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El Mercurio Electrónico
Santiago de Chile, Viernes 6 de Agosto de 1999

PACTO POR EL RESPETO CIUDADANO.-
PACTO POR EL RESPETO CIUDADANO.- El Presidente Eduardo Frei participa, en La Moneda, en un Llelipun, ceremonia mapuche de autopercepción familiar o comunitaria, en la firma del Pacto por el Respeto Ciudadano, donde el Gobierno se comprometió a crear un plan de desarrollo interministerial para el pueblo indígena, con una inversión de $140 mil millones. (Héctor Yáñez)
DIRIGENTES INDÍGENAS VALORAN AVANCE:

"Lonkos" Definen Plan Frei como Buen Punto de Partida
 

Empresarios, sin embargo, no suscribieron pacto de respeto ciudadano. Propuesta del Gobierno supone en definitiva $140 mil millones. Organizaciones metropolitanas protagonizaron incidentes menores.
 

Variadas medidas, recursos y propuestas para la temática mapuche anunció ayer el Gobierno en un significativo acto efectuado en La Moneda, ocasión en que representantes de diversos sectores refrendaron un documento de respeto a las etnias el que, sin embargo, no fue suscrito por el empresariado.

No obstante, los dirigentes mapuches o "lonkos" coincidieron en que este plan constituye un positivo "punto de partida" para avanzar en las demandas pendientes.

Uno de ellos, Juan Rozas Paiñecul, de Cañete, calificó como "muy buenas" las medidas del plan divulgado, resaltando sobre todo el hecho que los hayan recibido con dignidad en La Moneda.

Sin embargo, para el dirigente de Lumaco, Eduardo Cayuqueo, esto es sólo el comienzo de lo que tiene que darse a futuro, pues falta enfatizar aspectos como las tierras y el prometido reconocimiento constitucional.

Una opinión similar esgrimió Juan Labenque, de Maicolpué, para quien faltó profundizar el tema de los bosques y las tierras.

En la ceremonia, donde hubo cerca de mil asistentes, el Presidente Eduardo Frei anunció que en definitiva será un total de $140 mil millones los que se destinarán desde el segundo semestre de este año hasta el 2002 para resolver algunas demandas de este pueblo.

Todo esto ocurrió en el marco de un acto que combinó colorido, ceremonias religiosas y también algunos incidentes, y que en todo momento fue resaltado por la autoridad como el hito más importante desde el acuerdo de Nueva Imperial en 1989 y que derivó en la Ley Indígena.

Entre otros elementos, Frei mencionó su esperanza de que en el ámbito legislativo se logre despachar antes de fin de año el reconocimiento constitucional de las etnias y el convenio 169 de la OIT, que permiten establecer políticas de discriminación positiva en favor de los pueblos.

Otro de los anuncios relevantes es el referido a las Areas de Desarrollo, espacios geográficos específicos en torno a los cuales se focalizan recursos y coordinan los servicios públicos.

Además de las tres ya existentes (Alto Biobío, Atacama La Grande y Lago Budi), ahora se implementarán en Lleu Lleu (comunidades lafkenches) y Colchan-Camiña (comunidades aymaras).

En el caso de las políticas sectoriales específicas, se diseñó un plan de desarrollo interministerial que involucrará a las carteras de Agricultura, Salud, Educación, Obras Públicas y Vivienda. Además participarán la subsecretaría de Desarrollo Regional, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el Fosis, Gobiernos Regionales y Municipios.

Por ejemplo, en el ámbito regional, el intendente de la VIII Región, Martín Zilic, explicó que los gobiernos locales deberán oficiar como coordinadores y enlaces entre las comunidades y los ministerios que implementarán una serie de programas específicos.

Zilic recalcó que si bien ellos también manejarán algunos recursos del programa global, su papel fundamental será respaldar las instancias de diálogo con las comunidades, tal como se hizo en el Alto Biobío.

Hasta ahora las autoridades, sin embargo, no precisaron cuánto de los $140 mil millones corresponden a recursos frescos y a reasignaciones.

Una de las carteras que mayores recursos habría recibido en este contexto es Obras Públicas, que entre este año y el próximo invertirá $27 mil millones. En el caso de Agricultura, en ese mismo lapso se destinarán, por ejemplo, $10 mil millones sólo para apoyo técnico y subsidios.

También existen aportes para ámbitos menores, como la construcción de centros culturales y comunitarios, para lo cual se consideraron $200 millones.

Respecto de los programas de educación ideados, el ministro José Pablo Arellano precisó que las becas a estudiantes indígenas se focalizarán en estudiantes de séptimo y octavo básico, pues el principal problema es que abandonan el circuito en sexto.

También se propiciará el perfeccionamiento de los docentes y el material escolar de manera que se pueda reforzar la enseñanza bilingüe (español y mapudungun).

En el caso de Vivienda, el ministro Sergio Henríquez aclaró que reeditando la experiencia del Alto Biobío se licitarán proyectos de construcción de viviendas para comunidades mapuches bajo estándares especiales, a fin de que éstas respeten la identidad cultural.

