Santiago de Chile, Viernes 1 de Septiembre de 2000

DE LA ˜TOMA˜ A LO PROPIO.-

Ley Indígena En Apuros
 

Desde 1993, este cuerpo legal pretende "discriminación positiva" hacia las etnias, pero las demandas sobrepasan su capacidad de respuesta. Faltan recursos.

Por Nieves Aravena

Hace un año y nueve meses que, frente a Ahumada 48, donde funciona el Ministerio de Planificación (Mideplán), se oye el retumbar de un kultrún.

No hay tregua para los oficinistas ni para quienes cada día caminan por ahí. Un grupo de mapuches, con sus atuendos típicos, se turna para tocar el instrumento, sin dejar que el sonido monocorde se detenga.

Pertenecen a la Coordinadora Mapuche Metropolitana, que denuncia "la usurpación de tierras" en Ralco, Alto Biobío. A quien pregunte lo tratan de convencer de que no son chilenos, sino "mapuches prisioneros del Estado".

Desde los edificios les arrojan agua, cigarrillos encendidos e incluso algunos al pasar les gritan "indios de mierda", cuentan. Pero ellos, imperturbables, siguen ahí.

La municipalidad los quiso sacar y no pudo. Todo este tiempo los ha dejado expresarse, como una forma de "discriminación positiva".

Ese mismo concepto fue el que bajo el gobierno de Patricio Aylwin sirvió de argumento para formular la Ley Indígena (19.253), promulgada a fines de septiembre de 1993.

A través de ese marco legal, el Estado intenta reparar "una deuda histórica" - según se la definió- y junto con reconocer a los descendientes de los pueblos precolombinos y su cultura, les otorga derechos y beneficios en un tratodiferenciado del resto del país.

Han pasado poco más de seis años desde entonces y la tierra, definida en el cuerpo legal como "el fundamento principal" de la existencia y cultura de los pueblos indígenas, ha concentrado el accionar de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), organismo fiscal cuya dirección nacional funciona en Temuco.

Esta entidad, con oficinas en el norte y el sur, es la que acredita la calidad de indígena, lleva el registro de las comunidades, otorga los subsidios y recepciona las demandas por tierras.

Con Derechos
Para ejercer los derechos que la ley otorga a cada indígena, es necesario que éste demuestre la calidad de tal y para eso hay varias posibilidades. Lo son, según el texto legal, aquellos hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su filiación, inclusive la adoptiva, y los descendientes de las etnias que habitan el territorio nacional y que posean a lo menos un apellido indígena.

Si se tiene apellido no indígena se puede escarbar en el árbol genealógico por generaciones. Y además, están aquellos que mantienen rasgos culturales de alguna etnia, como la práctica de sus formas de vida, costumbres o religión de modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena.

El artículo 3.o de la ley señala que esta calidad podrá acreditarse mediante un certificado otorgado por la Conadi. Según el organismo, cerca de 2.500 de estos documentos se entregan al año (no da la cifra global acumulada), y se asegura que nunca nadie ha intentado obtener esa calificación con antecedentes falsos.

Dentro de las comunidades sí hay casos de "huincas" (no mapuches) que han conseguido beneficios como becas y también asignación de tierras, según lo confirma el "guelmen" (asesor) de la Junta de Caciques del Butahuillimapu (de la X Región), Jorge Cheuquián. "Estamos mezclados y hay personas no indígenas que viven por años en el campo junto a las comunidades, que se identifican con la cultura mapuche, sus comidas y sus costumbres. Si es alguien aceptado por la comunidad, también puede recibir los beneficios. La ley así lo permite".

Respuesta Sobrepasada
Desde que se creó la Conadi, dependiente del Mideplán, a partir de 1994 el organismo ha comprado, tras acuerdo con privados, 31.411 hectáreas de terrenos en conflicto para 5.316 familias reclamantes, con derechos ancestrales sobre ellos.

Además, se han otorgado subsidios ($3.700 millones) a 665 familias, mapuches en su mayoría, para adquirir otras 4.400 hás. Y el fisco, ha cedido 90 mil 800 hás. para 2.064 familias indígenas, según datos de Conadi, aunque Bienes Nacionales informa que son 72.236 hás.

La suma de Conadi da 126.600 hás. en total. Son "tierras indígenas", con prohibición de enajenarlas, y están en manos de comunidades mapuches de la VIII, IX y X Región y que cobijan la mayor cantidad de requerimientos. Tantos, que sólo se han entregado 500 hás. para etnias del extremo norte (aimaras) y del sur (yámanas).

