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Santiago de Chile, Domingo 27 de Agosto de 2000
Conflicto ante Mapuches Condenados ¿Las Sentencias Se Cumplen o Se Negocian?

Existe un veredicto de los tribunales, cuyos efectos La Moneda busca reparar a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para algunos es perfectamente legítimo que reconozca una jurisdicción externa; para otros, perfectamente inconstitucional.
 

Por PILAR MOLINA A.

LA semana se inició con un nuevo atentado indígena armado contra trabajadores de una forestal en Collipulli. El saldo, cuatro heridos, en la misma localidad donde en febrero pasado otros tres empleados de la misma empresa fueron emboscados y se les prendió fuego. Sólo en los últimos tres años suman más de cien las acciones de violencia indígena en las regiones de a Araucanía y del Biobío.

Las sentencias respecto de estos conflictos se cuentan con los dedos de una mano. Una de las pocas fue la que se dictó en 1996, que condenó a multas y presidio remitido a un grupo de 144 indígenas por asociación ilícita, tomas ilegales ocurridas en 1992 y, entre otros delitos, abigeato (robo de animales). El requerimiento, por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo presentó el gobierno de la época y el fallo del ministro en visita fue confirmado después por la Corte de Apelaciones de Temuco. La sentencia se consideró ejecutoriada, porque los mapuches presentaron fuera de plazo un último recurso ante la Corte Suprema.

El dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, uno de los condenados por su participación en estos hechos, y que se desempeñaba entonces como observador de las Naciones Unidas ante el proceso de paz del gobierno guatemalteco con la guerrilla, anunció en 1996 que llevarían la disputa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Chile ratificó en 1991 la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que le permite a cualquier persona que sienta que ha habido denegación de justicia en los derechos que establece esta Convención demandar al Estado. Incluso por fallos judiciales. La demanda se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión), que actuando como fiscalía, trata de lograr un acuerdo amistoso. Y en caso contrario, pasa los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte), que al final puede condenar al Estado y exigirle pagar cuantiosas indemnizaciones a los afectados.

La Comisión acogió el reclamo indígena que no había habido un debido proceso y el gobierno chileno, bajo la administración de Frei (octubre de 1998), se comprometió ante este organismo a hacer los "esfuerzos materiales y simbólicos" para restablecer el buen nombre y dignidad de los afectados en un acuerdo de cuatro puntos que contempla reparación moral, económica y territorial de los afectados. Tratando de apurar la decisión que heredó la administración de Lagos, Huilcamán señaló este mes que estaba sosteniendo conversaciones privadas con el gobierno para establecer los mecanismos de compensación: entrega de tierras a las 15 comunidades que participaron en los conflictos del 92 y el pago de una cantidad de dinero (cercana a los 200 millones de pesos) en concepto de daños morales.

La ministra de Mideplán, Alejandra Krauss, reconoció que ya había habido traspaso de tierras a comuneros "injustamente" condenados y precisó que la "propuesta" (no el acuerdo) que se había firmado ante la Comisión no compromete determinadas sumas de dinero. Admitió, a su vez, que para limpiar los antecedentes penales de los mapuches condenados se considera la posibilidad de dictar una amnistía que podría alcanzar a todos los indígenas involucrados en procesos judiciales que no constituyan hechos de violencia.

Para el dirigente Huilcamán, el plazo perentorio que tiene el gobierno para llegar a acuerdo con los que se convirtieron en "víctimas" de nuestro poder judicial es octubre. Expirado, procederán a retirarse del convenio amistoso firmado con las autoridades por incumplimiento y el paso siguiente sería que la Comisión pase los antecedentes a la Corte. La única demanda que ésta tramita contra el Estado chileno también se originó en otro fallo del poder judicial: el rechazo de la Corte Suprema a que se exhiba comercialmente en Chile "La Ultima Tentación de Cristo".

Procede o no procede

Después de la relación de los hechos, la pregunta obvia es si corresponde que el gobierno reconozca una jurisdicción externa - la de la Comisión- cuando existe en Chile una sentencia judicial ejecutoriada, aunque se esgrima que en este caso hubo incumplimiento de normas procesales en primera instancia por el ministro en visita. Aquí surgen dos vertientes disímiles casi totalmente.

Para Máximo Pacheco - el único chileno que integra la Corte, como su vicepresidente y que se refiere sólo en términos globales al tema- , el Pacto de San José de Costa Rica está al mismo nivel de la Constitución y al suscribirlo, Chile limitó su soberanía. Por ende, al gobierno no le queda otra que negociar o se arriesga a ser condenado por la Corte, que tiene jurisdicción para ello.