Así, en un plazo de 3 años se pretenden entregar unas 3 mil viviendas bajo un programa de subsidio rural especial en el cual participarán los gobiernos provinciales.

El titular de Salud, Alex Figueroa, añadió que se destinarán unos $2 mil millones para reforzar los programas de atención primaria de salud, tanto en el mejoramiento de su calidad como en el acceso. Además, se aumentarán en un 50% las rondas en postas rurales para atender población indígena.

EMPRESARIOS RECHAZARON SUSCRIBIR DOCUMENTO

Pese a que los diversos sectores y los propios dirigentes de las comunidades señalaron que los planes anunciados son un importante punto de partida, la negativa de los empresarios a suscribir el mencionado documento no es un hecho menor si se considera que este es un sector relevante dentro de la problemática.

El documento antes mencionado, denominado "Pacto de Respeto Ciudadano", en la práctica fue rechazado por los dirigentes empresariales, pese a que algunos de ellos asistieron al acto que congregó autoridades y cerca de 800 representantes de comunidades de las regiones VIII, IX y X.

El texto, entre otras cosas, reconoce errores y una deuda histórica con los pueblos originarios, por lo cual se efectúan una serie de proposiciones para afianzar la tolerancia y el respeto a la diversidad. Fue suscrito, entre otros, por los presidentes del Senado, Cámara de Diputados y Corte Suprema, más autoridades académicas y religiosas, y por cierto representantes mapuches.

Las razones argumentadas por los empresarios para esta actitud fueron diversas, pero entre otras cosas se debería a que no les gusta la actitud adoptada por las autoridades los últimos meses para resguardar sus intereses de los ataques en la zona sur.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Felipe Lamarca, quien participó de la ceremonia, indicó que el único pacto que rige la vida ciudadana en Chile es la Constitución Política, la cual consigna tanto los derechos como deberes.

Más allá de esto, reconoció que se hizo un análisis interno en los gremios donde no fueron bien recibidos algunos párrafos que consignaba este documento - aunque no precisó cuáles- , lo que fue compartido por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía.

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de la Madera (Corma), Juan Eduardo Correa, manifestó que la inasistencia de representantes de dicha entidad a la firma del pacto se debió a que no fueron invitados por la autoridad.

Puntualizó que lo anterior es interpretado por la Corma como el convencimiento de parte de la autoridad de que el conflicto mapuche tiene como protagonistas al Gobierno por un lado y a la etnia, por otro, contexto en el cual los empresarios forestales sólo han sido las víctimas de los hechos de violencia desencadenados.

Ante esta situación, el titular del Ministerio de Planificación y Cooperación, Germán Quintana, señaló que "los que no quisieron firmar desperdiciaron una gran oportunidad de, en conjunto con dirigentes indígenas, llegar a un acuerdo de paz, diálogo, respeto y no discriminación".

Durante el acto - que se prolongó por más de una hora y media- , hablaron los cinco consejeros mapuches pertenecientes a la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que pertenecen a diversos partidos políticos.

Juan Huenupi resaltó la participación del pueblo mapuche en la recuperación de la democracia, mientras que Beatriz Painequeo destacó el hecho de que la mayor parte de los mapuches respeta la institucionalidad existente.

Uno de los discursos más aplaudidos fue el de Francisco Chodiman, quien indicó que lucharán por recuperar sus tierras, y que los problemas existentes no se arreglan aplicando la Ley de Seguridad, aunque posteriormente el ministro Raúl Troncoso dijo que ello no está descartado.

Respuesta a Demandas Mapuches

Desde el próximo semestre hasta el año 2002 se invertirán $140 mil millones en diversos ámbitos que favorecerán específicamente a comunidades mapuches de las regiones VIII, IX y X.

Agricultura:

*Para los deudores morosos de créditos Indap de hasta $300 mil, se condonará hasta el 50% de la deuda. En el caso de los no morosos, podrán reprogramar hasta el 50% de la deuda en un plazo mayor.

*Para casos específicos de deudores indígenas (ancianidad, invalidez, enfermedades graves) se podrá condonar los créditos hasta un 100%.

Tierras:

*Solución en un plazo de dos años de demandas pendientes de tierras formalizadas por Conadi hasta 1997.

*Estudio de un nuevo mecanismo para la adquisición futura de tierras que supere deficiencias que existen actualmente.

* Subsidios por $1.200 millones para familias mapuches jóvenes durante este año y otros $2 mil millones el próximo.

Educación:

* Aumento de becas indígenas de 13.800 a 18 mil para el próximo año.

* Concurso especial del Fondo de Infraestructura Educacional para el 2000 por un monto de $5 mil millones, para incorporar 154 establecimientos a jornada escolar completa.

Demanda por Infraestructura:

Soluciones:

* Construcción de 800 kilómetros de red vial de caminos vecinales de comunidades hasta el 2002.

* Concurso especial de riego para comunidades por $1.700 millones, y un programa especial de agua potable rural.

* Programa habitacional para otorgar 600 subsidios en dos años (IX Región) y mejorar 400 viviendas rurales (VIII y IX Región).
 
 


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