Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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El Mercurio Electrónico
Santiago de Chile, Sábado 21 de Agosto de 1999

JURISTAS:

 
Validan Apego a la Ley en Conflicto Mapuche
 

Expertos refutan interpretación de magistrado de Cañete, quien admitió poner por encima de ello la paz social.
 

Sorpresa y rechazo se manifestó en el ambiente jurídico la posición dada a conocer por el juez de Cañete, Jaime Alvarez, quien ha tenido a su cargo causas relacionadas con acciones de violencia por parte de mapuches.

Alvarez, en una entrevista a este medio, relativizó la aplicación de justicia poniendo en primer término la paz social. Admitió no haber hecho "una labor estrictamente judicial o estrictamente apegada a la ley porque siempre tengo a la vista que mi finalidad última como juez es la paz social, no sólo hacer justicia". Sobre el mismo tema agregó que "el estado de derecho para preservarlo pasa por la paz social y luego por la justicia".

Entre expertos en materia constitucional estas expresiones, en principio, estarían incluso fuera de la legalidad.

El profesor Guillermo Bruna, experto en derecho constitucional, afirmó que los jueces en Chile no pueden dejar de aplicar la ley.

La ley, explicó, es una norma de carácter general y anticipada y es imposible en la creación humana cuando se dicta una norma visualizar todas las circunstancias concretas y particulares que en el futuro se van a producir. Es decir, las leyes no responden a todas las interrogantes que la realidad puede plantear. En esos casos los jueces pueden adaptar las leyes y suponer lo que habría querido hacer el legislador si hubiese conocido el hecho concreto que se está planteando. Los casos judiciales son particulares y posteriores. "Pero ello no autoriza al juez para prescindir del texto de la ley, sino que para interpretarla y adaptarla a una circunstancia no prevista".

"Las frases de este juez no me parece que estén en este caso. No puede apartarse de la norma porque estaría derogándola o modificándola", sostuvo Bruna.

En la eventualidad de que la aplicación de determinadas leyes afecten a la sociedad o a la paz social, los jueces, de acuerdo a lo sostenido por el profesor constitucionalista, pueden hacer presente al Presidente de la República los problemas que tienen para aplicar las leyes para que eso se modifique, pero no está en ellos modificarlas o derogarlas aunque sea por un bien público.

La Constitución, previendo esa excusa, establece en su artículo 7 que las autoridades están facultadas para hacer lo que la ley expresamente les autoriza y no más.

Estimó asimismo que esto, las declaraciones del juez de Cañete, afectan el buen funcionamiento de la justicia, pues "si cada juez se siente con autorización de prescindir de los textos de las leyes, se puede producir el caos. Como jurista no me gusta esto que ha ocurrido".

Arturo Fermandois, también profesor constitucionalista coincidió en que, sin perjuicio de la intención noble que se vislumbra detrás de lo señalado por el juez de Cañete, "me parece que los objetivos del juez son siempre la justicia a través de la aplicación de la ley y los principios en que ésta siempre se funda, pero nunca sobrepasarla o desconocerla en términos tales que la ley deje de ser el parámetro obligatorio de su actuación".

El concepto mismo de jurisdicción, explicó, está intrínsecamente vinculado a la ley y sus principios generales que la sustentan, "no se trata de abogar por un "ius positivismo", pero hay que pensar que un magistrado que se propone desbordar la ley e incluso la justicia so pretexto de materializar lo que él estima avances en otros planos, está en definitiva usurpando atribuciones constitucionales pertenecientes al legislador, al constituyente".

Fermandois sostuvo que a un juez creativo, si lo que realmente persigue es el bien público y la justicia, difícilmente la ley le será un obstáculo por cuanto puede construir argumentaciones que sin tergiversar su sentido fundamenten su resolución, pero igual aplique la ley. "Soy partidario de que los jueces deben ser creativos. La Constitución tiene las bases de la institucionalidad".

Por su parte el jurista Waldo Ortúzar estimó "chocante y audaz" la frase antes mencionada del juez Alvarez, porque quiere decir que queda al criterio de cada uno cómo ejerce un ministerio que es eminentemente legal, fundamentalmente marcado por la ley.

"Tendría que conocer el contexto, a qué hechos se refiere. En la aplicación de la ley los jueces tienen una cierta latitud para aplicar la ley, y por eso hay recursos y una corte de casación, que es la Corte Suprema, que uniforma criterios. Cada uno puede tener una cierta libertad al interpretar la ley, pero no esto de salirse de la ley para buscar un camino propio", señaló.


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