Lo mismo piensa el ex ministro de Justicia y constitucionalista Francisco Cumplido. Explica que una vez acogido el reclamo por la Comisión - lo que supone agotada la vía interna- La Moneda tenía que evaluar si defendía la validez de las razones de la condena por el poder judicial chileno o si, considerando débil esa posición, entraba a negociar una salida, que es por lo que optó en octubre del 98.

Frente a si la Comisión y la Corte tienen competencia para modificar una sentencia de los tribunales chilenos, aclara que "no modifican sentencias, sino que reconocen un reclamo a raíz de un fallo judicial que estiman que infringió los derechos asegurados por la Convención, y hacen recomendaciones al gobierno que si no cumple, se transforma en una condena y un pago de indemnización".

Para Cumplido - como para otros constitucionalistas en su línea- no se plantea ningún problema de competencia, porque Chile al firmar la Convención o el Pacto de San José de Costa Rica, se sujetó a un ordenamiento internacional que tiene que cumplir . "En este tratado está establecida expresamente la competencia de la Comisión y de la Corte para conocer las violaciones a los derechos humanos que él asegura". Y añade que no es absurdo que un fallo de nuestros tribunales pueda no ser reconocido como suficiente en el contexto de la legislación internacional que es más estricta.

Al otro lado del espectro, Arturo Fermandois opina que "desde el punto de vista constitucional no resiste análisis la revisión de las sentencias judiciales por otros órganos". Explica que el artículo 73 de la Constitución es muy duro en cuanto a establecer la independencia de los tribunales y que nadie, ni siquiera por ley puede revisar el contenido de las resoluciones judiciales o hacer revivir procesos fenecidos".

Para este constitucionalista, el hecho de que el gobierno esté negociando con los indígenas afectados, a pesar de existir una sentencia judicial, es inconstitucional. "Lo es por la vía de la discriminación arbitraria - porque está respondiendo a la presión de un grupo de interés en desmedro de otros- y porque al pretender compensarlos económicamente y al limpiarles los antecedentes, está desconociendo lo establecido por los tribunales".

Para Fermandois es nítido, los tratados internacionales deben someterse a la Constitución y ésta reconoce como máximo organismo jurisdiccional a la Corte Suprema y a ningún otro.

"No puede haber una sentencia que se pretenda aplicar en Chile a sujetos de derecho privado, como son todos sus ciudadanos, que desconozca o contraríe lo resuelto por la Corte Suprema", afirma Fermandois.

Y aquí está la diferencia con otros constitucionalistas, quienes consideran que aunque el Código Rector no reconozca explícitamente ninguna cesión de soberanía en favor de organizaciones internacionales, con la reforma del 89 (artículo 5.o, N.o2) les dio rango constitucional a los tratados internacionales, lo que les permite modificar la Constitución y reconocer soberanías extranjeras.

Francisco Cumplido descarta que haya actualmente un conflicto de competencia que exija hacer una reforma constitucional. "Es en virtud del ejercicio de la soberanía que el Presidente y el Congreso pueden aprobar un tratado que signifique un reconocimiento de jurisdicción a organismos internacionales o comunitarios", refiere.

Y considera que haber firmado la Convención significó un reconocimiento de la competencia de su Corte. Para Sergio Diez, en cambio, presidente de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, cuando se suscribió "no comprendía la revisión de fallos judiciales argumentando asuntos de derechos humanos".

El giro a futuro

Y en el área de la potestad afectada, la de los tribunales, por la intervención del gobierno frente al fallo judicial que condenó a los 144 indígenas, el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Julio Grandón - quien tiene procesados a mapuches por dos causas- señaló a "La Segunda", en términos muy generales, que las sentencias son para cumplirlas y que no sabía por qué un acuerdo político va a resolver una situación ya fallada por los tribunales. "Eso sentaría un muy mal precedente", expresó. Cualquier conflicto de carácter jurisdiccional corresponde obviamente a la Corte Suprema, pero no lo ha analizado en ningún pleno y tampoco ha sido requerida a resolverlo a través de una presentación concreta que le permita actuar.

No es resorte del Tribunal Constitucional, que ni siquiera ejerce un control preventivo sobre los tratados, para decidir si armonizan o no con nuestra Carta Fundamental. Desde que entró en operación el 81, los parlamentarios han requerido el pronunciamiento de esta entidad respecto a cuatro o cinco asuntos de tratados internacionales, cuando en los últimos nueve años (90-99) se calcula que Chile ha firmado cerca de 400, de la más variada índole.

