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Santiago de Chile, Martes 8 de Agosto de 2000
MINISTRA DE PLANIFICACION, ALEJANDRA KRAUSS:
"Jamás Vamos a Amnistiar Delitos Graves"

Gobierno se tomará "todo el tiempo que sea necesario" para hallar la fórmula que permita responder al compromiso de "limpiar" antecedentes de 144 mapuches condenados por hechos ocurridos en 1992.
 

A casi dos años de haber suscrito un "preacuerdo amistoso" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de Chile sigue analizando de qué forma dará cumplimiento al compromiso de "limpiar" los antecedentes penales de 144 mapuches condenados por asociación ilícita y usurpación de tierras a raíz de hechos ocurridos en 1992.

Ante la imposibilidad de utilizar la figura del indulto - por tratarse de un mecanismo que sólo remite o conmuta la pena- , una de las opciones que analiza el Ejecutivo es elaborar un proyecto de ley de amnistía, ya que esta modalidad, además de extinguir completamente la pena, acaba con sus efectos.

Así, el Gobierno daría cumplimiento al preacuerdo amistoso suscrito en Washington en octubre de 1998, el cual plantea que ya sea por la vía legal o administrativa se eliminen los antecedentes penales que afectan a los inculpados.

El mecanismo definitivo que pondrá término a esta tarea pendiente aún es objeto de conversaciones entre los ministerios de Relaciones Exteriores y Planificación y los abogados de los indígenas, estos últimos liderados por Roberto Celedón.

La Ministra de Planificación, Alejandra Krauss, advirtió que este compromiso se circunscribe exclusivamente a los 144 mapuches - entre ellos Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas Las Tierras- condenados por los hechos ocurridos en 1992 y que bajo ninguna circunstancia se extenderá a hechos ocurridos con posterioridad o que involucren delitos graves contra las personas.

"Jamás vamos a amnistiar o realizar alguna gestión en relación a personas que hayan violentado el Estado de Derecho con delitos de gravedad contra la vida o integridad de las personas", explicó Krauss, aludiendo a los múltiples atentados ocurridos después de 1992 en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Si bien Huilcamán sostiene que Chile debe cumplir lo acordado antes de octubre próximo, la titular de Mideplan aseguró que el Gobierno no se ha fijado un plazo determinado, ya que por tratarse de un tema con implicancias jurídicas y legales se tomará todo el tiempo necesario, "aunque con la agilidad y eficiencia del caso".

El Gobierno de Chile suscribió en octubre de 1998 una propuesta de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de responder a demandas originadas por tres jóvenes que estuvieron encarcelados durante cinco años por un crimen que no cometieron (el llamado caso "La Calchona") y por 144 mapuches condenados por asociación ilícita y usurpación de tierras.

Según el texto del acuerdo suscrito en Washington, y que lleva la firma de Alejandro Salinas - entonces encargado de Derechos Humanos de la Cancillería- , "el Estado, en el afán de restablecer la dignidad de las personas afectadas, estudiaría la posibilidad de que mediante la vía administrativa o legal se eliminen los registros que afectan a los inculpados de los delitos de usurpación, asociación ilícita, abigeatos y otros, establecidos en el proceso penal".

Para lograr la eliminación automática de tales antecedentes los indígenas deben firmar voluntariamente, durante dos años, ante el Patronato de Reos, siempre y cuando hayan cumplido con la pena impuesta ante la justicia.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los 144 aludidos ha cumplido las penas que, en términos globales, varían entre 60 y 541 días de presidio remitido


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