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Lunes 18 de Octubre de 1999

Particulares solicitan derechos
Surge disputa por el
agua en el Alto Biobío

El Alto Biobío se ha convertido en el escenario para una nueva disputa que involucra a las comunidades pehuenches. Esta vez no se trata de propiedad de tierras, sino del agua.

El mes pasado las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán solicitaron parte de los derechos de agua que requiere la central hidroeléctrica Ralco, que no habían sido inscritos por Endesa, que inmediatamente se opuso a ello.

Luego dos particulares, Cristián Ricardo Muñoz Carmona y Jorge Venegas Martínez, en representación de la sociedad Geo-Tec, pidieron derechos de agua en los ríos Queuco, Nirrihueco y otro tributario, sin nombre, por un total de 450 litros por segundo.

Al respecto el gobernador de Biobío, Juan Carlos Coronata, señaló que los derechos de agua deben ser propiedad de las comunidades pehuenches que habitan el sector y calificó de una "frescura" las peticiones de particulares.

Consultado el director regional de Aguas, Ramón Daza, señaló que ese servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas, tiene la obligación legal de acoger a trámite todas las solicitudes que reciba, según lo establece el Código de Aguas de 1981.

Este cuerpo legal señala que la Dirección General de Aguas (DGA) constituirá el derecho de agua en favor de un particular cuando aconcurran tres requisitos indispensables. Estos son: que la solicitud sea legalmente procedente, es decir, que debe contener ciertos datos que permitan identificar sin dudas lo que se está solicitando.

Segundo, que exista disponibilidad de agua. Ello significa -explicó Daza- que se debe determinar el agua existente en el cauce, descontando todos los derechos comprometidos (incluyendo el caudal mínimo ecológico) y si queda un saldo libre habría disponibilidad.

El tercer requisito es que no se afecten derechos de terceros, o sea, que no se vaya a contituir un derecho con cargo a otro ya existente.

"Si concurren los tres requisitos la autoridad debe constituir el derecho", advirtió Daza, sin que existan limitaciones, como un posible uso especulativo de esos derechos. Añadió que actualmente existe un proyecto de ley que modifica esta excesiva permisibilidad del Código que se encuentra hace varios años en tramitación en el Congreso.

La DGA, añadió, tramita en la Región del Biobío más de 450 solicitudes, todas las cuales son evaluadas según sus propios méritos.


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