". Los trabajadores que permanecían en terreno fueron trasladados a sus campamentos en seis buses. Allí expresaron su inquietud por lo ocurrido, aunque reconocieron que nadie ha hablado de finiquitos.

A la misma hora, representantes de Endesa se reunieron a puertas cerradas con directivos de Besalco para analizar la situación creada tras el fallo judicial.

Versiones provenientes del Alto Biobío aseguran que tanto los operarios de Besalco de origen pehuenche como las 91 familias que aceptaron las permutas de tierras se mostraron indignadas por la determinación judicial, ya que los perjudica laboralmente y respecto de los beneficios del plan de relocalización elaborado por Endesa.

En total, suman 12 las familias que ya han sido trasladadas al fundo El Huachi, uno de los cuatro predios adquiridos por la generadora para ubicar a los indígenas cuyas tierras serán inundadas por la represa.

Hasta antes del dictamen judicial, el grado de avance en la central reconocido por Endesa era del 11 %.

La medida precautaria ordenada por el juez Carroza obedece a una demanda que las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, líderes de las 8 familias opositoras, interpusieron apenas se aprobó el estudio de impacto ambiental.

Implica detener indefinidamente - mientras se resuelve el fondo de la acción judical- las faenas correspondientes al embalse, la central, un enlace con el SIC y el plan de relocalización.

No obstante, el propósito final de la demanda es establecer la nulidad de derecho público de la resolución que aprobó el EIA del proyecto Ralco.

Debate por Permutas

Los criterios que se enfrentan en esta iniciativa son dos.

Mientras Endesa postula que puede avanzar con sus faenas en la medida que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) va aprobando las solicitudes de permuta, los detractores del proyecto estiman que ello no puede ocurrir mientras no se acepte la totalidad de los trasladados.

Este último hecho, sin embargo, parece poco probable debido a que las familias lideradas por las hermanas Quintremán mantienen un tenaz rechazo a la central. De hecho, Nicolasa reiteró ayer que "sólo muertas" abandonarán sus tierras ancestrales.

Para la Conama, una de las claves del tema es que las permutas de tierras no constituyen permisos ambientales, "por lo que la aprobación del proyecto nunca estuvo sujeta a que terminara el proceso de permutas", indicó Sapag.

El fiscal de la comisión explicó que el dictamen no representa un cuestionamiento al accionar del organismo, pues lo que hizo el juez es dictar una medida de precaución mientras se resuelve el fondo de la demanda.

Según su análisis, la aprobación ambiental del proyecto es definitiva, lo que no tiene relación con otras autorizaciones que requiere Endesa para llevar a cabo la construcción, como las concesiones eléctricas y las permutas.

Aunque declinó referirse al dictamen judicial, el director de la Conadi, Rodrigo González, explicó que el rol de esa entidad termina con la aprobación de las permutas - hecho que ha ocurrido con las 91 solicitudes presentadas hasta ahora- y la notificación a las partes (Endesa y pehuenches).

"Es el proceso ambiental el que tiene que fiscalizar las condiciones de la relocalización, porque esas condiciones están fijadas en la resolución ambiental que dictó la Conama en 1997", añadió.

Polémica También Incluye Concesiones Eléctricas

El proyecto hidroeléctrico - de gran importancia para el desarrollo eléctrico del país, según afirmó el jueves el Vicepresidente de la República, Raúl Troncoso- también enfrenta dificultades en otros ámbitos.

Un ejemplo es la polémica que surgió luego que versiones provenientes de la generadora responsabilizaran a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de dilatar la aprobación de las concesiones eléctricas que requiere la central.

Según aseveraciones hechas por fuentes de Endesa, el otorgamiento de las concesiones eléctricas está suspendido básicamente por razones políticas debido a que aún no hay acuerdo con todas las familias pehuenches que deberán ser trasladadas.

Prueba de ello, según la misma versión, es que las solicitudes de concesión fueron entregadas el 7 de abril de 1997, al tiempo que el 11 de febrero de 1998 se presentaron los planos requeridos por el proceso. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de la autoridad.

El titular de la SEC, Juan Pablo Lorenzini, desestimó en su oportunidad dicha argumentación, precisando que Endesa ha tardado dos años en completar "correctamente" los antecedentes necesarios para resolver sobre la petición de concesiones.

Ralco requiere dos concesiones eléctricas para funcionar: una corresponde a la central hidroeléctrica y la otra a las líneas de transmisión de energía que conectan a la primera con el SIC
 
 

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