Su presidente y miembro de la Corte Suprema, Osvaldo Faúndez - quien no ha estudiado el tema, asegura- , opina en términos muy globales que "indudablemente no es procedente" que una sentencia ejecutoriada sea revisada por un organismo exterior. Sin referirse a los casos concretos que esgrimimos, añade que frente a un roce con la legislación internacional o tratados, "la ley interna es la que impera, porque nuestro régimen constitucional es el manto que cubre la normativa general que tiene el país".

Y hace hincapié que, de otra forma, sería muy fácil modificar por la vía de los tratados las leyes orgánicas e interpretativas, y hasta la Constitución, lo cual facilita el hecho que hasta ahora todos los tratados hayan sido aprobados con el quórum de leyes simples, aunque modifiquen o afecten normativas orgánicas constitucionales.

El último fallo del Tribunal Constitucional, sin embargo, del 4 de este mes, innova la situación. Pronunciándose respecto al Convenio sobre Pueblos Indígenas de la OIT que aprobó la Cámara de Diputados, establece que en adelante el Congreso deberá aprobar los tratados con los quórum respectivos de las normas que afectan y que si no se obtiene la votación que una determinada norma exige, el texto completo se entenderá rechazado. Ello, porque de acuerdo al artículo 50 de la Constitución, el Parlamento no tiene facultad para modificar los tratados (lo que sería eliminar una norma que no obtuvo el quórum o por inconstitucional), sino que sólo puede aprobarlos o rechazarlos como un todo.

Evitar el choque

Pero hay un relativo consenso en que actualmente no hay una clara armonía entre nuestro diseño constitucional frente a la proliferación de tribunales presuntamente competentes para pronunciarse sobre hechos internos. Hay que recordar que a propósito de la detención del general Pinochet en Londres, quedó pendiente si cualquier tribunal nacional puede arrogarse jurisdicción para juzgar los casos de tortura ocurridos en otro Estado y donde la víctimas y victimarios no pertenecen al país que quiere tomar la justicia en sus manos, invocando el Tratado contra la Tortura de las Naciones Unidas.

El problema, se admite, se va a presentar en Chile al momento en que una de esas instancias, como la Corte Interamericana, condene al Estado, ya sea por este caso mapuche o la película prohibida.

Allí será la Corte Suprema la llamada a ejecutar la resolución en Chile, donde no está claro si aplicará el cumplimiento de la sentencia extranjera o se negará a hacerlo si interpreta, por ejemplo, que pasa por encima de una sentencia ejecutoriada dictada en el país.

Y aquí se presentará el riesgo del incumplimiento, que como sea, será incómodo para Chile. Luego que la Corte condenara al Estado peruano porque no hubo un debido proceso con cuatro chilenos condenados el 94 por terrorismo, el Congreso aprobó por amplia mayoría en agosto del año pasado una resolución que desconoce la competencia contenciosa, aceptando sólo la consultiva, de dicho tribunal que depende de la OEA. Pero la decisión colocó a Perú casi al margen del sistema interamericano.

Según el abogado Jorge Reyes el problema se planteará antes o después, porque aunque Chile haya suscrito tratados que entreguen competencias, no hay cómo reconocerlas en el país. Reyes, quien defendió la prohibición de exhibir "La Ultima Tentación de Cristo" en los tribunales de Santiago y que sigue el caso en la Corte Interamericana, explica que la Constitución no reconoce otras autoridades soberanas que el pueblo y "las autoridades que esta Constitución establece" (artículo 5), donde no figura ningún organismo extranjero. Y añade que para transferir soberanía a entes internacionales habría que modificar expresamente la Carta Fundamental.

Es lo que han hecho diversas naciones europeas para integrarse a su organización común. Y más cercano está el ejemplo de Argentina, que modificó su Constitución el 94 para permitir "aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales".

Admitiendo, a su vez, Cumplido, que puede producirse un problema al momento que corresponda hacer cumplir un fallo exterior contrario al Estado, se inclina por aclarar el asunto "incorporando a la Constitución un capítulo que reconozca específicamente competencia de organismos extranjeros o que determinados tratados, que comprenden esa delegación, sean aprobados por plebiscitos".

Fermandois, a su vez, reconoce que si no es la vía interpretativa la que devuelva armonía a nuestro sistema constitucional frente a las nuevas competencias externas, el gobierno tendrá que emprender reformas que hagan compatibles los tratados que producen problemas con el sistema jerárquico constitucional interno. Explica que "es responsabilidad del Estado chileno haber firmado tratados que reconocen jurisdicción a tribunales cuyas resoluciones no podrán cumplirse en Chile".

Pareciera ser que este es un debate en el que antes o después se tendrá que sumergir el país, tomando en cuenta que ni los parlamentarios tienen claro el alcance de las jurisdicciones que han reconocido junto con los tratados que han firmado. Que hay un problema... lo hay


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