El director nacional de Conadi, Edgardo Lienlaf, reconoce que las peticiones territoriales crecen y la cobertura es mínima. Por eso, estima que está lejos el día en que esta asignación legal (con $8.300 millones para este año) se termine.

De hecho, ratifica que cada día ingresan nuevas solicitudes para que el fisco compre predios en conflicto. "La demanda documentada en Conadi es de alrededor de 120 mil hás. a la fecha. Existen tres mil comunidades territoriales entre las regiones VIII y X. Considerando que sólo se han abordado 112 casos (31.411 hás), estamos lejos de satisfacer la demanda actual y potencial de las comunidades. Eso significa que los recursos actuales del fondo no son suficientes para cubrirla", sostiene Lienlaf.

No se incluyen en ese listado las soluciones exigidas por sectores más radicalizados que promueven "tomas" de predios agrícolas y forestales, donde se inscriben el Consejo de Todas las Tierras de Aucán Huilcamán, y la Coordinadora Arauco-Malleco en la IX Región. Sólo esta última exige la entrega inmediata de 200 mil hás. para sentarse a negociar sobre el tema.

Este año Conadi contempla entregar 22 mil hás. en todo el país, de las cuales 16 mil son predios fiscales de la X Región. Corresponde a la primera parte de las 150 mil hás. comprometidas por el actual Gobierno en seis años.

Para Hilario Huirilef, elegido por las comunidades de la IX Región para integrar el Consejo Nacional de la Conadi, las soluciones de tierras dadas "no son gracias a la ley sino a la presión ejercida y a la voluntad política del Ejecutivo".

A su juicio, no hay mucha diferencia con ley o sin ella, porque "si bien puede ser positiva desde el punto de vista jurídico, es una bonita letra muerta, en la práctica" y, al respecto, ejemplifica que la central hidroeléctrica Ralco se aprobó sobre un territorio ya reconocido como indígena, y la ruta costera avanzó sin miramientos por la zona.

Huirilef explica que él podría ser sumiso y alabar la ley, pero optó por hacer presente lo que piensan los "peñis" (hermanos) de las comunidades en el consejo. En ese sentido, advierte que se prometió al pueblo mapuche 150 mil hás. "y ahora se está diciendo 100 mil en el norte y 50 mil en el sur. Si ocurre será un error garrafal y surgirá un retroceso y un gran conflicto en esta zona", advierte.

Aunque reconoce que el proceso no avanza por falta de recursos, calcula que con un millón de hás. la demanda quedaría satisfecha. Esto es equivalente a un tercio de la superficie de la IX Región.

Algo Más que Tierras
Para el sociólogo Eugenio Guzmán, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, históricamente ha habido de parte del Estado una actitud pasiva y un enfoque paternalista hacia estos grupos, lo que no ha cambiado con esta nueva ley.

"Es un mito pensar que algún cuerpo legal, incluida la legislación actual, haya resuelto el problema. Incluso la idea de que para conservar las tradiciones se prohibieran las venta de tierras, no ha impedido el empobrecimiento de las comunidades", opina.

A su juicio, el problema se ha ideologizado por la acción de grupos más radicales, que no representan a más del 3% de las comunidades, y que reclaman la restitución de tierras y su autonomía, en lo que cuentan, afirma, con apoyo internacional.

Si se quisiera dar solución a través de la tesis de la "deuda histórica" en materia de tierras, Guzmán observa que habría que pensar en dos millones de hás. y al ritmo actual, el proceso tomaría unos cien años.

Por eso, añade, devolver territorio no puede ser el énfasis para el Estado, sino dar herramientas efectivas para que las comunidades superen sus condiciones de pobreza.

La preocupación por la situación socioeconómica existe, aclara la Conadi, y a ello apunta la elaboración de un proyecto integral en que la entrega de tierras se asocie con la generación de capital de trabajo a las familias y grupos beneficiados.

A las comunidades huilliches de la Junta de Caciques de la X Región les urge que se creen las áreas de desarrollo indígena de su zona (Panguipulli, Lago Ranco, San Juan de la Costa y Chiloé), se invierta en ellas y se generen proyectos productivos. Llevan años de espera también para tener el prometido mercado de productos artesanales y hortícolas en Osorno.

Cheuquián afirma que hay que recuperar la idea de un referente nacional de los pueblos indígenas para plantarse frente al Gobierno "con una sola voz".

Pero el consejero Huirilef opina que es una fortaleza tener varios caminos, sin descalificarse unos a otros como ha sido hasta ahora. "La lucha de los pueblos indígenas nunca ha sido de una sola línea. No es posible que estemos todos en la misma mesa. Esa fue la ventaja de nuestros antepasados. Podemos estar en la Conadi, en un partido, en una comisión. Si unos fallan, los otros siguen".


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